Convocan a jerarca por sanciones a Adeom

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Este jueves, cuando se levante el receso en la Junta Departamental de Montevideo, la bancada de ediles del Partido Nacional solicitará la comparecencia del director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, Jorge Basso.

Los nacionalistas pretenden recibir, de primera mano, explicaciones sobre los motivos por los cuales no se aplicarán sanciones a todos los trabajadores municipales que incumplieron el decreto de esencialidad durante el conflicto de la basura.

Como diera cuenta ayer El País, la intendenta Ana Olivera responsabilizó a Antel por "algunos casos" en que las notificaciones no llegaron a los funcionarios municipales cuya tarea fue declarada esencial durante la huelga de diciembre.

En este sentido, el edil nacionalista Álvaro Viviano declaró que puede haber "alguna intencionalidad política en el proceso, a efectos de minimizar las sanciones y también el impacto que las mismas tienen en los funcionarios".

"Todos los días se nos plantea la duda sobre quién manda en la administración y sobre la capacidad de mando de Ana Olivera", dijo Viviano a El País.

"Es una tomadura de pelo para la gente y el sistema político, que respaldaron a la intendenta cuando tomó la decisión de pedir la esencialidad", añadió el edil de Alianza Nacional.

Según Adeom, unos 420 trabajadores de los sectores Limpieza y Guardavidas incumplieron el decreto de la esencialidad. Desde la comuna, se entiende que ya estarían en condiciones de ser sancionados unos 100 funcionarios, aunque podrían sumarse algunos más.

En general, los que incumplieron el decreto faltaron un solo día, por lo que les correspondería cinco días de sanción.

GASTOS. En tanto, la intendenta Olivera autorizó ayer el pago -a diferentes radios y canales de televisión- del comunicado que se dirigió a los funcionarios para que se presentaran a trabajar. Se trata de una cifra cercana a los $ 500.000.

Solo en telegramas, según informaron las autoridades departamentales en la Junta, se gastaron unos US$ 50.000.

A su vez, Olivera reiteró ayer el gasto que generó la contratación de diferentes empresas que asistieron en la limpieza de la ciudad durante los días del conflicto. Este gasto, observado por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), asciende a $ 1.635.041. Entre las empresas contratadas se encuentran Ciemsa, Stiler S.A., C.S.I. Ingenieros y Consorcio Ambiental.