La Justicia desestimó una demanda presentada por un grupo de militares que fue dados de baja o cesado durante la dictadura. Estos militares reclamaron una indemnización al Ministerio de Defensa Nacional a raíz de una incorrecta aplicación de una ley aprobada en 2006, mediante la cual el gobierno reparó sus carreras y les otorgó los beneficios jubilatorios que les hubieran correspondido por sus ascensos.
Los demandantes -entre quienes se encuentra el general Edison Arrarte, uno de los principales referentes del grupo político que el año pasado impulsó la reelección del presidente Tabaré Vázquez- reclamaron al Estado la aplicación retroactiva de beneficios jubilatorios resultantes de la reconstrucción ficta de su carrera a partir de una etapa anterior a la de su pasaje retiro.
En tal sentido, alegaron que en la aplicación de la ley 17.949 recibieron un trato diferencial que los perjudicó en relación a otro grupo de militares que no se acogieron a una reparación parcial impulsada en el año 1991 por el entonces presidente Luis Alberto Lacalle.
En la demanda también señalaron que en algunos casos, hubo interesados a quienes se les recompuso la carrera, pero igualmente se les otorgó un grado inferior al que les correspondía.
A raíz de ello, pidieron que se condenara al Ministerio de Defensa a resarcirlos con la diferencia que surja de esa situación en una sola cuota, que debería sumarse a la indemnización que podría ser abonada en cuotas, según indicaron.
Sin embargo, el juez de lo Contencioso Administrativo, Pablo Eguren, desestimó la demanda, al considerar que "desde ningún punto de vista" se vio alterado el principio de igualdad consagrado en la Constitución.
Eguren indicó que "la reconstrucción del grado a la que aspiran los actores no es una reconstrucción real sino ficta, creada por la ley a los solos efectos de establecer una prestación de pasividad más justa, por efecto de habérseles impedido la legítima expectativa al ascenso, cumplidos los requisitos legales en régimen de normalidad".