El comisionado de Cárceles a favor de medidas alternativas a la prisión.

Como solución al problema de seguridad, la oposición reclamó agravar las penas y el gobierno accedió a analizarlo. Sin embargo, el Frente Amplio se opone a recorrer este camino y el comisionado parlamentario de cárceles, Juan Miguel Petit, no entiende cómo no existen alternativas a la reclusión.

El aumento de penas estuvo sobre la mesa en la última reunión sobre seguridad convocada por el presidente Tabaré Vázquez el pasado viernes 22. "El Partido Nacional propone que estudiemos modificaciones al Código Penal con respecto a los temas del aumento de penas. Un segundo punto que plantea y que vamos a analizar —no hay temas proscriptos— es el combate al narcotráfico. Y el tercero es sobre las modificaciones al tratamiento penal de los delitos cometidos por menores", dijo el presidente.

El diputado Pablo González (lista 711) señaló a El País que "las penas existen e igualmente los delitos se cometen", por lo que desde su punto de vista el agravamiento de penas no representa ninguna solución. "Es importante que existan las penas, pero hay otras cuestiones que deben incidir en una política de seguridad", afirmó.

El diputado Luis Puig (PVP) dijo a El País que "el agravamiento de las penas no ha sido solución en ninguna parte del mundo". "No creo que sea una práctica común de alguien que va a delinquir la consulta del Código Penal. En la mayoría de los casos no solo no soluciona, sino que agrava porque produce un mayor hacinamiento carcelario", acotó el legislador.

El diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) señaló a El País que hay que darle prioridad a la reforma del Código Penal "más que aumentar penas a determinados delitos, porque de lo contrario podría darse la situación de que un delito tuviera mayores penas que otros". Sobre el fondo del asunto, consideró que en su opinión "el aumento de penas no resuelve el problema de la seguridad, de hecho más de una vez el país lo ha practicado y la conclusión es que los delitos se agravaron".

En la legislatura pasada, el Frente Amplio rechazó el proyecto de ley remitido por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para duplicar las penas a menores infractores que cometieran delitos gravísimos homicidio, violación, rapiña y copamiento).

En la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, del pasado 13 de abril, Petit señaló que algunos podrán decir que "si hay muchos delitos, tiene que haber muchos presos". Sin embargo, en su trabajo como comisionado llega a una conclusión diferente. "Uno se encuentra con personas privadas de libertad y se agarra de la cabeza porque no entiende cómo no existen otras alternativas de restauración, de justicia restaurativa u otro tipo de medidas que puedan funcionar. A veces digo que la cárcel está funcionando como un hospital que solo tiene CTI. Es como si uno fuera al hospital porque tiene gripe y le digan que tiene que entrar al CTI", señaló Petit. Para ilustrar su pensamiento, puso como ejemplo el caso de un señor en el interior que robó dos cajones de lechugas y fue preso. Otro caso que citó fue el de un joven que hizo una fiesta, en la que compartió cartones de la droga LSD con sus amigos y terminó preso. "Hay que tener en cuenta que hay una cierta idea de que las drogas están legalizadas y que se pueden consumir, invitar y mientras no vendas o algo así, está todo bien", comentó.

Para Petit, no hay una decisión racional a la hora de cometer un delito. "Nosotros no nos levantamos todas las mañanas y decimos: ¿Hoy que me convendrá? ¿Ir a trabajar o cometer un delito?. Hay un conjunto de cosas que nos hacen ser como somos, que llevan a actuar como actuamos, y cuando enfrentamos una situación crítica, la resolvemos en base a todo eso que tenemos", opinó en la misma línea que los legisladores frenteamplistas.

La población carcelaria llegó en febrero a un total de 10.117 reclusos, y sigue en aumento. "Preocupa mucho la cifra, pues estamos yendo a una hiperinflación penitenciaria. Creo que ya estamos en 310 presos cada 100.000 habitantes. Eso supera lo que llamamos el índice de prisionización, que es la cantidad de presos cada 100.000 habitantes. Y eso nos indica que algo serio nos está pasando, porque tenemos un índice mayor que el de Paraguay o de Argentina; nuestra cantidad de presos por habitantes que es muy alta", explicó.

Petit entiende que "la cárcel está funcionando como un factor de violencia", al contrario de lo que debería. Según dijo, una de las dificultades que se plantea es el trato de los reclusos con la familia.

"Es verdad que hay algunas que introducen droga o un arma, pero también es verdad que la gran mayoría no y que hay que buscar cómo evitar el aumento y el contagio de la violencia en la familia a partir del mal tratamiento que se pueda dar desde el Estado. Entonces, nos preguntamos si la cárcel es parte del problema o de la solución", reflexionó.

El comisionado explicó que en la medida en que las condiciones de reclusión son "muy malas y violentas" se produce una suerte de "entronización" que lo vuelve al recluso "una especie de víctima, ícono o héroe, cuando su familia conoce las penurias que vive". Entonces, se crea en el barrio y la familia una suerte de "mitología".

El comisionado de Cárceles Juan Miguel Petit planteó una serie de recomendaciones "básicas" al Poder Ejecutivo, una de ellas es que funcionen las cámaras de seguridad dentro de los establecimientos.

"Dentro del Penal de Libertad hay cámaras de seguridad que no funcionan o no están instaladas. Es imposible tener la verdad absoluta sobre lo que pasó allí, porque no había cámaras. Es obvio que en un penal de seguridad tienen que existir cámaras de seguridad", afirmó.

Por otra parte, se opone el traslado de madres con hijos del centro "El Molino" a la Unidad N° 5. "Nosotros desaconsejamos totalmente ese traslado, no porque El Molino tenga excelentes condiciones físicas, ya que tiene algunos problemas que tienen solución, sino porque la situación de la Unidad N° 5 no es buena", acotó.

CÁRCELESVALERIA GIL