Estado adopta criterios del sector privado y se enfrenta a sindicatos

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Pablo Meléndrez

La mejora de la gestión de los organismos públicos es un tema donde el gobierno -y con particular insistencia del presidente José Mujica-, ha tomado acciones que han sido rechazadas por los funcionarios, que ven afectado su statu quo.

Así, por decreto, desde el 1° de diciembre de 2010 los funcionarios de la Administración Central (Presidencia y ministerios) están obligados a un régimen mínimo de seis horas diarias de trabajo.

Mujica defendió el decreto a capa y espada, por cuanto entendió que es "ético" pedirle a los funcionarios que trabajen un mínimo de seis horas por día. Pero desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se cuestionó con dureza la decisión, sobre todo por parte de los funcionarios profesionales.

Incluso, COFE presentó una acción de amparo contra el decreto, pero la Justicia rechazó la demanda al concluir que la "reorganización horaria" que aprobó el gobierno "no violenta" el régimen jurídico que es aplicable a los funcionarios.

Ese fue el primer choque entre el Poder Ejecutivo y los funcionarios públicos por el régimen laboral. Ahora el gobierno está enfrentado con el sector Banca Oficial de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), porque se prevé eliminar el sistema de ascensos automáticos por antigüedad que existe en los bancos estatales.

Además, el Ministerio de Economía y la OPP pretenden establecer sistemas de compromisos de gestión para lograr aumentos salariales. AEBU rechaza la propuesta alegando, entre otras cosas, que los concursos son poco transparentes. Por eso el gremio está embarcado en un conflicto en el cual amenaza con afectar los servicios bancarios en Maldonado y Rocha en plena temporada turística.

"CAMBIO CULTURAL". El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que el conflicto con AEBU obedece a una "diferencia conceptual muy grande", porque el gobierno realizó varias propuestas compensatorias que fueron rechazadas.

Brenta señaló que "la idea de la administración sobre los concursos y los aumentos salariales variables según compromisos de gestión es parte de una concepción de transformación del Estado".

"Se necesita un cambio cultural para abonar el concepto y que el funcionario público sienta que es un servidor público, cosa que es la gran diferencia entre los trabajadores públicos y privados", dijo Brenta a El País.

El ministro señaló que en la Administración Central, hasta donde él sabe, no hay sistemas de corrimiento automático como en los bancos estatales, pero aún así "la mayoría de los funcionarios están comprometidos con su tarea", aseguró, y puso como ejemplo lo que ve todos los días en el MTSS.

Brenta también defendió la aplicación de acuerdos de gestión a nivel del Estado en los que se prevean porcentajes de aumento variable para los funcionarios según resultados. "De alguna manera eso no es algo muy distinto a lo que ocurre en la actividad privada", dijo.

La clave, según Brenta, está en "demostrar que se proponen criterios transparentes y también negociar, porque estas cosas se negocian y se acuerdan".

Por su parte, el director general de secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, reconoció que "son cambios difíciles" los que impulsa el gobierno en materia de gestión pública, y si bien dijo que "los conflictos son inevitables", destacó que "se ha ido avanzando". En particular, Apezteguía explicó a El País que en los últimos meses los acuerdos de compromiso de gestión "comenzaron a tener un protagonismo importante" y, de hecho, varios organismos ya adoptaron ese tipo de mecanismos.

"El Presupuesto Nacional estableció el mantenimiento del poder adquisitivo. Pero los incremento salariales están basados en compromisos de gestión", comentó.

Mientras tanto, el secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que en el gobierno "la mano viene de una impronta que busca menoscabar los derechos de los funcionarios públicos".

"Hay una estrategia organizada y concebida para preparar el paño de forma tal que cuando lleguen a Uruguay los coletazos de la crisis, la paguemos los funcionarios públicos", sostuvo López.

El dirigente sindical señaló que la decisión en torno a los bancos estatales "no es una cuestión aislada", sino que se suma al decreto que impone el mínimo de seis horas de trabajo en la Administración Central y al proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento en los próximos meses para modificar el Estatuto del Funcionario Público.

A juicio de López, todas las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo "van en la misma dirección: solamente concibe como funcionario público al presupuestado, que son los menos y los que tienen más antigüedad".

El sindicalista destacó que los gremios públicos "tienen que prepararse para resistir" este tipo de propuestas del gobierno.

En cuanto a los aumentos salariales en base a compromisos de gestión en la administración pública, López indicó que ese tipo de medidas "se pueden negociar" pero "siempre y cuando se garanticen los derechos conquistados por los trabajadores".

El Poder Ejecutivo aprobó esta semana un decreto que crea una sociedad anónima para AFE, cuyos accionistas serán la propia AFE (51%) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (49%). Esta sociedad será por 100 años y tendrá como objeto la prestación y realización de servicios de transporte de cargas por vía férrea. El directorio estará integrado por cinco miembros (tres directores de AFE y dos por la CND). Pasarán a la nueva sociedad los funcionarios de AFE que lo deseen y se les reservará el cargo en el ente. No poseerán calidad de funcionarios públicos y se regirán por las leyes laborales del derecho privado. La defensa del Estado "no se puede dar a través de un Estado paquidérmico, que termine constituyéndose en un seguro de paro para los trabajadores", dijo el Presidente José Mujica.

Eduardo Brenta

Ministro de Trabajo

Brenta defendió la aplicación de acuerdos de gestión a nivel del Estado en los que se prevean porcentajes de aumento variable para los funcionarios en función de las metas cumplidas. "De alguna manera eso no es algo muy distinto a lo que ocurre en la actividad privada", dijo el ministro.

José Lorenzo López

Secretario general de CoFE

"Hay una estrategia organizada y concebida (de parte del gobierno) para preparar el paño de forma tal que cuando lleguen a Uruguay los coletazos de la crisis, la paguemos los funcionarios públicos". Los sindicatos "tienen que prepararse para resistir" este tipo de propuestas.