Escucha compromete a un ex juez penal

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El "pinchazo telefónico" a un funcionario judicial de Maldonado demostró que mantenía contacto y hablaba sobre casos judiciales en trámite con el entonces juez penal nacional Federico Álvarez Petraglia, ex responsable de esa sede, quien impugnó la legalidad de esta prueba.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia analizan una investigación administrativa referida al desempeño de los jueces de Maldonado Gabriel Ohanian y Adriana Graziuso, y de Álvarez Petraglia (quien renunció a la magistratura en junio) si hubo filtración de información sobre una testigo protegida en un caso de lavado de activos -lo que configura una violación a la ley Antilavado de Activos-, y que luego fue procesada por otro delito.

En tanto, el juzgado especializado en crimen organizado a cargo de Jorge Díaz, también indaga la presunta filtración de la identidad de esta testigo protegida en el caso de lavado de activos que derivó en el procesamiento, entre otros, del abogado Carlos Curbelo Tammaro.

El propio Álvarez Petraglia fue quien solicitó a la Suprema Corte que investigue a sus colegas de Maldonado y quien presentó la denuncia penal con el mismo fin en el juzgado de Díaz. Pero tras los descargos de los otros dos jueces, que lo acusaron de simulación de delito, pasó a ser también investigado.

expedientes. En una conversación telefónica entre el funcionario y Álvarez Petraglia, a cuya transcripción accedió El País, hablan entre otros temas del expediente por el que luego fue procesado Curbelo Tammaro y de la posible incautación de torres de apartamentos en Punta del Este.

La interceptación de las llamadas del funcionario fue ordenada por la jueza Graziuso debido a versiones de que cometía irregularidades, dijeron fuentes del caso.

Las escuchas fueron presentadas luego como prueba de que el funcionario mantenía contacto e intercambiaba información sobre expedientes en trámite con Álvarez Petraglia.

El propio Álvarez Petraglia presentó denuncias ante un juzgado de Maldonado y la sede judicial que dirige Díaz, en las que sostiene que las escuchas ordenadas por Graziuso al celular del funcionario son ilegales y tenían como fin conocer si se le proporcionaba información sobre casos reservados.

La fiscal del crimen organizado Mónica Ferrero, pidió al juez Díaz anular esa prueba, por entender que fue obtenida sin la autorización previa del fiscal de Maldonado.

testigo. Álvarez Petraglia renunció a su cargo de juez el 22 de junio de este año. En esa fecha expresó que la investigación que se realiza viola el artículo 28 de la Constitución, referente a la correspondencia personal, y también cuatro artículos del Código del Proceso Penal.

La testigo protegida en el caso de lavado que tramitó Álvarez Petraglia hasta su renuncia fue procesada en febrero en Maldonado por apropiación indebida en un negocio inmobiliaria. Según el ex juez, la forma como se trató ese caso permitió que se la pudiera identificar.

La propia "colaboradora" de la Justicia declaró ante el juez Díaz que en febrero, cuando fue procesada, informó a Ohanian, Graziuso y al fiscal Luis Pacheco de una situación de acoso de parte de una red de narcos, pero que los magistrados no tomaron esto en cuenta.