Escribanos implicados en una mafia de Canelones

Canelones | E. Barreneche

En el departamento canario existe una mafia, con conexiones en la Intendencia o en las Juntas Locales, que utiliza escribanos como apoyo para que otorguen un cariz jurídico a las transacciones ilegales de terrenos.

Estas afirmaciones fueron hechas por la presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay y el vicepresidente de la Comisión Directiva de ese gremio, Ana Olano y César Menoni, respectivamente, quienes indicaron que esta información surge de las declaraciones en el Consejo Arbitral de los escribanos acusados y de datos proporcionadas por profesionales agremiados cuyos clientes fueron perjudicados por maniobras fraudulentas.

Ambos directivos advirtieron que estas mafias utilizan escribanos que integran una lista de unos 60 profesionales en ejercicio. Estos notarios han cometido violaciones reincindentes a los códigos éticos y técnicos de la profesión notarial y varios de ellos fueron procesados por la Justicia por esa causa.

Estos escribanos, dijo Olano, otorgan documentos falsos o parcialmente falsos para la venta de derechos posesorios, documentación falsa de vehículos y de garantías de alquiler, lo cual preocupa al gremio.

"Vemos cómo crecen día a día actitudes delictivas de escribanos", expresó la presidenta de la gremial.

Las causas de esta situación son varias: mala formación de los egresados, que carecen de una formación técnica; salen de la facultad sin saber que un escribano es un profesional de Derecho que ejerce una función pública de acuerdo a lo que afirman los denunciantes.

"Las razones económicas están influyendo. Mucha gente que no tiene clara su función, por una suma de dinero, acepta realizar determinados actos, sin tener verdadera conciencia del perjuicio que causa", dijo.

Actualmente, el 97% de los 6.000 escribanos uruguayos se encuentran agremiados. Aquellos que fueron denunciados por violar normas éticas o técnicas, son citados por la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay para tratar de encauzarlos, otorgándoles herramientas para que trabajen sin violar las normas.

Ese gremio impulsó una serie de políticas para tratar de subsanar las causas que lleva a un profesional notario a dar fé sobre informaciones falsas.

Entre las medidas se enumera una agresiva política hacia la formación del agremiado; incentivar el relacionamiento con la Facultad de Derecho para que esta buena formación ocurra dentro de los ámbitos académicos; buscar mayores fuentes de trabajo para palear la gran recesión que padece esta profesión.

Además, esta Comisión Directiva, a impulsos del Consejo Arbitral, cuerpo que analiza las denuncias efectuadas contra escribanos por el mal manejo de su profesión, ha creado el Consejo Consultivo integrado por tres notables de larga trayectoria y prestigio.

En el pasado, la tarea de docencia recaía sobre el Consejo Arbitral. Sin embargo, el incremento del trabajo de este órgano determinó que ese rol "quedara un poco relegado", dijo Menoni, que también es el nexo de la Comisión Directiva con el Consejo Arbitral.

"Hay colegas que llegan a declarar al Consejo Arbitral y se advierte, a través de sus expresiones, que no saben qué es el ejercicio de su profesión", dijo.

Las sentencias emitidas por ese cuerpo fueron recogidas por la Suprema Corte de Justicia, que suspende los títulos de los escribanos que actuaron en forma ilegal.

Sin embargo, en los últimos años, escribanos que fueron procesados por la Justicia y que han reincindido en varios delitos, iniciaron juicios al gremio por reparaciones o daño moral tras haber sido sancionados por el Consejo Arbitral.

En sus alegatos, estos profesionales sostuvieron que ese fallo les había provocado transtornos laborales y agravios, pese a que éstos no son públicos y sólo se difunden entre los miembros de la Asociación de Escribanos.

DOCUMENTOS FALSOS. En la costa canaria y en otras zonas del interior del departamento, como La Paz, Las Piedras y Paso Carrasco, se ha detectado el accionar de bandas de delincuentes que venden los derechos posesorios de terrenos abandonados por sus dueños o que se encuentran dentro de sucesiones.

Existen casos en que los legítimos propietarios de los mismos desconocen sus derechos sobre estos bienes.

A mediados de febrero, la Dirección de Investigaciones de la Ciudad de la Costa, dependiente de la Jefatura de Policía de Canelones, desbarató a una banda que vendía derechos posesorios de terrenos en la Costa de Oro. Esta gavilla estaba integrada por un funcionario de la Intendencia de Montevideo y un empresario de Santa Ana y contaba con el apoyo de cuatro escribanos.

Durante las actuaciones, el juez penal de la Ciudad de la Costa, Daniel Tapié, procesó con prisión al empleado municipal y a una escribana, por estafa y por entregar falsos documentos de derechos posesorios, respectivamente.

El vicepresidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay, César Menoni, advirtió que "nos tiene agobiados" las ventas de garantías para alquilar que se realiza através de avisos en la prensa.

En estas transacciones participan profesionales que elaboran certificados de propiedad falsos o con datos parcialmente verdaderos.

"Se trata de escribanos a sueldos o que trabajan por un monto fijo por cada documento que expiden para estos delincuentes", dijo Menoni.

El 25 de julio del año pasado, el Consejo Arbitral de la Asociación de Escribanos resolvió censurar la conducta de una escribana por haber expedido un certificado notarial falso para el alquiler de una vivienda.

En su dictamen, ese cuerpo sostuvo que dicha escribana "no actuó con la diligencia debida que le permitiera valorar las maniobras con las que estaba colaborando".

Según un documento reservado del Consejo Arbitral, esa profesional dio fe que una propiedad tenía un valor comercial elevado y, por ende, el inmueble fue aceptado como garantía de un alquiler.

Sin embargo, la casa se encontraba en un asentamiento, no pertenecía a la titular mencionada por la escribana y poseía un valor sensiblemente menor al establecido por la profesional.

En sus descargos, la escribana reconoció que había cometido "un error" y que el momento que había expedido ese certificado "estaba en la relona; ahora no ando mucho mejor".

El vicepresidente de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay, César Menoni, advirtió que en la zona costera existe una cantidad de terrenos pasibles de maniobras fraudulentas, aunque reconoció que la mayor parte de las propiedades existentes en la Costa de Oro están documentadas.

La figura de los derechos posesorios de un bien es necesaria dentro del Derecho, pero "a veces es mal utilizada por la gente", dijo.

Estos terrenos padecen de una serie de problemas por ser abandonados por sus dueños, deudas elevadas de contribución inmobiliaria y sucesiones.

Esos delincuentes ubican los terrenos a través de informaciones suministradas por funcionarios municipales. "Ese contacto es indispensable para los estafadores y si son prolijos también se nutren de datos de la Dirección Nacional de Catastro", dijo Menoni.

La gremial también denunció la existencia de una mafia, que usa escribanos, para vender autos que habían sido robados.

Ese comercio ilegal, dijo Menoni, surge de "la imaginación de funcionarios públicos de distintos organismos, como las Juntas Locales", que manejan el tema automotor.

Según la Suprema Corte de Justicia, hay 60 escribanos actuantes que cometieron delitos en el ejercicio de su profesión.

La Asociación de Escribanos del Uruguay denunció que estos profesionales fueron suspendidos por seis meses por la Suprema Corte de Justicia y antes de que finalizara su sanción, se comprobó que cometieron nuevos ilícitos.

El gremio considera que, con la nueva integración de la Suprema Corte, se tomarán medidas más ejemplarizantes contra estos escribanos sin escrúpulos.