Otra polémica judicial vinculada al Estado tuvo lugar hace dos semanas, cuando la Intendencia de Rocha demolió más de 20 viviendas ilegales ubicadas en el balneario Punta del Diablo.
La decisión de la comuna se sustenta en un fallo judicial de 1992 dictado por el magistrado Eduardo Cavalli (quien por entonces era juez en Rocha) que hizo lugar a una demanda presentada por la familia propietaria de los terrenos.
Los dueños de las viviendas demolidas evalúan los pasos judiciales a seguir y no descartan, incluso, presentar una acción internacional contra el Estado uruguayo ya que alegan que la actuación de la Intendencia de Rocha fue irregular.
El fallo de 1992 "no le dio potestad alguna a la Intendencia para demoler las viviendas", dijo el abogado Pedro Algorta, representante de los dueños de las casas demolidas.
"En casi 20 años la Intendencia de Rocha no hizo nada para cumplir con la sentencia. Ahora, lo que hizo fue actuar por sí sola demoliendo las viviendas, cuando lo que correspondía era iniciar las acciones judiciales necesarias para lograr el desalojo de los terrenos, si es que eso realmente correspondía", señaló Algorta.
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