Hasta hace algunos años era normal que las cantinas de los centros educativos estuvieran llenas de caramelos, chupetines, papas chips, galletitas y alfajores industriales. Paquetes de todos los colores, por lo general brillantes, llamaban la atención de los alumnos en el recreo. Pero, poco a poco, esto fue cambiando. Primero se prohibió la publicidad de productos con octógonos y ahora, a partir de enero de 2024, ya no se podrán comercializar más en los centros de educativos de primaria y secundaria de todo el país.

La medida, que busca una alimentación más saludable en los jóvenes, golpea a los cantineros. Desde la Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay, su presidenta, Alejandra Ferreira, contó a El País que ya cerró el 50% de las cantinas en los centros públicos, ya que la decisión del gobierno de implementar la nueva normativa hace “imposible” que puedan trabajar.

Las cantinas de escuelas y liceos renuevan sus contratos en cada mes de octubre -sea por decisión del comerciante o de la dirección-, por lo que ya se sabe dónde habrá cambios el año próximo, explicó Ferreira, que tiene una cantina en el liceo José Belloni, en Villa Don Bosco. Diferente es en la educación privada, donde los acuerdos varían de un colegio u universidad a otro, añadió a El País.

Gran parte de las cantinas que ya decidieron cerrar, lo hicieron por “miedo” a lo que pueda pasar con sus negocios en 2024 cuando se comience a aplicar la prohibición. Hay liceos -incluidos dentro de los “más nombrados”- que están en una situación “complicada” -como lo son el Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA), Liceo Dámaso, Liceo Zorrilla y Liceo Francisco Bauzá- ya que van a quedar “libres” los espacios de las cantinas y se van a “volver a licitar”, contó la presidenta de la cámara que está afiliada a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

El sobrepeso y la obesidad es uno de los “principales problemas que enfrenta” Uruguay: “cuatro de cada 10 niños escolares tienen sobrepeso y dentro de estos, dos de cada 10, obesidad”. Así comienza la guía que realizó el gobierno que se llama “Las 7 prácticas en los centros educativos”, donde además se advierte de que el “problema avanza a una velocidad extremadamente preocupante en todos los grupos de edad y, en particular, en los niños y adolescentes”.

Desde la ANEP, la directora de Derechos Humanos, Gloria Canclini, dijo a El País que promueven en los centros educativos el “consumo de alimentos saludables” como los productos frescos con “bajo contenido en sodio y sin grasas trans”, y las frutas y verduras. Así como también se enfocan en la necesidad de hacer ejercicio físico con el objetivo de combatir el sedentarismo. Dicho de otra manera, buscan que se genere un “cambio de hábito y cultural” con diferentes actividades.

La prohibición se aplicará dentro de los centros educativos, y los cantineros se quejan de que no abarque a los comercios que están cercanos. Este es uno de los puntos en los que Ferreira, de la Cámara de Cantinas de Espacios Educativos del Uruguay, hace mayor hincapié. Desde su experiencia, los jóvenes van a salir, comprar los artículos con octógonos en comercios aledaños, e ingresarlos a los liceos para consumirlos. Por lo que ve una injusticia en la situación que se generará.

La situación para los cantineros, además, es desafiante por los precios “altos de alquileres”, contó, y añadió que “ya no es viable” tener una cantina en zonas de “contexto crítico” como donde está ella, ya que “muchas veces” logran a fin de mes sacar “menos de un sueldo base”.

¿Cuál es la legislación que se comenzará a aplicar? El Ministerio de Salud Pública hace un listado de alimentos nutritivamente adecuados teniendo en cuenta la “mejor evidencia científica disponible” y las “recomendaciones nutricionales para la población uruguaya”.

A partir de la Rendición de Cuentas que se aprobó en 2022, se estableció que todo producto no incluido allí -por ejemplo, los que tienen octógonos de exceso de azúcares, grasas, grasas saturadas o sodio-, no se podrán comercializar en los centros educativos de todo el país.

Los que sí están en el listado son los “alimentos y bebidas naturales o mínimamente procesados; preparaciones elaboradas en el punto de venta que contengan ingredientes recomendados en proporciones adecuadas; y alimentos procesados envasados que cumplan con límites adecuados en cuanto al contenido calórico y de nutrientes”.

Desde la Alianza para el Control de Enfermedades No Transmisibles, su presidente Diego Rodríguez contó que apoyan la iniciativa y están a la “expectativa de que se aplique” con dudas por cómo será la fiscalización que realice la ANEP y el MSP. Es que -según constataron en los últimos años- hubo una deficiencia en el control de la prohibi- ción de publicidad de estos productos.

“Si no hay fiscalización, no se cumple”, sentenció Rodríguez, y marcó que la normativa aún tiene aspectos por mejorar, ya que se habilita a que se vendan productos light que no tiene octógonos pero que no deberían estar en centros educativos de acuerdo a las propias pautas sobre alimentación saludable de la actual administración. De esa manera, a su entender, queda “trunco el poder para lograr el objetivo completo” de alimentación saludable en la educación.

Detectaron desde la organización, además, que hay centros educativos privados que “no tienen conocimiento de cuál es la normativa vigente”, es decir, cuáles son los productos que se pueden comercializar. Por lo tanto, consideran que hay “falta de información y capacitación” por parte de las autoridades, más allá de que se publiquen manuales sobre prácticas saludables.

Pero, como se vio, no todos ven con buenos ojos la normativa. La prohibición de la venta de productos se discutió en 2022 en el marco de la Rendición de Cuentas. En esa oportunidad, la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali) se posicionó en contra la medida al concurrir a las comisiones del Senado y Diputados.

Allí planteó varios argumentos. Uno es que los alimentos con octógonos son “productos de libre venta, debidamente registrados y rotulados acorde a las reglamentaciones vigentes. Si bien es factible prohibir la venta de ciertos productos, dicha restricción siempre ha estado asociada con productos que se ha demostrado son nocivos para la salud”.

Otro de los cuestionamientos es que se habilitó a “vender productos ‘caseros’ sin rótulos, lo que dificulta el control por parte de la autoridad sanitaria, de la composición nutricional de esos alimentos y su cumplimiento con la definición de alimento recomendado, pudiendo derivar en mayor consumo de azúcar e ingesta calórica por consumo de productos no procesados”.

Por último, consideraron que el “camino debería ser educar e informar desde la infancia, pero no prohibir, lo cual ya lleva implícito la enseñanza de aprender a elegir mediante la información”.