Egresados financian a 6.000 estudiantes

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GASTÓN PÉRGOLA

La Universidad otorga becas a jóvenes para costear sus estudios universitarios; el dinero sale de una cuota que se cobra a los egresados. Mientras los becados celebran la ayuda, muchos profesionales lo tildan de "inconstitucional" y "arbitrario".

El Fondo de Solidaridad -así se llama al organismo administrador de becas- es una empresa de derecho público no estatal, que se creó en el año 1994 (a través de una ley) y tiene como principal objetivo "promover la educación terciaria" de aquellos jóvenes que, sin ayuda económica, no podrían costearse la carrera, a pesar de ser pública.

El sistema financia estas becas mediante el concepto de "solidaridad intergeneracional"; es decir, cada profesional egresado de la Universidad de la República o UTU contrae la obligación de pagar un monto anual durante 25 años (que varía según la carrera cursada), para financiar los estudios de los más jóvenes. En resumidas cuentas, una especie de devolución por el conocimiento adquirido en la Universidad.

Pero mientras los becados describen a este mecanismo como "una gran ayuda" para ejercer su derecho a estudiar, muchos egresados consideran excesivo, además de inconstitucional, el peso que recae "sobre sus hombros" para lograr la existencia de dicho sistema.

Por poner un ejemplo, la carrera de abogado o escribano en la Universidad pública termina costando al egresado un total de $ 185.000 (US$ 9.200).

"Nosotros no estamos en contra de las becas ni de que se otorguen. Estamos en contra de que lo recaudado para las becas tenga que provenir necesariamente de los egresados, que muchísimas veces no estamos en condiciones de afrontar ese gasto y eso no se tiene en cuenta. Nosotros hicimos uso de un derecho. No vemos por qué tenemos que pagar", afirmó a El País Silvana Pereira, psicóloga y una de las integrantes del grupo de profesionales que exige cambios a la ley.

PAGOS. Al día de hoy son cerca de 70.000 los profesionales egresados de la Universidad pública que aportan al Fondo de Solidaridad y cuyo pago varía según la duración de la carrera. Aquellos profesionales que cursaron carreras menores a cuatro años abonan (a los cinco años de haber egresado) $ 1.113 al año, durante 25 años.

Para las carreras de cuatro años de duración el egresado abona $ 2.226 al año, mientras que las de cinco años o más ascienden a $ 7.400 por año. Es decir, cursar una carrera de más de cinco años cuesta $ 185.000 en la universidad pública. En este último caso, el dinero se divide en $ 3.710 anuales que están destinados al Fondo de Solidaridad y otros $ 3.710 que son adicionales y que, según establece la ley, deben ir a la Universidad de la República, para solventar gastos de funcionamiento. Justamente este es otro de los puntos que disgusta a los egresados y por el que exigen su erradicación. "El aporte del `adicional` es otra arbitrariedad del sistema. Se agregó a la ley en el año 2001 para atender una situación de crisis que atravesaba la Universidad, era algo temporal y hoy lo seguimos pagando", agregó la psicóloga.

Bajo este sistema el Fondo de Solidaridad recaudó en 2010, $ 240 millones, (unos US$ 12 millones), lo que permitió otorgar este año un total de 6.067 becas, según informó Enrique Miranda, gerente general del organismo. El 90% de lo recaudado va destinado a becas.

"En dólares, este año vamos a recaudar US$ 14 millones por el Fondo, lo que nos permitirá otorgar, según la proyección, unas 6.450 becas para el 2012. A su vez, otros US$ 11 millones serán recaudados a diciembre, por el importe del adicional. Pero ese ni lo vemos, ya que va directo a la Universidad para obras", explicó Miranda.

Cada uno de los becados recibe por mes un apoyo económico de $ 4.500. Según explicó el gerente general del Fondo, no existe un control específico sobre ese dinero, sino que está en el estudiante saber utilizarlo.

"Es un apoyo económico en efectivo y no requiere ningún tipo de justificación comprobable. Sólo que el que quiere renovar a fin de año para seguir con la beca otro año más debe presentar un certificado de asistencia a clases y una escolaridad del 60% para renovar el beneficio", afirmó Miranda.

Cualquier estudiante que haya aprobado Secundaria (no importa la escolaridad) puede postularse para obtener la beca, siempre y cuando no supere los 22 años. El requisito para conseguirla, radica en la condición económica. Para este año tienen pronto un índice técnico de vulnerabilidad económica que les permitirá ser más rigurosos en la selección de becas.

"Antes, el corte para acceder a una beca era de hasta 3 BPC ($ 6.700), como ingreso per cápita del hogar. Ahora, a partir de las inscripciones que ya estamos recibiendo, por primera vez estamos implementando un índice de vulnerabilidad estudiantil, que no existía y es más riguroso, ya que solo con la declaración de ingresos podían mentir", contó el gerente.

