Edificios del Estado sin habilitación

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DEBORAH FRIEDMANN

Para abrir una casa de salud, un liceo o un centro asistencial privado, los organismos oficiales solicitan a las empresas la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Sin embargo, el propio Estado está omiso en una amplia gama de sus propios locales, que no cuentan con los mecanismos de prevención y defensa contra incendios.

Es así que la amplia mayoría de los hospitales públicos, liceos y juzgados carecen de la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, dijo a El País el oficial principal Jorge Roqueta, vocero de la institución.

A modo de ejemplo, Roqueta citó los hospitales Pasteur, Maciel y Clínicas, que no tienen permiso. Dijo que tampoco está habilitada la sede de la Universidad de la República y la mayor parte de sus facultades, ni la mayoría de los liceos públicos y los juzgados.

En la misma situación está la "mayoría" de las sedes ministeriales. Incluso, el edificio sede de la Intendencia Municipal de Montevideo, que otorga y fiscaliza habilitaciones a una gran cantidad de locales, tampoco cuenta con el permiso, según Roqueta.

La habilitación implica más que tener implementos para combatir un incendio. Comprende un plan de evacuación y capacitación a cierta proporción de los funcionarios para las primeras tareas de combate al fuego.

Tener la habilitación vigente implica que Bomberos tenga posibilidades de actuar con más eficacia en un eventual incendio. Al concurrir al lugar, el personal chequea las salidas y cuáles son los riesgos de los espacios más cercanos al fuego. "En estos locales no habilitados, Bomberos carece de información elemental para apoyarse en una emergencia", indicó Roqueta.

El riesgo que conlleva carecer de las medidas preventivas depende del tipo de local y de la estructura. "No es lo mismo un edificio de dos plantas que el Clínicas. En general un local de enseñanza no ofrecería mayores riesgos que los de una vivienda doméstica", sostuvo. En cambio, los juzgados, por la cantidad de personas que pasan por día y de documentos que se conservan, son considerados de alto riesgo.

Los locales públicos que sí suelen estar habilitados son los que fueron construidos en la última década, apuntó. Por ejemplo, el Pereira Rossell no cuenta con el permiso, salvo en un "ala nueva". Además, tienen sus papeles en regla el Edificio Libertad y la sede de la Suprema Corte de Justicia.

PERMISO. Las habilitaciones de Bomberos están establecidas en la ley 15.896 de 1987. Su artículo 4° es más que claro: "Ninguna construcción, salvo las destinadas a vivienda de un núcleo familiar, podrá ser habilitada para su uso sin la previa autorización de la Dirección Nacional de Bomberos". La ley fue reglamentada por el decreto 333 del año 2000. Estableció que la habilitación certifica "el cumplimiento de las medidas de prevención y protección contra siniestros".

"Las intendencias municipales no habilitarán el uso de ninguna construcción, excepto las destinadas a casa habitación de un único núcleo familiar, sin la previa acreditación de la habilitación", dispuso. El decreto fijó además que los dispositivos destinados a la protección contra siniestros sean aprobados por Bomberos, previo a su comercialización.

Obtener esa autorización lleva dos pasos. Primero se debe solicitar un asesoramiento del organismo. El interesado concurre a Bomberos y entrega los planos del local. Luego lo visitan técnicos para hacer el "asesoramiento primario". Evalúan el lugar, observan los riesgos de incendio ("carga de fuego") y eventuales peligros e informan al cliente las medidas que debe tomar. Además de extintores, se puede solicitar puertas cortafuego, sensores de temperatura y de humo.

"Hay mucha gente que hace esa parte del trámite y nunca más hace nada. Creen que están habilitadas pero no es así", dijo Roqueta. Cuando el interesado considera que cumplió las exigencias, debe solicitar una nueva inspección. Si cuenta con las medidas adecuadas, lo habilitan. El permiso tiene una validez de tres años.

El decreto del año 2000 estableció sanciones a su incumplimiento de entre 10 y 100 Unidades Reajustables (entre $ 2.923 y $ 29.235). Sin embargo, hasta el momento Bomberos no ha multado a infractores. Roqueta dijo que no hay inspectores capacitados para la tarea y que no están establecidos los criterios para sancionar. Además, como al organismo le falta personal, por cada solicitud la visita de Bomberos puede demorar hasta tres meses.

SALUD. Roqueta explicó que el Ministerio de Salud Pública exige la habilitación final de Bomberos para abrir una farmacia, un sanatorio o un hogar de ancianos. "Esta obligatoriedad no la vemos en los hospitales públicos. Podemos decir que prácticamente 100% de los locales privados cuenta con el permiso, pero más del 90% de los hospitales no tiene la habilitación final. Otros, ni siquiera iniciaron el trámite", dijo. La situación se repite en policlínicas de salud estatales y en los hospitales del interior. Los lugares con alta concentración de público, como el Hospital de Clínicas, requieren personal entrenado para actuar ante un incendio. "Por más que tengan una cantidad adecuada de extintores, si no hay personas que los sepa manejar, es lo mismo que la nada", sostuvo.

EDUCACION. Para Roqueta en la enseñanza se da la misma contradicción que en la salud. "Las autoridades de la enseñanza exigen como requisito a una nueva escuela privada, guardería o universidad tener la habilitación", dijo.

