Denuncia contra Casal y Zaidensztat

La Justicia Penal tramita una causa por presuntas irregularidades en negocios realizados por el contratista futbolístico Francisco Casal, que involucrarían eventuales omisiones del ex director de la Dirección General Impositiva (DGI), Eduardo Zaidensztat.

Los hechos fueron denunciados por el empresario inmobiliario de Maldonado Alejandro Passadore -que a su vez es presidente de la organización Transparencia Uruguaya- en base a la información contenida en el libro Pacomafia vs. DGI del periodista Ricardo Gabito Acevedo.

Según el libro, Zaidensztat no tramitó como debía el expediente administrativo por presunta evasión tributaria de parte del Grupo Casal, que finalmente derivó en un embargo genérico contra el empresario por un monto inicial del US$ 25 millones y también en la presentación de una denuncia penal por el delito de defraudación tributaria.

Sin embargo, esa denuncia terminó siendo archivada debido a que no se constató la existencia de un delito penal sino, en todo caso, una falta tributaria que debe ser dirimida en el ámbito administrativo del organismo recaudador.

Según el libro de Gabito Acevedo, Zaidensztat "fue cómplice con su omisión y silencio, de un intento de hurto del expediente", denuncia el periodista en la publicación.

Además, hubo otras irregularidades, como por ejemplo la venta de un futbolista de Progreso a un equipo europeo por un total de US$ 7.325.000, de los cuales el club uruguayo solamente percibió US$ 165.000, según documentación de la DGI citada en el libro de Gabito Acevedo.

El miércoles, Passadore ratificó su denuncia ante el juzgado a cargo de Nelson Dos Santos. Previamente, el empresario hizo llegar su escrito a otros jueces penales de Montevideo y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero solamente Dos Santos lo convocó para iniciar el trámite del caso.

Fuentes judiciales dijeron a El País que, en principio, existirían elementos para comenzar una investigación. Por ese motivo, en los próximos días, el juez Dos Santos resolverá si convoca a declarar a los involucrados. También podría derivar el caso a una de las sedes de crimen organizado, por la competencia de los eventuales delitos a indagar.

ESPECIALIZADO. Cuando el juez penal Carlos García archivó en el pasado mes de junio la denuncia por defraudación tributaria contra Casal, a pedido de la fiscal Dora Domenech, derivó parte del expediente al juez especializado en crimen organizado Jorge Díaz, para que indague los motivos por los cuales la DGI demoró casi seis años en definir si existía o no defraudación.

El perito contable que intervino en la denuncia contra Casal, Marcelo Arámbulo, cuestionó en su informe técnico que entre 1998 y 2001 la deuda de Casal ya ascendía a US$ 12.971.115, pero "sin motivo aparente" se interrumpió el trámite administrativo.

Por ese motivo, la fiscal Mónica Ferrero pidió información a la DGI respecto a los motivos de la demora en el trámite del expediente de Casal. Se estima que en el corto plazo el magistrado Díaz evaluará la posibilidad de citar a declarar a Zaindensztat por esos hechos.