Ejecutivo limitará el alcance de la nueva ley de tercerizaciones

El gobierno comunicó a los empresarios que si la reglamentación de la ley de tercerizaciones es insuficiente, se "podrán encarar acciones legislativas diversas" para corregir el alcance de la polémica norma.

Los ministerios de Trabajo, Economía, Industria y Ganadería enviaron ayer a las cámaras empresariales su respuesta al documento presentado el 9 de marzo, donde el sector empleador decía al gobierno que la "inseguridad jurídica" que genera la norma sólo puede ser enmendada a través de una ley "sustitutiva o modificativa". Las cámaras sostenían que las "objeciones u observaciones" a la ley no pueden subsanarse con un decreto reglamentario.

El ministro Eduardo Bonomi adelantó a El País que, en lo personal, cree que "algunas cosas no serán solucionadas" con la reglamentación. "Si es así, se estudiará un acto legislativo complementario. Hay varias posibilidades, complementarias a lo que hay. No hablamos de derogar la ley", afirmó. Eso sería realizado cuando la aplicación de la ley en los hechos demuestre "insuficiencias" del decreto reglamentario.

Las cámaras empresariales se reunirán la próxima semana para discutir la respuesta del gobierno y decidir si aceptan participar en una comisión tripartita que estudiará la reglamentación de la ley y posibles modificaciones legislativas, al mismo tiempo que volvería a funcionar la comisión de legislación, que debe elaborar la anunciada ley de relaciones laborales.

El asesor letrado de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, dijo a El País que luego de Semana Santa "se verá si se participa o no" del nuevo ámbito: "El problema es que el gobierno quiere avanzar en los dos ámbitos (legislación y tercerizaciones), pero nosotros queremos que primero se defina el tema de la ley de tercerizaciones", sostuvo Mailhos.

El documento oficial enviado ayer a las cámaras, al que accedió El País, dice que la reglamentación "precisará conceptos que están expresados con la generalidad de toda norma legal" y dará "mayor certeza y seguridad jurídica posible", reclamada por las cámaras y que "puede entender necesario el propio Poder Ejecutivo".

La reglamentación limitaría el ámbito de aplicación de la ley, anuncia el gobierno. También excluiría de la norma "situaciones esporádicas o puntuales" y precisaría el tema de las certificaciones o documentos que acrediten su cumplimiento. Precisaría "obligaciones de dar o hacer" y las causales de rescisión. El objetivo es "restringir posibles riesgos".

Pero el gobierno presume que tal vez no bastará sólo con la reglamentación. Bonomi puso un ejemplo: "Si una empresa proporciona trabajadores a otra, la empresa central debe controlar, entre otras cosas, que estén los recibos al día. Pero hay empresas que hacen firmar a sus trabajadores los recibos y luego pagan por fuera o pagan menos de lo que firman. Si los trabajadores van a juicio, tal vez podría haber responsabilidad de la empresa central. Eso no corresponde porque la empresa controló. Si se interpreta que eso puede suceder, hay que corregirlo. No está en el espíritu de la ley".

En su respuesta, el gobierno marca diferencias con las cámaras. Expresa su discrepancia con la afirmación patronal de que la nueva ley "perjudica a las empresas en general y en especial las pequeñas, poniendo en riesgo su existencia". El Ejecutivo afirma que no tiene una visión negativa del fenómeno de las tercerizaciones y que, "por su importancia", entendió necesario reglamentarlo. Dice que lo que preocupa es la "tergiversación" y "abuso" de la tercerización.

Tampoco acepta el reclamo empresarial de que la norma establezca responsabilidad "subsidiaria" en lugar de la responsabilidad "solidaria" del empresario que contrata.