Miranda reconoció que ha habido quejas y acusaciones sobre quiénes recibían la beca. "He escuchado, sí. Ahora, del 2005 para acá te puedo asegurar que si se da una beca a quien no corresponde es por falsa declaración. No por otras cosas, ni corrupción. Lo que hubo en el pasado no lo sé. Cuando se detecta una irregularidad se procede. Cualquiera puede denunciar y se procede a investigar", enfatizó.

LAS QUEJAS. "Arbitraria", "excesiva" e "inconstitucional" son algunos de los calificativos que esgrimen los profesionales agrupados que están en contra de la ley, y que actualmente juntan firmas para erradicar algunos puntos. "El Fondo de Solidaridad cada vez recauda más y más, y cada vez más pone en apuros a muchos egresados que no pueden hacer frente a las obligaciones que impone, ya sea por desempleo, subempleo, ingresos insuficientes, o porque sus obligaciones familiares hacen que deban priorizar la solidaridad con su propia familia. No todos los egresados universitarios están en una buena situación económica", expresan desde el grupo de profesionales. También aseguran que se está violando el principio de la educación "pública y gratuita", como un derecho y que el monto a pagar es "excesivo".

"Está bien que manifiesten, pero en algunos puntos no tiene sentido lo que plantean. Es poco serio", respondió el gerente general del Fondo a algunos de los planteos.

"Esta ley no va contra la educación gratuita. En la especie no se grava la escolaridad, que permanece siendo gratuita, sino el ulterior disfrute económico de la enseñanza recibida. La enseñanza sigue siendo gratuita porque tampoco es una matrícula diferida, como han dicho. Una matrícula la pagan los estudiantes también, y esto sólo lo pagan los egresados", resumió.

Sin embargo, Miranda reconoció que ya están trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para modificar la forma y condiciones de aportación. Explicó que el mínimo no imponible actual es "muy bajo" ($ 8.900) y no es equitativo, ya que paga lo mismo el que gana $ 10.000 como $ 100.000, expresó. Se prevé ir hacia un sistema cuyo mínimo no imponible esté alineado al Impuesto a la Renta y bajo un porcentaje a determinar sobre el ingreso de cada egresado. "Con esto resolvemos muchos problemas", concluyó.

US$ 14: es el dinero que recaudará este año para becas el Fondo de Solidaridad, en base a las contribuciones de los egresados.

US$ 11: es lo que recaudará el organismo a diciembre de 2011, por el cobro adicional, que va destinado a "gastos" de la Universidad.

Es riverense, tiene 25 años y en 2010 se recibió de abogada. Desde su departamento gestionó la beca del Fondo de Solidaridad, entre otras, y asegura que si no fuera por esa ayuda económica "no podría haber cursado nunca" la carrera. Actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Juventud de la Intendencia de Rivera.

"Viví con la beca. Mi padre era funcionario municipal. Mi madre no tenía trabajo. Y mi hermano hacía changas. Si no fuera por la beca no podría haber estudiado en Montevideo. Eran unos $ 4.500 por mes. Me servían para pagar boletos, comprarme algo de ropa, fotocopias, los libros; todo lo que implica estudiar y vivir en Montevideo siendo del interior. Mis padres los fines de semana me mandaban una encomienda, pero no era mucho. Económicamente, la beca fue el sustento. En mi cargo actual conozco muy bien la situación de muchos jóvenes, que si no es por las becas no tienen chance de estudiar una carrera terciaria. Cuando me toque pagar, que es a los cinco años de egresada, pagaré con gusto. Hay profesionales recibidos que no tienen idea para dónde va el dinero. Es una forma de retribuir el conocimiento adquirido".

Es psicóloga recibida de la Universidad de la República y forma parte del grupo que plantea la reformulación a la Ley del Fondo de Solidaridad, por no estar de acuerdo con muchos de los puntos que la rigen.

"Hay muchísimo desconocimiento sobre el Fondo de Solidaridad. En cualquier facultad pública la mayoría de los jóvenes ni sabe que si egresa va a adquirir una deuda. Te están cobrando por la educación pública. Más allá del discurso y los argumentos que dan las autoridades es claramente una ley inconstitucional. Nosotros no hicimos uso de un beneficio por haber accedido a la universidad. Nosotros hicimos uso de un derecho. No vemos por qué tenemos que pagar. Ellos dicen que es una retribución al goce del sueldo futuro. Pero la época de `m`hijo el dotor` terminó hace muchísimas décadas. Cuando el hecho de pasar por la Universidad te daba posibilidades laborales buenas todavía. Pero hoy el panorama es otro. El hecho de ir a la Universidad hoy no es garantía de absolutamente nada. Esta ley está sostenida en una cultura de hace 60 años atrás. Ahora, incluso, te mandan al Clearing por haberte dado educación. Te intiman a pagar por hacer uso de un derecho como la educación".