Hay más denuncias de corrupción pública

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PABLO MELÉNDREZ

Los jueces y fiscales especializados en crimen organizado observan un aumento de los casos de corrupción pública. Solo en una de las sedes, las investigaciones por esas causas representan cerca del 50% del total de expedientes en trámite.

A pesar de que el Poder Judicial no tiene estadísticas sobre la cantidad de denuncias por hechos de corrupción y que los estudios internacionales sitúan a Uruguay como el segundo país menos corrupto de la región (detrás de Chile), la percepción de los operadores judiciales es que hay más indagatorias por este tipo de casos.

"Yo creo que las denuncias de corrupción han aumentado. De ahí a que haya delito o no es otra historia, pero denuncias hay bastantes", sostuvo el juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz.

De todos modos, el magistrado consideró que la cantidad de denuncias no puede ser tomado como un indicador objetivo, por cuanto "algunas son fundadas y otras no, porque hay gente que entiende que todo es corrupción".

Por su parte, la fiscal Mónica Ferrero, coincidió con Díaz en cuanto a que, en los últimos tiempos, ha aumentado la cantidad de denuncias por presuntos casos de corrupción.

"La gente denuncia por escrito en forma anónima, y también dentro del Ministerio del Interior", dijo la representante del Ministerio Público.

En tanto, la jueza Graciela Gatti indicó que no puede establecer si aumentaron o no las denuncias por corrupción, pero sí confirmó que hay "muchos expedientes" al respecto.

Gatti estimó que en su juzgado cerca del 50% del total de casos en trámite son por presuntos hechos de corrupción. "Los casos llegan por denuncias anónimas, otras son hechas por particulares y también casos que presentan las propias instituciones implicadas", dijo.

Mientras, el fiscal Ricardo Perciballe señaló que "buena parte" de su trabajo está centrado en indagatorias por presunta corrupción pública, sobre todo a nivel policial y en la Dirección de Casinos.

"Realmente, lo que a mí me llama la atención son las grandes inmoralidades que comete gente que gana muy bien y que se ensucia y se arriesga a perder la libertad y su trabajo", comentó Perciballe.

SEGUNDOS. De acuerdo con el último Índice de Percepción de Corrupción, un informe que anualmente elabora la organización Transparencia Internacional, Uruguay es el segundo país de América del Sur con menos problemas en materia de corrupción. El primer ubicado es Chile, según el estudio.

A nivel general, Uruguay se ubicó en el puesto 24 entre los 178 países evaluados por Transparencia Internacional, cuya sede está en Alemania.

En América del Sur, los peores ubicados en el ranking son Venezuela (que ocupa el último lugar en la región), Paraguay, Bolivia, Argentina y México, según el último informe dado a conocer a fines de 2010.

El ex senador nacionalista Alberto Zumarán, presidente de Uruguay Transparente, el capítulo local de Transparencia Internacional, dijo que "felizmente" la corrupción no es un problema grave en Uruguay, pero de todos modos reclamó normas duras al respecto.

"En general, nuestra legislación no es nada dura, sino más bien blanda. Creo que nos hemos pasado de blandos", consideró Zumarán.

SUFICIENTE. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep, conocida popularmente como Junta Anticorrupción) es el organismo oficial que recepciona las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y que, además, puede brindar asesoramiento a los jueces.

El presidente de la Jutep, José Pedro Montero, dijo que a nivel general hay conciencia de que la corrupción es un fenómeno de muy difícil erradicación, pero destacó que los medios legales que existen actualmente en Uruguay para investigar esos casos "son más que suficientes y la prueba está con el trabajo de los juzgados y fiscalías en crimen organizado".

49 Son las declaraciones juradas de funcionarios públicos que la Jutep abrió en 2010 por orden judicial. En 2009 habían sido 27.

El Parlamento tiene a estudio desde febrero un proyecto de ley de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que establece como delito el "enriquecimiento ilícito". La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Legislación del Senado pero que todavía no ha sido considerada, prevé una pena de entre los 18 meses y los seis años de prisión para el funcionario público que no pueda justificar "la procedencia de un significativo enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo". El presidente de la Jutep, José Pedro Montero, quien ocupa el cargo desde mayo, adelantó que a principios de 2012 el organismo enviará al Parlamento una nueva iniciativa que mejorará varios aspectos de la redacción del proyecto presentado.