Entre 2009 y 2010 se inició un promedio de cuatro sumarios por día a funcionarios de la Administración Central (Presidencia y Ministerios). En el 10,3% de los 2.987 casos se recomendó el cese del vínculo laboral.
Entre el 1° de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 se iniciaron 2.987 sumarios en la Administración Central, que comprende a Presidencia y Ministerios con excepción del personal militar.
En el 43,5% (1.299 casos) la medida administrativa se inició como consecuencia de "inasistencias médicas". El 3% de estos procedimientos (39 funcionarios) concluyó con la extinción de la relación laboral, 2% (26) con sanciones con pérdida económica, 1% (12) sin sanciones económicas, y el 94% (1.221) de los sumarios fue clausurado.
El estrés y la depresión se encuentran entre las causas más esgrimidas en los últimos años por los funcionarios de la Administración Central que solicitan licencia por enfermedad
De acuerdo al artículo 12 de la ley 17.556, "las licencias por enfermedad que superen los sesenta días en un período de doce meses o los noventa días en un período de veinticuatro meses, deberán ser comunicadas al jerarca de la unidad ejecutora. Éste ordenará solicitar el dictamen de sus servicios médicos o del Ministerio de Salud Pública en su caso, a efectos de determinar la pertinencia de la realización de Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, con la finalidad de establecer la aptitud física o psíquica del funcionario para el desempeño de sus tareas habituales".
La ley estipula que dichas inasistencias, cuando no determinen imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones, podrán prolongarse hasta por un año.
Ese plazo puede extenderse por otros doce meses "por resolución fundada de las Juntas Médicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado". Vencido dicho plazo se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica, previo otorgamiento de las garantías del debido proceso.
Los sumarios iniciados en 2009, según datos revelados por la Oficina Nacional del Servicio Civil, representaron un 3,2% sobre la totalidad de los vínculos de funcionarios públicos de la Administración Central. En 2010 alcanzaron al 2,9% del total del personal.
El 34% (1.015 casos) del total de los trámites iniciados correspondió a "faltas administrativas". La causal "irregularidades" estuvo presente en un 12,7% (379) mientras que un 9,8% (292) derivó de "presunción de delitos".
Con excepción de los sumarios por "inasistencias médicas", en el resto del universo de 1.686 trámites el 37,6% (634 casos) mereció una sanción de naturaleza económica o se afectó la carrera administrativa. Luego se ubicaron sanciones en las que se aconseja la destitución, rescisión del contrato o cesantía, con casi un 15,9% del total (268 expedientes). A un 29,1% (490) no le correspondió ningún tipo de medida disciplinaria.
En tanto que de los sumarios concluidos por la causal "presuntos delitos", un 52% (28) finalizó con la cesantía, mientras que un 33% (96) de éstos concluyó con suspensiones, un 4% (11) finalizó con arresto e igual porcentaje con sanciones que no implican pérdidas económicas ni extinción de la relación funcional. A un 7% (20) no se le comprobó responsabilidad, por lo cual no tuvo ningún tipo de sanción.
CAUSAL
El 5 de diciembre doctora Daniela Cabral, asesora de dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dijo a El País "en buen romance, lo que hay que cortar es la joda en la Administración Central, porque ya no da para más". Se refería a las faltas por licencia médica. Un estudio sobre el período 1° de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2008 señaló que 37,6% de los sumarios se inició por "inasistencias médicas". En 2009 y 2010 la incidencia de la causal trepó al 43,5%.