Cuestionan delito de enriquecimiento

El director de la cátedra de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Miguel Langón, y el docente Mauro Rinaldis, opinaron que la iniciativa del Poder Ejecutivo de crear como figura delictiva el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos es inconstitucional por cuanto no respeta "el principio de legalidad y el de culpabilidad".

A fines de febrero, el gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley que actualiza varios aspectos del funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep, conocida como Junta Anticorrupción).

La iniciativa, que está a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos del Senado, penaliza como enriquecimiento ilícito al funcionario público que en una indagatoria judicial no pueda justificar "la procedencia de un significativo enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo".

El proyecto aclara que podrá ser imputado el nuevo delito "siempre que el hecho no derive en otro delito más grave". Según el proyecto, el enriquecimiento ilícito será castigado con una pena que oscila entre los 18 meses y los seis años de prisión.

En un artículo publicado en la última edición de la revista Legislación de la editorial La ley, Langón y Rinaldis hacen varios cuestionamientos al proyecto del Poder Ejecutivo de establecer como delito el enriquecimiento ilícito.

Para los abogados, la iniciativa "consagra un delito de sospecha" donde el Estado "no sabe, ni puede ni quiere determinar qué es lo que efectivamente pasó" y por eso "opta por comodidad, pereza y desaliento por tipificar como delito el mero hecho objetivo del enriquecimiento".

Por otro lado, Langón y Rinaldis plantean que la redacción del proyecto, vincula necesariamente el enriquecimiento ilícito con una conducta delictiva previa.

Al respecto, señalan que "si se ha probado el peculado, el cohecho, o el fraude ¿qué necesidad hay de tipificar como delito algo que no es una conducta en sí misma, sino el resultado de ella?". Por eso, para los abogados, se debería hablar de enriquecimiento injustificado y no ilícito.