Cooperativas pagarán contribución

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EDUARDO BARRENECHE

La eliminación de exoneraciones tributarias a cooperativas de viviendas con más de 20 años de ocupación fue planteada por el municipio en su mensaje presupuestal enviado a la Junta. Fucvam calificó la medida de arbitraria y recaudadora.

En la Federación de Cooperativas de Viviendas por Ahorro y Préstamo (Fecovi), fuentes señalaron que desconocían esa decisión de la administración frenteamplista y advirtieron que ello generaría inquietud en las cooperativas.

El alcance de la resolución afectaría, en una primera etapa, a unas 1.500 viviendas de cooperativas. Estas comenzarían a tributar a partir del 1° de enero del 2008, según estimaron los técnicos de la Intendencia.

En Montevideo existen unas 350 cooperativas agrupadas en Fucvam. Y unas 60 bajo la representación de Fecovi. La mayoría de ellas se constituyeron hace menos de 20 años.

La resolución de la comuna establece, además, que los montos abonados por concepto de contribución inmobiliaria por las cooperativas será destinado al Fondo de Cartera de Tierras para futuros emprendimientos cooperativos.

El edil del Movimiento de Participación Popular (MPP) Luis Luján reconoció que la decisión del municipio "generará polémica" con las federaciones cooperativistas.

Sin embargo, advirtió que la resolución municipal busca priorizar "un criterio de solidaridad", ya que las cooperativas estuvieron exoneradas de impuestos durante 20 años mientras sus copropietarios abonaban las cuotas al Ministerio de Vivienda o al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

"Para poder crearse, muchas cooperativas recibieron ayudas de la Intendencia para la compra del terreno. Ahora deben devolver a la ciudad parte de ese esfuerzo", dijo.

Recordó que las cooperativas pagarían precios superiores si hubieran adquirido sus terrenos mediante un remate o una compra privada en lugar de hacerlo a la Intendencia de Montevideo.

Luján negó que la intención del municipio al cobrar contribución inmobiliaria a estos edificios busque un incremento de la recaudación.

VIOLACIÓN. El dirigente de Fucvam, Sebastián Oliveira dijo a El País que la decisión de la Intendencia de eliminar las exoneraciones tributarias a las cooperativas "viola" la Ley Nacional de Vivienda que otorga beneficios sociales a este tipo de emprendimientos. Agregó que una reglamentación municipal "no puede modificar o derogar" una norma nacional.

Este enfrentamiento entre la comuna y Fucvam también ocurrió el año pasado cuando la administración municipal intentó aprobar un decreto con contenido similar.

"Las exoneraciones tributarias son una conquista de los trabajadores. Primero trataremos de dialogar con la IMM para que elimine este artículo. Luego comenzaremos con las movilizaciones", advirtió el dirigente de Fucvam.

Indicó que el municipio de Montevideo incurre "en un error", ya que asimila a los usuarios de una cooperativa con el rol de propietarios.

"Yo no soy el dueño de la vivienda que ocupo. Lo es la cooperativa. Y tengo una parte de la misma. La casa que uso no está dentro del mercado inmobiliario de Montevideo", expresó el dirigente de Fucvam.

Al jerarca municipal que tuvo "la genial idea" de cobrar tributo a las cooperativas, Oliveira le recordó que la Intendencia "desvía hacia sus arcas" los recursos generados por la venta de la cartera de tierras.

"Esos fondos deben ser usados para adquirir más predios para futuras cooperativas y no para usar en rubros comunales", advirtió.

AGUJERO NEGRO. Otro pilar del mensaje presupuestal enviado por el intendente Ricardo Ehrlich a la Junta Departamental es la utilización del nuevo catastro de las tierras de Montevideo para calcular la contribución inmobilaria del 2008.

La medida determinará el incremento de hasta un 15% de ese impuesto para unos 270.000 padrones y bajará para los propietarios de 130.000 inmuebles. Ehrlich dijo que la utilización de los nuevos valores catastrales representará una mayor justicia tributaria en el departamento. Antes del reaforo, señaló, propiedades de valores similares ubicadas en dos barrios tributaban en forma diferente.

El diputado de Alianza Nacional, Javier García afirmó a El País que la decisión de la Intendencia de utilizar los nuevos valores catastrales "es un ajuste fiscal" con "un claro fin recaudatorio". Agregó que, en una reunión mantenida con Ehr-lich, le transmitió su preocupación por la utilización del nuevo catastro en el cálculo de los tributos inmobiliarios.

Según el legislador, el jefe comunal negó que ello se transformara en una suba de la recaudación. "Lo que debe hacer la Intendencia es achicar sus gastos en cargos políticos. Hay más de 100 dirigentes de confianza cobrando sueldo en la comuna".

51% Es el porcentaje que destina el municipio de Montevideo para el pago de retribuciones personales a sus 8.300 empleados.

