Interior advierte que se podría aplicar ley de responsabilidad empresarial.

Cuatro personas pasaron ayer por los estrados judiciales por el homicidio del cabo Walter Coronel. Nadie se hizo cargo del crimen y la Justicia dispuso la liberación de una mujer que había sido detenida en la mañana.

El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, lamentó el fallecimiento del policía y aseguró que su familia recibirá una pensión y otras ayudas. Además, anunció que se denunciará a las empresas y particulares que contraten efectivos policiales para hacer tareas de seguridad.

La jueza Marcela Vargas y el fiscal Leonardo Morales recibieron el testimonio de dos empleados y el propietario de la pizzería donde fue ultimado el policía. Los testigos no pudieron identificar a los detenidos como los autores del asalto y homicidio. Hubo una ronda de reconocimiento que incluyó el cotejo de la voz pero los resultados fueron negativos.

La Policía maneja grabaciones de video vigilancia que podían resultar clave para identificar a los asaltantes.

Si la Justicia encontrara penalmente responsable a uno de los indagados podría aplicarle una pena de 30 años de penitenciería, la máxima prevista por la legislación nacional.

Consultado al respecto, el fiscal Gustavo Zubía sostuvo que el procesado podría redimir con estudio o trabajo 10 años. Del saldo de esos 20, a la mitad, podría solicitar la libertad anticipada ante la Suprema Corte de Justicia. Eventualmente, podría antes pedir salidas transitorias, indicó.

En horas del mediodía de ayer, la Unión de Sindicatos Policiales convocó a una concentración en reclamo de soluciones para la familia policial. La concurrencia fue reducida y se presentaron representantes de organizaciones de víctimas a respaldar a los uniformados.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, informó que la viuda del cabo Wilson Coronel cobrará una pensión de $ 28.000 por mes.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa que contó con la presencia del subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, y la presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales, Patricia Rodríguez, tras una reunión entre las partes.

"Cuando muere un trabajador el Pit-Cnt está de luto, sea de la construcción, de la Policía o de cualquier rama de actividad. Teníamos la necesidad de atender el asunto humanitario y eso lo entendíamos todas las partes. La viuda cobrará una pensión de $ 28.000 nominales a los que hay que restarle un 4%", indicó Pereira.

En tanto, Vázquez hizo llegar a los familiares y compañeros del policía su "más profundo dolor" por su deceso. Aseguró que cuando días atrás se refirió a las contrataciones irregulares lo hizo "no para censurar al policía sino la actitud de empresarios y comerciantes que buscan mano de obra barata para poder cuidar sus intereses".

El Ministerio presentó una denuncia penal contra la pizzería donde fue asesinado Coronel. El objetivo de la acción judicial es que la Justicia se pronuncie sobre la forma en que se contrató al policía, señaló.

Además, indicó que se presentará una denuncia cada vez que las autoridades ministeriales tomen conocimiento de que se está desarrollando este tipo de servicios. También se tomarán medidas administrativas con los policías. "El servicio 223 es ilegal. Cada vez de que nos enteremos que hay un servicio 223 lo vamos a denunciar penalmente. Está prohibido por ley", dijo.

Vázquez confirmó que no hay antecedentes de sanciones contra empresas contratantes. Consultado por El País, Vázquez admitió que en estos casos se podría aplicar la ley de responsabilidad empresarial.

Tras la conferencia, la dirigente Patricia Rodríguez se dirigió a la casa de la madre de los hijos del policía a trasladarle una oferta de trabajo en el Ministerio. Se trata de un puesto administrativo, dijo Rodríguez.

En la próxima semana, se reunirán técnicos de Interior y de los sindicatos policiales para evaluar medidas que atiendan a la situación de los efectivos que realizan guardias irregulares, conocidas como "servicio 223".

Mientras tanto, el Sindicato Único de Policías del Uruguay (Supu) calificó como "humo" el resultado de la reunión entre los sindicatos "afines al gobierno" y el Ministerio del Interior.

"Es un hecho político, lo que le dieron a la familia del policía fallecido es lo que le correspondía aún si no si se hacía esa reunión. La pensión, la cobertura de salud para la familia y el trabajo son soluciones típicas en estos casos. La gestión del Pit-Cnt y los sindicatos oficialistas no innova", afirmó a El País Miguel Barrios, encargado de asuntos legales del Supu.

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para que las familias de los policías abatidos por la delincuencia, en cualquier circunstancia, tengan derecho a todos los beneficios previstos por la normativa para estas circunstancias.

La decisión de denunciar a los comerciantes que contraten el servicio 223 sorprendió a los empresarios. Anoche se encontraba reunida la gremial de almaceneros y baristas (Cambadu) para analizar el tema. "El Ministerio salió a jugar fuerte. Los comerciantes contratan a los policías directamente, lo hacen por determinada cantidad de horas, algo que no se puede hacer con una empresa de seguridad y al policía le sirve porque esa plata queda íntegra para él", dijo a El País Daniel Fernández, vice presidente de Cambadu.

Durante la movilización de la mañana de ayer la presidenta de la Unión de Sindicatos Policiales, Patricia Rodríguez, afirmó que "los compañeros trabajan en otros servicios porque el sueldo no alcanza".

PABLO MELGAR

GOBIERNO APUNTA A LAS EMPRESAS POR EL 223PABLO MELGAR