Fracasó conciliación de judiciales y Economía

El Ministerio de Economía se mantuvo firme en la decisión de no pagar a los funcionarios judiciales lo adeudado por lo que la conciliación fracasó y ahora reunirán las pruebas para iniciar un juicio civil.

En la audiencia de conciliación que se llevó a cabo ayer a las 13 horas, el abogado patrocinante de la secretaría de Estado se mantuvo firme en que de acuerdo a la ley de presupuesto no corresponde que se le pague esa partida.

El letrado de Economía se excusó por la "tarea ingrata" que le tocaba realizar y afirmó que sólo iba a expresar la decisión del Ministerio que concluía que las normas presupuestales no le permiten hacer frente a ese dinero.

Los abogados Virginia Collazo y Lilián Ferro del Poder Judicial afirmaron que la Suprema Corte de Justicia no cuenta con recursos propios para poder pagar esa compensación.

Los funcionarios judiciales realizaron un paro a partir de las 11 de la mañana, se concentraron en la Plaza Matriz y luego concurrieron al juzgado de la calle Cerrito.

En la audiencia comparecieron por poder y en representación de los 3.500 demandantes, el consejo ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Judiciales, la comisión directiva de la Asociación de Actuarios y el asesor letrado del gremio, Roberto Rinaldi.

El titular de la Asociación de Funcionarios, Ricardo Ramírez dijo a El País que ahora prepararán el juicio que presentarán en febrero al finalizar la feria judicial mayor.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia presentó un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo para que revoque la resolución por la que se negó a liquidar el dinero y pagar a los funcionarios una partida que hace un año no reciben.

La corporación resolvió pedir un informe a la División Jurídica Notarial, a la División Planeamiento y Presupuesto, y Contaduría del Poder Judicial, para saber si es viable que la Corte liquide ese rubro dentro del salario de los trabajadores.

La corporación se comprometió a entregar la información sobre las sumas de lo que se le debe a cada funcionario para que los funcionarios y actuarios puedan iniciar la demanda civil y reclamar el cobro de pesos ante la justicia civil.

Los trabajadores reciben esta partida desde el 2001, como consecuencia del artículo 465 de la ley presupuestal 17.296 de ese año. Luego la llamada ley de reforzamiento del Poder Judicial (ley 17.707) determinó en 2003 que la Contaduría General de la Nación dependiente de Economía deberá reforzar los créditos presupuestales de servicios personales del Poder Judicial en oportunidad de constatarse faltante en los mismos para hacer efectivo el financiamiento.

La deuda comprende a unos 4.000 actuarios y funcionarios desde 2001 e implica en números unos 20 millones de pesos al año.