Críticas a las declaraciones de militares durante actos

1/1: Declaraciones de mlitares retirados sobre la situación de sus compañeros encarcelados levantaron acaloradas críticas (El País)

Organizaciones de derechos humanos de Uruguay fustigaron hoy las declaraciones de militares retirados que cuestionaron la "validez jurídica" de los juicios por los crímenes cometidos en los 70 y reivindicaron su actuación durante la dictadura (1973-1985).

"Militares que no quieren ahora estar presos, fueron quienes encerraron y torturaron a hombres y mujeres durante la dictadura y hasta hoy, más de 30 años después, algunos de los hijos de los torturados llevan rastros del tratamiento padecido por sus padres", dijo a ANSA Luisa Cuesta, de la organización de familiares de desaparecidos.

Cuesta replicó las declaraciones del general retirado Luis Pires, presidente del Centro Militar, que durante un acto por "los caídos en defensa de las instituciones democráticas", sostuvo que "por una particular interpretación" de la Ley de Caducidad, que amnistió a policías y militares en 1986, "varios camaradas se encuentran en prisión por causas de discutible sustento jurídico".

Una decena de militares, entre ellos el ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), cumplen penas de prisión en una cárcel especial de las afueras de Montevideo por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura.

Cuesta consideró que en lugar de cuestionar la aplicación de la Ley de Caducidad, los militares "deberían de una buena vez confesar todo lo que hicieron y decir dónde están los restos de los desaparecidos", durante el régimen militar, y que según los organismos ascienden a por lo menos 200 personas.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales de Uruguay realizan actualmente una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum sobre la anulación de la Ley de Caducidad.

El abogado y activista Javier Miranda, hijo de un militante de izquierda desaparecido en la dictadura, indicó a ANSA que "las leyes están sujetas a interpretación", incluso la de Caducidad que benefició a los ex represores.

Miranda sostuvo que "la lectura actual" del gobierno de Tabaré Vázquez a los alcances de la Ley de Caducidad "es más acorde a los tratados internacionales firmados por Uruguay".

El general Pires rechazó también la permanencia en Chile de los militares Tomás Casella, Wáshington Sarli y Eduardo Radaelli, juzgados en ese país por el asesinato en Uruguay del ex agente de los servicios de seguridad de la dictadura chilena, Eugenio Berríos, cuyo cadáver fue encontrado en 1995 en una playa a 20 kilómetros de Montevideo.

ANSA