Para que existan avances en la inclusión social son necesarias políticas que vayan más allá de programas de alivio de la pobreza, señaló el asesor principal del Departamento de Investigaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gustavo Márquez.
"La exclusión social es un fenómeno asociado con la pobreza, pero muy diferente a ella", dijo. Y agregó que, por ello, requiere políticas públicas "diferentes a los programas tradicionales de combate a la pobreza". El experto participó ayer en una conferencia organizada por Ceres y la Universidad ORT con motivo de la presentación del Informe de Progreso Económico y Social (IPES) 2008.
La naturaleza de la exclusión, explicó Márquez, es una dinámica social, política y económica que niega a grupos e individuos el acceso a recursos y oportunidades, y limita sus posibilidades de obtener resultados valiosos en una economía de mercado. Esta situación opera a través de instituciones formales e informales que reducen la libertad de los excluidos al limitar sus funcionamientos. Esto tiene como resultado la dificultad de acceso al consumo y participación social y política de los excluidos. La situación aumenta los costos de transacción y dificulta el logro de acuerdos de gobernabilidad.
A las formas tradicionales de exclusión las identificó con la discriminación, estigmatización e identidad de grupos. En Latinoamérica el grupo más discriminado, por lejos, es el compuesto por la gente pobre. Le siguen pueblos indígenas y afrodescendientes.
"El proceso de inclusión implica cambios fundamentales en las formas en que se definen los derechos, se gobiernan las instituciones y se asignan los recursos", dijo y observó que el diseño de políticas de inclusión depende de la capacidad de entender los procesos a través de los cuales se produce y reproduce la exclusión. "La exclusión es un fenómeno multidimensional, cambiante y dinámico. La inclusión comparte estas características. No justifica un nuevo conjunto de programas sino un proceso societal que las políticas públicas pueden estimular", explicó. El proceso debe estar orientado a promover activamente la equidad social, económica y cultural. "Hay que atacar la discriminación y promover la diversidad", concluyó.