LA NUEVA NORMALIDAD

Los padres exigen que haya más clases en las escuelas públicas

Reclaman la vuelta “cuanto antes a una presencialidad plena, acompañada de recursos que aseguren poder cumplir con las condiciones sanitarias.

Un regreso a las clases en escuelas rurales con túnicas, moñas y tapabocas. Foto: Leonardo Mainé
Limpieza con hipoclorito en los salones de clase. Foto: Leonardo Mainé

Las familias organizadas de las escuelas públicas, un colectivo que surgió a impulso de padres que integran las comisiones de fomento y querían aportar soluciones a los problemas de los centros educativos, reclaman la vuelta “cuanto antes a una presencialidad plena, acompañada de recursos que aseguren poder cumplir con las condiciones sanitarias para un retorno al aula seguro”.

Según los padres congregados, “la educación es una emergencia nacional”. A su entender, las cifras de asistencia a clase, las horas de presencialidad efectivamente dictadas y el tiempo que queda por recorrer para finalizar el año lectivo -de casi tres meses- hace que “no pueda darse el año por perdido” y que urja “un proyecto claro de las autoridades educativas sobre las perspectivas de la educación de cara a la finalización de este año y el año 2021”.

Ocho de cada 10 escolares asisten a la enseñanza pública. Y de ese total, unos 7.000 niños han perdido todo vínculo con los centros educativos, incluida la conexión virtual. Pero entre quienes asisten a clase, hay una brecha de casi 20 puntos porcentuales de concurrencia entre los estudiantes de sectores más ricos y los de los más pobres.

Por eso -y porque la evidencia científica indica que la prevalencia del virus en los niños es baja, pero es alta la consecuencia de la pérdida de escolarización-, las familias de escolares piden que se flexibilicen los protocolos, las distancias y se vuelva a la obligatoriedad.

Primaria también había solicitado el retorno de la obligatoriedad, pero el gobierno se niega a dar ese paso hasta que se ponga fin a la emergencia sanitaria. Como plan alternativo, algunos consejeros solicitaron una obligatoriedad parcial, que excluya a aquellos que tienen familiares directos o a los propios alumnos que sean grupo de riesgo. Esta propuesta, sin embargo, no tuvo una resolución aún.

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