Fiscal le imputó otro delito a Bengoa

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PABLO MELÉNDREZ

Al presentar la acusación contra Juan Carlos Bengoa, el fiscal Diego Pérez sumó un nuevo delito al ex jerarca municipal: falsificación ideológica por un funcionario público. Además, mantuvo la imputación contra los otros cuatro procesados.

Luego de 42 meses de haberse iniciado el juicio por las irregularidades detectadas en las salas de casinos de la Intendencia de Montevideo, el ex director de la unidad, dos de sus ex asesores, un empresario y un funcionario municipal tienen acusación fiscal en su contra.

Ayer, el fiscal Diego Pérez pidió a la jueza Fanny Canessa la condena de todos los procesados en diciembre de 2007, acusados de haber montado una red de corrupción que favoreció a algunas empresas vinculadas con el arrendamiento de máquinas tragamonedas.

En ningún caso el pedido de condena de los cinco procesados implicará que vuelvan a la cárcel por este expediente, ya que todos lograron la excarcelación en marzo de 2010, luego de cumplir 27 meses de prisión preventiva en Cárcel Central.

Según dijeron a El País fuentes del caso, el representante del Ministerio Público solicitó que Bengoa sea condenado a cinco años y medio de prisión, al responsabilizarlo por los delitos de fraude, concusión (coimas) y conjunción de interés público y privado, ilícitos que le habían sido imputados al momento del procesamiento.

El fiscal solicitó que a Bengoa se le imponga una multa de 7.000 Unidades Reajustables (UR, equivalente a $ 3.577.000, de acuerdo con la cotización de ayer). Asimismo, pidió que al ex jerarca se le establezca una prohibición judicial de cinco años para ejercer cargos públicos.

Pero además, el fiscal Pérez, luego de analizar las pruebas recolectadas durante el proceso, llegó a la conclusión de que Bengoa también debe ser responsabilizado por el delito de falsificación ideológica por un funcionario público.

El fiscal Pérez solicitó que este delito también le sea imputado al ex asesor de Bengoa, Orestes González, que en su momento había sido procesado por los mismos ilícitos que el ex director municipal. González enfrenta un pedido de condena de cinco años de prisión.

Según las fuentes, la imputación de este nuevo delito a Bengoa y a González es por su responsabilidad en las notas de agradecimiento que el ex director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Montevideo, Alberto Rosselli, envió a un grupo de empresarios.

Las misivas fueron remitidas como agradecimiento oficial a las empresas que aportaron, de forma irregular, US$ 270.000 que permitieron la remodelación de la sala de juegos del Casino Parque Hotel.

Al declarar en su momento ante la jueza Canessa, Rosselli -que incluso fue sometido a careos con Bengoa y González- dijo que envió las cartas a iniciativa de González, que en ese momento se desempeñaba como asesor de Bengoa.

FRAUDE. El fiscal entendió que durante el juicio se recolectaron las pruebas suficientes que avalan la existencia de una maniobra de fraude lo que implica, según los requisitos de ese delito, que hubo engaño.

De esa forma, Pérez echó por tierra uno de los principales argumentos de la defensa de Bengoa, que durante el proceso se abocó a intentar demostrar que el ex intendente Mariano Arana y la ex secretaria general de la comuna María Julia Muñoz estaban al tanto de las maniobras, lo que hubiera hecho caer la imputación de fraude.

Si bien el fiscal todavía tiene a estudio un presumario independiente donde analiza la responsabilidad de Arana, Muñoz y Rosselli, fuentes del caso dijeron que al mantener el delito de fraude a los cinco procesados es muy difícil que Pérez decida más adelante solicitar nuevos enjuiciamientos (ver aparte).

Muñoz, Arana y Rosselli han sido citados a declarar en más de una ocasión por la jueza Canessa e, incluso, fueron sometidos a careos con Bengoa.

MANTUVO DELITOS. Además de solicitar la condena y agregar un nuevo delito a Bengoa y González, el fiscal Pérez mantuvo en todos sus términos las imputaciones que en 2007 había formulado la ex fiscal Olga Carballo a los otros tres procesados en el caso.

Así, Pérez pidió que el empresario Felipe Ruiz sea condenado a cuatro años y medio de prisión, la misma pena que solicitó para al ex asesor de Bengoa José Luis Antúnez, a quien según la requisitoria fiscal, le deberá ser impuesta una prohibición para ocupar cargos públicos por el mismo lapso.

Además, el fiscal pidió que el funcionario de la división Casinos de la Intendencia de Montevideo Gustavo Dalmonte, también procesado en 2007, sea condenado a cumplir una pena de tres años y medio.

La solicitud del fiscal Pérez, que desde ayer está en el despacho de la jueza Canessa, será notificada en los próximos días a los abogados de los imputados, que podrán pedir el diligenciamiento de más pruebas.

Luego, la magistrada podrá emitir su pronunciamiento, que en caso de hacer lugar a la requisitoria del fiscal, implicará la sentencia condenatoria de primera instancia de todos los implicados.

El fiscal Diego Pérez sigue analizando un expediente que se encuentra en etapa de presumario y que apunta, básicamente, a establecer si el ex intendente Mariano Arana, la ex secretaria general de la comuna, María Julia Muñoz, y el ex responsable de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli, tuvieron algún tipo de responsabilidad en las maniobras delictivas que se descubrieron en torno a los casinos municipales en el período 2000- 2005.

En tal sentido, esa investigación apunta a determinar por qué un empresario privado logró contratos de arrendamiento de slots al 50% del rendimiento, siendo que la mayoría de los acuerdos eran por el 30%. Bengoa atribuyó ese contrato a la existencia de una gestión directa de Arana y Muñoz.

También se indaga una presunta gestión realizada por el ex secretario de Arana, Mario Areán, quien por orden del ex intendente habría intercedido para otorgar un porcentaje de ganancia mayor al habitual a un empresario por un grupo de slots instalados en el Hotel Oceanía.