Mahía defendió derogación de decreto para regular universidades y el cese de autorizaciones a las privadas

Redacción El País
El ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía respaldó la derogación del decreto 316/024, de regulación de la enseñanza terciaria privada, y la definición posterior de hacer caer las autorizaciones definitivas otorgadas en el gobierno anterior a las cinco universidades privadas (Claeh, UCU, UM, UDE y ORT) y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

A la salida de su comparecencia a la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Mahía dijo en rueda de prensa que se resolvió dar marcha atrás por cuestiones de "forma y fondo". Valorando que hubo pasos que "no se dieron" a nivel de MEC, y con la "rapidez" que se tomó la definición de brindar la autorización.

El ministro cuestionó las decisiones que tomó el gobierno de Lacalle Pou en torno al tema. Por un lado, la aprobación del decreto 316/024, "dos días después de que perdieron las elecciones nacionales". Y luego, que se haya otorgado las autorizaciones definitivas, en febrero de este año, "tres días antes de asumir el gobierno nuevo", añadió.

“Había cuestiones legítimas, pero de una aceleración que implicó la no participación de los involucrados, recursos en el medio y demás”, agregó Mahía, que ha sido crítico desde el día uno del decreto. Incluso, antes de asumir esta administración se había adelantado que se iban a derogar los pasos dados durante la gestión encabezada por Pablo da Silveira.

"Acá no hay un preconcepto ni hacia el sector privado, ni hacia el público", sostuvo el secretario de Estado. "El decreto que derogamos tenía un recurso de la Universidad de la República, pero también de una universidad privada (...) lo que había que hacer era derogar y elaborar un decreto nuevo y mantener el que tuvo vigencia desde 2014", dijo.

La intención del gobierno es contar con un nuevo decreto “antes de fin de año”, dijo Mahía, tal como informó El País semanas atrás. “Es un plazo razonable porque da garantías desde el punto de vista jurídico, y da certezas que es lo que hay que hacer desde el gobierno”, añadió el ministro sobre la decisión que generó rispideces a nivel político.

Entre los puntos que va a incorporar la nueva normativa estará la educación virtual, que irrumpió tras la pandemia de covid-19, adelantó el ministro. El objetivo es que le permita a las instituciones “mayor flexibilidad” para los cambios de cursos, “más precisión” a la hora de definir sedes. “El Estado tiene que ejercer con claridad y con firmeza su rol regulador”, insistió.

"Lo fundamental en esto es dar garantías, que las universidades privadas y públicas así lo tengan. Si bien Uruguay tiene que el 89% de los estudiantes del Uruguay asisten a la universidad pública y el 11% a la privada, creemos que el rol del MEC y del Estado es fortalecer un sistema universitario y terciario que involucre a todos”, remarcó.