Conflictos llegan a juez y Policía desactiva piquetes

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Pablo Meléndrez

Apelar a la Justicia y a la Policía para levantar piquetes sindicales ha sido la tónica en estos días de alta conflictividad. Así han actuado tanto el gobierno como los empresarios.

Dos juezas emitirán hoy fallos relativos a conflictos sindicales: el piquete en Zonamerica y el diferendo en CAP, empresa que se ocupa de la recolección de la basura en el centro de Montevideo. En tanto, el gobierno envió una custodia policial ayer al puerto de Montevideo, para asegurar el embarque de ganado en pie a Turquía que el sindicato de los frigorífico se disponía a trancar. Este asunto había provocado tal preocupación en el gobierno, que el martes el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, mantuvo un duro altercado telefónica con un sindicalista luego de inaugurar el congreso del campo al plato.

Y el martes 23, la presencia de la Policía fue clave para el desalojo de la Suprema Corte de Justicia, que había sido ocupada por funcionarios.

Ayer hubo audiencias por los casos Zonamerica y CAP. En el caso de CAP la instancia judicial a cargo de la jueza Mónica Pereira, los representantes del sindicato de la empresa no se presentaron, por lo que la magistrada resolverá hoy sobre el planteo realizado por los empleados no sindicalizados que quieren trabajar y no adhieren al paro (ver B1).

En el caso de la acción de amparo presentada por las empresas de Zonamerica, a cargo de la jueza Claudia Kelland, la audiencia sí se cumplió en presencia de las dos partes, y la magistrada fijó el dictado de sentencia para esta tarde, dijo a El País el abogado Carlos Garderes, asesor de las empresas demandantes.

El bloqueo en Zonamerica se instaló inicialmente el pasado 11 de noviembre, en el marco de un reclamo de los trabajadores de algunas empresas del sector logística por las demoras en las negociaciones en los Consejos de Salarios. Después de una denuncia policial presentada por los empresarios, la medida se levantó gracias a la presencia policial en el lugar. Sin embargo, el bloqueo se reinstaló, durante algunas horas, el jueves 18.

Si bien el piquete ya se levantó, la intención de las empresas que presentaron la acción de amparo es que la Justicia establezca que la medida no se podrá volver a instalar en el futuro, indicó Garderes.

La medida sindical llevó a que Zonamerica, en un comunicado divulgado el martes 23, reclamara al gobierno la adopción de medidas "ejemplarizantes" ante la realización de piquetes sindicales, al considerar que se trata de medidas que ponen en riesgo la presencia de inversiones en Uruguay.

Zonamerica señaló que se considera "blanco de una medida sindical extrema, ilegal e inconstitucional".

A su vez, el polo empresarial comparó la posición del gobierno uruguayo ante el piquete de la Asamblea de Gualeguaychú contra la planta de Botnia (actual UMP).

"El gobierno, que con tanto acierto ha defendido este concepto frente a situaciones que desgraciadamente se han dado con países vecinos en perjuicio del nuestro, debe adoptar medidas ejemplarizantes para que en el Uruguay, bloquear una calle o un acceso a un parque empresarial, tenga como consecuencia la acción inmediata", señaló Zonamerica.

JURISPRUDENCIA. En el caso de los trabajadores no sindicalizados de CAP, se plantea una acción de un grupo de funcionarios que quieren hacer valer su derecho a desarrollar sus tareas, lo que en otras situaciones ha sido avalado por los jueces, explicó a El País el abogado laboralista Eduardo Ameglio. "Normalmente, ante casos de este tipo, los jueces hacen lugar a los planteos. Los magistrados deben decidir entre el derecho de huelga y el derecho de quienes quieren trabajar y también, en los casos donde existe ocupación, respecto al derecho de propiedad del empresario", dijo.

Por ese motivo, el abogado estimó que es "altamente probable" que los trabajadores no sindicalizados de CAP ganen el juicio, haciendo valer el derecho que tienen a trabajar.

Por otro lado, en cuanto a la acción de amparo impulsada por Zonamerica contra el piquete, Ameglio indicó es una situación más compleja y que, de hecho, existe solo un antecedente de diciembre de 2008.

En ese caso, el entonces juez de Canelones Walter Burella, ordenó desalojar un piquete instalado en el Frigorífico Canelones. El magistrado entendió en su fallo que la acción implicaba una medida "claramente ilegal al impedir el ingreso a la planta donde se encuentra el establecimiento industrial de camiones".

En cuanto a la posibilidad de que a nivel judicial se pueda impedir la instalación de un piquete a futuro, el abogado indicó que en ese caso se trataría de una sentencia "declarativa" que dejaría asentada la ilegalidad de la medida y que en caso de reiterarse, podría implicar una posible situación de desacato.