En cambio, "las facultades no están habilitadas, la Universidad de la República tampoco. Lo mismo ocurre con la mayoría de escuelas y liceos públicos".

El funcionario dijo que hay entre 30% y 40% de los locales de enseñanza público que en algún momento, de acuerdo a la dirección "de turno", le dieron más importancia al tema e iniciaron el trámite. "Difícilmente lo culminaron; quedaron en la primera parte del asesoramiento". Los que sí tienen habilitación, son los locales de enseñanza que se construyeron a partir del año 2000, a través de financiamiento de organismos internacionales, indicó Roqueta.

JUZGADOS. A Bomberos le preocupan los juzgados. La mayoría carece de la habilitación y están "atestados de archivos y de expedientes". "Basta ir a un juzgado para ver la cantidad de gente y prácticamente ninguno tiene habilitación", dijo. A modo de ejemplo, citó las sedes de la calle Misiones, Bartolomé Mitre y 18 de Julio. El "único" local judicial que tiene la habilitación vigente es la sede de la Suprema Corte de Justicia, que es un lugar que más allá de su valor patrimonial, no representa un sitio con alto riesgo, como sí lo son los juzgados.

Roqueta consideró que los bomberos "siempre nos vamos a apoyar en el Poder Judicial como órgano rector para concretar acciones, por ejemplo un desalojo, pero no nos da buenas señales en ese sentido".

Dos incendios en lugares masivos ocurridos en la región trascendieron fronteras y llevaron a aumentar los controles en Uruguay. Fueron los siniestros de la discoteca porteña República Cromañón del 30 de diciembre de 2004, en el que fallecieron 194 personas y el del supermercado Ycua Bolaños de Asunción, donde hubo 300 muertos.

El vocero de Bomberos, Jorge Roqueta, contó a El País que tras esos dos incendios se decidieron incrementar los controles. "Hubo un efecto dominó a partir de lo que sucedió".

Tras el siniestro de Asunción, la dirección de Bomberos controló las medidas de prevención de incendios de los shoppings uruguayos. "Estaban bien", afirmó Roqueta. Antes, en Punta Carretas Shopping había habido un incendio. Algo similar sucedió tras Cromañón. El entonces ministro del Interior, Alejo Fernández Chávez, ordenó a Bomberos realizar un informe "exhaustivo" sobre la situación de los boliches. "La respuesta que se le dio es que un altísimo porcentaje estaban bien y los que no tenían permiso eran mínimos", dijo Roqueta. "En ese sentido, en Montevideo se puede salir tranquilo", añadió.

"Yo atribuyo la falta de permisos a que somos uruguayos. Es un problema de idiosincrasia. La seguridad en el país es una de las áreas no sólo de menos inversión sino también de menos importancia y preocupación", dijo el vocero de Bomberos, Jorge Roqueta.

El funcionario dijo que es muy común escuchar quejas sobre el "hemisferio norte". "Sin embargo hay cosas que hay que tomarlas. Por ejemplo, desde los primeros niveles de la enseñanza son obligatorios los ejercicios de prevención de incendios dos veces por año", contó.

Al ser consultado sobre si creía que incidía el tema de los costos del permiso y de los implementos, Roqueta dijo que no. El permiso de Bomberos cuesta entre 2 y 10 Unidades Reajustables ($ 584 y $ 2.923), dependiendo del metraje del local.

Lo que se le suele pedir a los locales son extintores y en algunos casos sensores de humo y de calor. A modo de ejemplo, un extintor de cuatro quilos ronda los $ 900 y el cartel indicador que deben llevar, los $150. Un sensor de humo cuesta unos $ 500 y lo mismo uno de temperatura.

El estudio "Condiciones de trabajo y salud docente" de la Unesco, que analizó la situación en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay, concluyó que un aspecto crítico en los seis países es el déficit de la "seguridad contra incendios".

"Llama la atención que se detecten estos déficits en las visitas inspectivas, considerando que en todos los lugares se ha vuelto práctica común el ensayo de medidas preventivas ante catástrofes", sostuvo el informe publicado en octubre de 2005.

El capítulo referido a Uruguay señaló que se detectaron entre los "problemas importantes" la "falta de señalización de seguridad y protección contra incendios".

DONDE Se tramita en Mercedes entre Minas y Magallanes en Montevideo, de lunes a viernes entre las 8 y las 16 y 30 horas. Por informes y para conocer los locales donde solicitarlo en el interior se puede llamar al 400-71-61 interno 365.

ETAPAS Consta de un asesoramiento primario, donde Bomberos concurre al lugar y da recomendaciones. Cuando ellas se cumplen el interesado debe solicitar al organismo una inspección para obtener el permiso final.

ASESORAMIENTO El interesado debe llevar dos juegos completos de planos de construcción y dos juegos de memorias descriptivas de la construcción. Tiene que completar un formulario que tiene valor de declaración jurada y entregarlo con una copia.

INSPECCION Tiene que presentar un formulario, el trámite de asesoramiento, factura de OSE, fotocopias del recibo de compra de los inspectores y una constancia de haber realizado los cursos en los casos que se piden.

COSTO Y VIGENCIA Va entre 2 y 10 unidades reajustables, dependiendo del metraje. La habilitación es válida por tres años. Luego debe ser renovada.