De los 42 funcionarios del Inau que fueron citados a declarar, concurrieron ante el juez Jorge Díaz y la fiscal Mónica Ferrero en el día de hoy, 10 trabajadores. El motivo de la citación fue impedir en el mes de febrero el ingreso de menores en los hogares Desafío y Puertas, a raíz de la agresión que recibió un funcionario.
Carlos Salaverri, integrante del gremio del Inau, aseguró a EL PAIS digital que por ahora están declarando en calidad de testigos y que si el juez llega a dictaminar que hubo delito de "desacato" al incumplir la resolución judicial de internar a los menores en los hogares del organismo sería "gravísimo". "Nosotros estamos tranquilos porque la medida sindical no tiene implícito un delito de desacato; y esto es lo que fuimos a aclarar hoy", aseveró Salaverri.
Según informó a EL PAIS digital las preguntas que le realizó el juez a los trabajadores fueron en el sentido de si hubo una intención de desconocer la orden judicial y si las medidas adoptadas eran de carácter sindical.
Salaverri expresó que además se le explicó a las autoridades que con la medida adoptada se quería asegurar una buena atención porque fue tomada cuando la capacidad de los hogares estaba totalmente colmada.
Las citaciones continuarán hasta el próximo viernes, días durante los cuales deberán comparecer 32 funcionarios. Además, el juez y la representante del Ministerio Público evaluarán la posibilidad de citar a las autoridades del INAU.
Con motivo de la severa crisis desatada en los centros de internación, a fines de febrero renunció el director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), Mateo Méndez. Días después, el presidente Tabaré Vázquez removió al presidente del INAU, Víctor Giorgi, y designó en su lugar a la entonces diputada Nora Castro.
Desde el sindicato de funcionarios del INAU se ha anunciado que en caso que alguno de los trabajadores resulte procesado, se iniciará un conflicto con las autoridades del organismo.