Estado reparó a periodista tras cambiar la ley

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EDUARDO DELGADO

El Estado reconoció que los derechos del periodista Carlos Dogliani fueron violentados al ser condenado por difamación en 2005, en base a una ley incompatible con los estándares de libertad de expresión de OEA. Es el primer caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculado a Uruguay que se cierra a través de una negociación.

El "acuerdo amistoso" alcanzado entre Dogliani y el Estado uruguayo fue firmado el viernes y contó con la presencia como testigo de la relatora especial para la libertad de expresión de la OEA, Catalina Botero. Para la Cancillería, "el pilar del acuerdo amistoso" fue la aprobación este año de la ley 18.515, que derogó disposiciones del Código Penal y la Ley. 16.099, relativas a delitos de comunicación.

Además, Dogliani aceptó US$ 8.000 como reparación económica a los perjuicios ocurridos por su condena.

En 2004, el entonces intendente de Paysandú Álvaro Lamas, denunció penalmente a Dogliani por informar sobre la condonación de una importante deuda tributaria. El periodista fue condenado por difamación, la sentencia fue revocada por un tribunal de apelaciones, pero en 2006 la Suprema Corte ratificó la condena. La Asociación de la Prensa y el Instituto de Estudios Legales y Sociales, en representación de Dogliani, llevaron el caso a la CIDH.

En el acuerdo, el Estado y Dogliani solicitan a la CIDH que archive las actuaciones. Botero dijo a El País que es muy positivo que el Estado uruguayo haya llegado a un acuerdo en un caso vinculado a la libertad de expresión. Dogliani solicitará mediante un recurso que la Suprema Corte revise la sentencia en que lo condenó.