72 Es la cifra en millones de dólares del déficit acumulado de la Intendencia. En los últimos tres años, la IMM bajó ese monto.

$ 650 Es el importe mínimo que pagará una casa en el 2008 por concepto de contribución inmobiliaria en Montevideo.

La administración de Marcos Carámbula disminuirá a la tercera parte los gastos de funcionamiento en la Intendencia de Canelones: centralizará compras, eliminará el cero en los teléfonos de línea, cambiará gradualmente el alumbrado público hacia un sistema más económico. La Intendencia gasta $ 10 millones anuales en electricidad y $ 20 millones en telefonía fija. Pero el absurdo del gasto lo constituye el agua: Canelones paga $ 8 millones al año a OSE por lo que se solicitará inspección urgente para estudiar las causas del consumo.

La proyección de recaudación para el año 2008 es de $ 2.000 millones. En 2006 se recaudó $ 1.700 millones y de acuerdo al primer semestre, este año se situará entre ambos montos. La recaudación significa el 75% del total del presupuesto. La Intendencia hará cada año, especial hincapié en el "ABC", alumbrado, basura y calles. Del total de lo recaudado, $ 900 millones se destinan a Obras y Servicios: de ellos habrá $ 700 millones para vialidad urbana y rural, $ 105 millones para urbanización y $ 37 millones para arquitectura.

En Gestión Ambiental el gasto será de $ 60 millones para el sistema de recolección. Incluye un ambicioso plan de compra de equipamiento a tres años por U$S 3 millones. Según supo El País se renovará la flota con la compra de 9 camiones compactadores, 12 camiones abiertos, cuatro palas cargadoras, 500 contenedores para basura, 250 papeleras, 1 bulldozer, tractores, máquina limpiarena -para las playas- trituradora vegetal, y motobordeadoras. Otros $ 900 millones se destinarán a salarios y los $ 200 millones restantes se dividirán en partes iguales para endeudamiento y gastos de funcionamiento. En este último rubro se gastaron $ 300 millones en 2006: se espera bajar a una tercera parte. Pese a esto, "los problemas de fondo no se solucionan" reconoció el director Financiero Contable Hugo Pose al referirse al endeudamiento de

U$S 100 millones que tiene la comuna. La Intendencia no tiene posibilidades de pedir préstamos por su categorización ante los organismos crediticios. "Al último que le van a prestar un peso es al municipio de Canelones" comentó.

Javier García

Diputado de alianza nacional

"La decisión de la comuna de usar el nuevo reaforo catastral en el cálculo de la contribución inmobiliaria busca conseguir recursos en forma desesperada. Estos serán usados para cubrir las pérdidas generadas por el pago de la deuda laboral a los 8.300 empleados de la Intendencia y tapar el agujero negro de U$S 14 millones provocado por el déficit de los Casinos Municipales".

Luis Luján

Edil del MPP

"Ahora, con el reaforo realizado por Catastro, cada montevideano paga por la propiedad que tiene. Cuando la Intendencia invierte en una ciudad -saneamiento, alumbrado y plazas- esta toma valor. No es lo mismo un padrón con todos los servicios que uno que no lo tiene. Se valoriza la ciudad. Ello no va a significar aumentos importantes de la recaudación de la Intendencia".

A partir del 1° de enero del próximo año, la Intendencia de Montevideo cobrará una tasa bromatológica a todos los productos alimenticios que se comercialicen en el departamento capitalino.

Hasta el momento, el gravamen solo se exigía a aquellos productos fabricados o importados por empresas de la capital. "Ello generaba injusticias y problemas de competitividad en el mercado, ya que favorecía a los alimentos que provenían de otros departamentos que no eran gravados", dijo a El País el edil del MPP, Luis Luján.

Ello significa que el pago de la tasa deberá ser abonado por las firmas responsables de la fabricación de los productos, manipulación, fraccionamiento, almacenaje, distribución, transporte y comercialización de los mismos.

También deberán pagar este tributo toda empresa que comercialice alimentos importados o provenientes de otras zonas de Uruguay. No importa el domicilio de su elaborador o distribuidor.

El proyecto de decreto enviado a la Junta Departamental establece que los recursos recaudados por este gravamen serán usados en financiar tareas de policía higiénica sanitaria que efectúa el municipio.

La Tasa Bromatológica tendrá un valor de 5 Unidades Reajustables ($ 1.615) que se ajustará en cada oportunidad según la cantidad y complejidad del servicio de contralor o inspección del producto que se pretenda comercializar en el departamento de Montevideo.

Además, en el cálculo de esta obligación se tomará en cuenta una serie de factores como el riesgo potencial para la salud pública de las actividades de la empresa que presenta el alimento a la IMM; la complejidad de sus procesos de producción y el depósito de la empresa a inspeccionar.

El municipio podrá otorgar una bonificación de hasta un 40% del valor de la tasa para aquellas firmas que implanten sistemas de calidad en la elaboración de sus productos.