Crean sistema de control para los planes sociales

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Con un nuevo sistema integrado, el gobierno pretende controlar que efectivamente las familias beneficiarias de sus políticas sociales cumplan con las obligaciones. Olesker aseguró que ayudará para mejorar la eficiencia de los planes.

El gobierno presentará la próxima semana un sistema de seguimiento y control de sus políticas sociales, preocupado por las contraprestaciones que familias beneficiarias no realizan, sobre todo en el área educativa, mientras a nivel político se discute la dirección, control y eficacia de la asistencia del Estado a los sectores más vulnerables.

El denominado Sistema Integrado de Información del Área Social (SIIAS), anunciado ayer tras la reunión de gabinete en Suárez y Reyes por el ministro de Desarrollo Social (Mides), Daniel Olesker, revisará todos los programas que contengan asistencia directa para detectar posibles incumplimientos de requisitos de familias que reciben los beneficios.

A partir de esa información, realizará un informe mensual para que cada organismo implicado actúe en consecuencia, ya sea corrigiendo la prestación a la familia o exigiendo que cumpla con sus obligaciones para recibirlas, relató ayer a El País el director Nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, quien será el encargado de la coordinación.

Olesker explicó que con esto se apuntará a la "eficiencia" de las políticas sociales, un aspecto "central" para evitar "duplicar o solapar" prestaciones sociales. Permitirá, además, "evaluar el costo-beneficio", dijo.

La nueva herramienta funcionará en el Mides y será integrada además por los ministerios y organismos que cruzarán datos: Salud Pública, Educación y Cultura, Trabajo y Seguridad Social, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Banco de Previsión Social (BPS), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Controlará, por ejemplo, el sistema de Asignaciones Familiares, la Tarjeta Uruguay Social, los seguros de desempleo y los planes de vivienda.

El titular del Mides aseguró que ya existen "dos millones de datos" sistematizados por la secretaría de Estado para comenzar con la sistematización.

"Esto va a permitir mejorar muchísimo algo que el gobierno tiene mucha preocupación, y normalmente siempre se nos pregunta, y es cómo está el tema de las contraprestaciones, si se sabe si alguien que tiene una asignación familiar efectivamente envía a su hijo a la escuela", apuntó Olesker.

El Consejo de Ministros reunido ayer durante la mañana consideró que éste era un tema fundamental a difundir, expresó el ministro del Mides y coordinador del Gabinete Social, y para "dar un salto en materia de sostén de registro y de evaluación de las políticas públicas, en este caso en particular de las políticas públicas sociales".

La próxima semana se firma el convenio entre las instituciones para instalar el SIIAS. Luego entre marzo y abril habrá una presentación de los primeros datos, y en el correr de 2012 va a estar funcionando, seguro, relató Labat.

Con el SIIAS el gobierno va a poder saber qué persona o qué familia tiene qué tipo de beneficio, y eso será útil a la hora de diseñar o de controlar una política, consideró el director del Mides que será el encargado del nuevo sistema.

"Tenemos un alto porcentaje de contraprestaciones cumplidas en ASSE, y en educación el problema básico es que tenemos detectada la inscripción pero no la continuidad", comentó Olesker.

Cuando a partir de 2008 se instauró el nuevo régimen de asignaciones familiares en el marco del Plan de Equidad, la ley 18.227 estableció que uno de los requisitos para que los niños o adolescentes de hogares "en situación de vulnerabilidad socioeconómica" mantengan el beneficio era "la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza". Sin embargo, actualmente el BPS solo tiene la información anual sobre la inscripción a los centros de educación de la ANEP.

Ello ocurre a pesar del anuncio a mediados de agosto de 2011 de la puesta en marcha del llamado programa de Gestión Unificada Registro de Información (GURÍ), un sistema para pasar la lista "online" a través de las ceibalitas, pero que todavía no está operativo.

Actualmente, los padres cobran $ 940 por un hijo en edad escolar o menor de 5 años. Si hay más de un beneficiario en el mismo nivel se aplica una escala progresiva. Por hijos que cursan estudios en educación media los padres perciben $ 1.340, y por cada hijo discapacitado el BPS abona $ 1.340 mensuales.

Gran parte de los programas del Mides ha registrado "falencias" que "limitan" las "potencialidades" del instrumento en su implementación y en resultados, según un documento de evaluación de la secretaría de Estado denominado "Informe Mides, evaluación y seguimiento de programas 2009-2010", elaborado por la Dirección de Evaluación, informó el semanario Búsqueda.

Reporte: Cada mes, la nueva herramienta, dirá qué beneficiarios no cumplen requisitos.

El ministro del Mides, Daniel Olesker, fue citado a la comisión especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes por la diputada Ana Lía Piñeyrúa (Unidad Nacional), para responder por el destino de las transferencias en políticas sociales y el control de los programas. La legisladora nacionalista decidió el llamado luego de conocido el informe interno de la secretaría de Estado, donde se establece que gran parte de los programas han registrado falencias, y ello limita las potencialidades del instrumento, tanto en su implementación como resultado. También lo hizo al enterarse de un informe del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), donde se detalla en qué gastaron el dinero acreditado en las tarjetas alimentarias del Mides las familias que reciben el beneficio, y se detectó que buena parte lo utilizan para artículos no recomendados y otra, aunque muy baja, para productos prohibidos, como refrescos, bebidas alcohólicas y cigarrillos. El asunto generó polémica pública entre el INDA, que depende del Ministerio de Trabajo, y el Mides, quien objetó la metodología del estudio por considerarla errónea y ordenó quitarlo de circulación. Cuando Olesker salió públicamente a criticar el informe anunció que a principios de marzo habría uno nuevo realizado entre varios organismos estatales.