Cuando era oposición el Frente Amplio trabajó codo a codo con diversas organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Ya en el gobierno comenzaron a surgir discrepancias y cortocircuitos. A la izquierda política le cuesta entender cómo la izquierda militante golpea donde más le duele: los derechos humanos.

El Frente Amplio se enfrenta desde el gobierno con sus viejas aliadas, las organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos con las que militó conjuntamente durante décadas y a las que, desde la oposición, apoyó y fortaleció en sus reclamos. Vistas desde el mostrador de la gestión de gobierno, su discurso para la izquierda ya no parece sonar tan amigable y justo.

"Cuando se han denunciado situaciones de violaciones a los derechos humanos la izquierda ha tratado de desmerecer esa crítica. Es una actitud de soberbia y hasta cierta prepotencia, como si la izquierda por ser izquierda no pudiera cometer abusos o violar derechos humanos", dijo Juan Fumeiro a El País, integrante del Comité de los Derechos del Niño. Esta ONG, junto a otras treinta, ha encabezado las denuncias por maltrato a menores infractores en el Sistema de Responsabilidad Penal (Sirpa) del INAU y ha reclamado la renuncia de su director, Ruben Villaverde.

Por su parte Ignacio Errandonea, vocero de Familiares de Detenidos Desaparecidos, cuestionó la falta de "decisión política" en este período de gobierno para investigar los hechos ocurridos en dictadura y aludió a una reunión mantenida en septiembre con el secretario del ministro Fernández Huidobro por temas vinculados a las excavaciones y los archivos de las Fuerzas Armadas sobre los que reclama acceso. "Se comprometieron a darnos una respuesta pero todavía la estamos esperando", afirmó.

En tanto Crysol, la Asociación de Expresos Políticos del Uruguay, acusa directamente a Fernández Huidobro de "obstaculizar" las investigaciones, para lo que puso ejemplos concretos, al tiempo que recordó que el presidente José Mujica prometió recibirlos pero nunca lo hizo. "Tuvo tiempo para visitar al general (Miguel) Dalmao en el Hospital Militar pero no para hablar con los compañeros", afirmó a El País el presidente de la organización, Baldemar Tarocco.

Las organizaciones pegan a la izquierda por donde más duele. El enfrentamiento entre Serpaj y Huidobro detonó porque la primera acusó al ministro de ocultar información sobre lo ocurrido en dictadura con los detenidos desaparecidos. Fernández Huidobro reaccionó acusando a Serpaj de estar integrada por "imbéciles" y poniendo en tela de juicio su fuente de financiamiento.

"Es la misma gente que organizó la primavera árabe, que estuvo atrás de las revueltas en Ucrania. Se busca la división y atrás de eso hay grupos nazis más viejos que Hitler", disparó el ministro Huidobro, quien ha sido confirmado en el cargo por el futuro presidente Tabaré Vázquez.

Fumeiro reivindicó el trabajo realizado por el Comité de los Derechos del Niño a la hora de denunciar la situación de reclusión de los menores infractores en el Sirpa.

"Las denuncias que hicimos fueron negadas por las propias autoridades y, sin embargo, en la órbita judicial fueron totalmente confirmadas. Hubo gente que terminó procesada por el delito de tortura. La Justicia probó lo que denunciamos cuando desde la propia Institución del INAU se negaba", explicó.

Fumeiro calificó la relación con las autoridades del Sirpa y con su director Villaverde como "tensa" porque "siempre actuaron con soberbia y no han sido abiertos a nuestros planteos y denuncias".

Anunció que le pedirán una reunión a la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, para "dialogar sobre las políticas que sobre menores infractores quiere implementar".

También cuestionó a Fernández Huidobro. "Las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos venimos observando desde hace tiempo con preocupación las actitudes del ministro Huidobro. Ha criticado a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un baluarte en esa lucha por el respeto a los derechos humanos, al que en dictadura recurrían las personas que eran perseguidas por la dictadura o sufrían sus torturas. Parece que algunos se han olvidado lo que vivieron", lamentó.

"Muchas veces el ejercicio del gobierno aleja a la gente del trabajo en el llano. Allí es donde están las organizaciones sociales y parece no gustar cuando opinamos. Nosotros no estamos para medir costos políticos. Cuando presentamos el informe ante la Organización Mundial contra la Tortura se nos cuestionó, se dijo que era inoportuno porque estábamos en vísperas de una campaña electoral. Eso para nosotros es un disparate, no puede primar una campaña política por sobre las denuncias de derechos humanos", dijo Fumeiro.

Errandonea, en tanto, consideró que en el gobierno de Mujica hubo una continuidad en materia de búsqueda de restos de desaparecidos, cuyo comienzo situó en la Comisión para la Paz que creó Jorge Batlle y el énfasis puesto por Tabaré Vázquez en el primer gobierno del Frente Amplio.

