Consultoría para construcción de nueva cárcel en Punta de Rieles

Albergará a 2.000 reclusos y se hará bajo la ley de obras

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La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), en acuerdo con el Ministerio del Interior, abrió un llamado para una consultoría que evalúe la factibilidad de construir y gestionar una cárcel con capacidad para 2.000 internos en la zona de Punta de Rieles, en el marco de lo que prevé la ley de Participación Público Privada.

La "Nueva Cárcel de Punta Rieles" se construirá en el mismo predio donde el gobierno habilitó el año pasado un centro de reclusión con capacidad para unos 900 internos.

El llamado de la CND "tiene por objeto determinar la factibilidad técnica, financiera y ambiental de una cárcel para 2.000 reclusos" en la zona de Punta de Rieles.

La convocatoria, que se encuentra disponible en la página web de la CND, explica que la empresa que resulte seleccionada dispondrá de un plazo de 75 días "dentro de los cuales se incluye la elaboración y aprobación del informe final".

Entre otras cosas, el estudio de factibilidad de la nueva cárcel implicará la "identificación y cuantificación de los posibles costos que se generarían como consecuencia del proyecto, en un horizonte de 25 años".

A su vez, deberá cuantificar el personal requerido, "sus costos y las condiciones técnicas mínimas que serán necesarias para llevar adelante la operación del recinto penitenciario, discriminando entre personal propio de la concesión y personal que deberá proveer el Estado para todas las funciones que permanezcan en la órbita estatal para este proyecto", explica el llamado de la CND.

"Cabe destacar que los recintos carcelarios no son ciudades aisladas, sino que configuran un sistema carcelario tanto regional como nacional y que deben tender a una racionalización como tal, atendiendo el costo de inversión, el costo de operación por recluso y la antigüedad de los recintos existentes", agrega el llamado a interesados en evaluar la factibilidad de la nueva cárcel.

"GRAN ESCALA". En el capítulo de "Antecedentes", la CND y el Ministerio del Interior reconocen que el problema del hacinamiento carcelario es de larga data. Así, recuerdan que en 1990 Naciones Unidas alertó que en el sistema penitenciario uruguayo se violan los derechos humanos "a gran escala".

Y se señala que el gobierno pasado aprobó la ley de Humanización del Sistema Carcelacio, que posibilitó la liberación de unos 800 internos. La actual administración ha impulsado la construcción de un importante número de plazas carcelarias.

"En la actualidad hay más de 9.000 personas privadas de libertad en un sistema penitenciario con capacidad para 6.000", indica el texto.

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