"La Secretaría que trabaja los temas del pasado reciente sigue funcionando, han habido excavaciones y hallazgo de restos y se indaga en los archivos de la dictadura. Sin embargo, creemos que no se ha hecho todo lo posible a la hora de profundizar en la investigación. Las causas están paralizadas, ya no hay procesamientos y el Ministerio de Defensa no colabora cuando se le pide que abra los archivos de la Fuerzas Armadas", sostuvo.

Errandonea reclama que el gobierno tenga una posición firme ante las Fuerzas Armadas para que "asuman lo ocurrido en dictadura" y sometan a tribunales de honor a los militares procesados por la Justicia. "Sería una forma de que se pronuncien sobre lo ocurrido. Pero nadie le exige eso a las Fuerzas Armadas. No hay voluntad política para hacerlo", afirmó.

Familiares también critica que el Ministerio apela a evasivas cuando se le pide acceso a los archivos de la dictadura.

"Nosotros queremos tener acceso a los archivos de los cuarteles, de Inteligencia Militar, etc. Pero la respuesta siempre es dilatoria. No nos dicen que no pero tampoco nos dicen que sí. Tuvimos una reunión con Mujica cuando asumió y otra este año y siempre la respuesta es positiva pero luego no pasa nada. Nos dice que sí pero los archivos no aparecen. Falta información y esos archivos pueden ser la clave para armar un rompecabezas", dijo.

Recordó que en septiembre se reunió con Roberto Caballero, secretario del ministro Huidobro. "Le hicimos el planteo y nos dijo que lo trasladaba y nos respondía rápidamente. Todavía estamos esperando esa respuesta", lamentó Errandonea.

"Es muy paradójico. Por un lado el gobierno y el Frente Amplio tienen el discurso firme en avanzar en el tema desaparecidos y justicia y luego chocamos con todo este secretismo que rodea lo ocurrido", opinó. Anunció que Familiares le pedirá una reunión a Tabaré Vázquez antes de que asuma el próximo 1° de marzo para trasmitirle su parecer sobre el tema.

Crysol, en tanto, afirma que con Mujica el relacionamiento ha sido "más difícil" que con Vázquez. Y acusa a Fernández Huidobro de "trancar todo lo que ha podido" las investigaciones vinculadas a los hechos de la dictadura.

"Esperábamos que fuera al revés pero nos equivocamos. Dialogar con Mujica no ha sido posible. Y Huidobro ha sido quien ha obstaculizado todos los pasos para investigar. Ha trancado todo lo que ha podido. Nosotros criticamos a Huidobro pero en realidad creemos que esta es la política del Frente Amplio en la materia y no podemos personalizar en el ministro. El Ministerio ha cerrado todo acceso a los archivos. En una reunión me dijeron que había 400.000 expedientes del Hospital Militar vinculados a la dictadura pero no dejan que los veamos. Nuestros investigadores acceden a los archivos del Parlamento y del Ministerio del Interior pero en Defensa todo se cierra", dijo.

Crysol también cuestiona al presidente Mujica porque se ha negado a recibirlos. "Tuvimos una reunión cuando comenzó la gestión, luego solicitamos otra y su secretaria la agendó. Pero luego la canceló, fijó otras fechas pero las fue tirando hacia delante y nunca concretó. No tuvo tiempo para dialogar con los compañeros pero visitó a Dalmao en el Hospital Militar y recibió a las Damas de Blanco cubanas. Eso demuestra que la relación con Mujica ha sido muy difícil y que la mayor carencia de este gobierno es su tratamiento de temas vinculados a los derechos humanos", dijo.

El papel desempeñado por las organizaciones vinculadas a los derechos humanos se ha convertido en un bumerán inesperado para la izquierda gobernante.

Las organizaciones de Derechos Humanos acusan al gobierno de ocultar datos sobre los hechos de la dictadura de forma "deliberada". Baldemar Tarocco, de Crysol, contó que en 2010, en el marco de la causa Boiso Lanza, se le pidió a Huidobro que citara a trece militares. "Contestó que sobre doce no sabía si estaban vivos o muertos, lo cual puede averiguar en un minuto con el cobro de las jubilaciones.

También el exministro (Luis) Rosadilla firmó un informe diciendo que en Boiso Lanza no había detenidos. Yo lo vi", dijo Tarocco. Hace una semana el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) también acusó a Huidobro de obstaculizar las investigaciones. Recordó que en la causa que se tramita en el juzgado penal de 12° turno con 90 denunciantes víctimas de torturas, el Ministerio de Defensa demoró un año en contestar "solo tres oficios" y lo hizo luego de varios reclamos.

Del otro lado del mostradorGONZALO TERRA