Con U$S 250: atacarán el 90% de los cantegriles

Federica Narancio

Con un préstamo del BID de U$S 250 millones, el PIAI y las Intendencias de todo el país implementarán un programa para erradicar el 90% de los asentamientos que hay en el país. El proyecto se aplicará a partir de enero de 2008.

Este proyecto se denomina Programa de Mejoramiento Integral de los Barrios. En un lapso de 12 a 15 años, el 90% de los asentamientos de Uruguay serían erradicados y se mejorarían las zonas identificadas con altos niveles de precariedad, dijo a El País Ricardo Muttoni, director del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgará un préstamo de U$S 250 millones, que fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

"El Programa de Mejoramiento Integral de los Barrios le dará una continuidad a los trabajos del PIAI y comprende un porcentaje más alto de la población, ya que con el PIAI asistimos a un 15% o 26%, y con este proyecto la idea es llegar al 90%, o sea, erradicar casi totalmente los asentamientos en todo el país", aseguró Muttoni.

El proyecto se realizará en etapas. La primera durará entre tres y cuatro años. Tendrá un presupuesto que rondará los U$S 70 millones.

Lo interesante de esta iniciativa es que -al contrario de lo que ha hecho el PIAI hasta ahora, que es realizar obras de infraestructura en los asentamientos-, en este programa la intervención de los trabajos comprenderá zonas más amplias que cada intendencia deberá delimitar dentro de su departamento.

Muttoni explicó que "lo que se hará es trascender los asentamientos y mejorar las zonas donde se haya detectado una precariedad urbana".

Cada intendencia, dijo el director del Plan, deberá definir a lo largo de este año en qué zonas intervendrá el programa.

El PIAI está terminando de elaborar los "indicadores de precariedad sociourbana" para que las intendencias tengan pautas para guiarse a la hora de delimitar las zonas.

Este método de intervención es novedoso por varios motivos. En primer lugar, dijo Muttoni, se evaluará de qué manera hay que trabajar con los asentamientos comprendidos en cada zona.

"En algunos casos habrá que mejorar la infraestructura, las calles y los servicios. En otros, quizá sea necesario mejorar las viviendas, y en los casos en que haya riesgo de contaminación o inundación, realojar a los habitantes".

Por otra parte, la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) seguirá programas de prevención con las intendencias para los barrios que corren riesgo de convertirse en asentamientos.

"No queremos mandar mensajes equivocados a la población, de que si un lugar se convierte en un asentamiento el programa enseguida lo asistirá", aclaró el titular del PIAI.

Además, las comunas también deberán cumplir con su rol de "policías territoriales", esto es, ejercer el control del territorio y evitar que la gente ocupe propiedades fiscales o privadas.

"Les pedimos a las intendencias que si quieren participar del programa, deben controlar esto y también tener opciones para la población que no tiene posibilidades de ocupar otras tierras", dijo.

dueños de la tierra. En un relevamiento en convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, se había identificado que en 2006, en todo el país hay 676 asentamientos, de los cuales el 80% están en- tre Montevideo y Canelones. Sólo en Montevideo viven unas 150.000 personas en viviendas precarias e irregulares.

Este relevamiento facilita la tarea de saber en qué áreas se debe intervenir. Además, permitió estudiar qué padrones ocupaban.

Si bien aún no han culminado esta investigación, estiman que el 40% de los asentamientos en todo el país ocupan tierras privadas.

En muchos casos, aseguró Muttoni, son los propios dueños de las propiedades que incentivan a la gente a ocupar el lugar para revalorizar su tierra. "Muchas veces son suelos rurales con poca posibilidad de urbanización, y para aumentar el valor de la tierra, fomentan la ocupación para que luego los programas del gobierno se la compren a un precio mayor", explicó. Por tal motivo, a la hora de regularizar los asentamientos, Muttoni dijo que en el caso de los que están en propiedad privada hay tres opciones que se manejan: el realojo de la población, el usucapión, que prescribe la tierra a favor de la población dependiendo de cómo fue la ocupación y si el dueño no hizo un reclamo dentro de un determinado período, y por último negociar con el propietario la expropiación.

En el caso de que ocurra lo último, "le compraremos la tierra por lo que vale", dictaminó el funcionario.

OBRAS Y SERVICIOS. Junto con los trabajos en asentamientos, se evaluará las necesidades de cada zona. Por ejemplo, qué servicios faltan y qué obras de infraestructura son necesarias.

"Quizá dentro de una zona se debe regularizar la tenencia de la tierra, mejorar calles, crear una plaza, una cancha de deporte, dotar de más equipamiento a un centro barrial o un centro CAIF, crear una policlínica y mejorar la red de saneamiento", dijo Muttoni.

La idea es intervenir de forma coordinada con OSE, UTE, las intendencias, el INAU y ANEP, entre otros organismos. "Con este método de intervención, son más los beneficiados que si trabajáramos sólo en los asentamientos", agregó.

Además de los U$S 250 millones que prestará el BID por etapas, cada intendencia destinará presupuesto al programa, por lo cual serán más los recursos disponibles, dijo el jerarca.

Si bien el proyecto comienza en enero de 2008, este año se realizarán dos experiencias piloto. Una en Canelones (ver infografía). Allí la intendencia ya ha identificado seis zonas de intervención; se trabajará en Pando Norte.

La otra en Montevideo, en zonas que aún están por definirse, aunque Muttoni estima que serán las cuencas de los arroyos Miguelete, Carrasco y Pantanoso, donde los asentamientos tienen problemas con las inundaciones. Allí una de las posibilidades es que la población sea realojada.

676 - Son los asentamientos que hay en Uruguay. La mayoría están en los departamentos de Montevideo (412) y Canelones (95).

196.000 - Son los uruguayos que viven en asentamientos; representan el 6% de la población del país y se reparten en 51.000 hogares.

El Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) está trabajando hoy en la ejecución de obras con un fondo de U$S 55 millones que debió ser gastado entre 1999 y 2005.

El PIAI es cofinanciado desde el año 1999 por el gobierno uruguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Ese año se acordó un presupuesto de U$S 110 millones para ejecutar hasta junio de 2005 en la mejora de viviendas precarias. De ese monto U$S 77 millones eran aportados por el BID y U$S 33 millones por el Estado uruguayo.

Los sucesivos recortes del gobierno entre los años 2000 y 2005 hicieron que disminuyera la inversión proyectada a U$S 88 millones.

Pero en ese tiempo se gastaron sólo U$S 26 millones. Además no se distribuyó bien: hubo un 10% de inversión en Montevideo y 90% en el interior, cuando en realidad estaba previsto que fuese 70% en la capital y 30% en el resto del país.

Así lo marcan la distribución de los asentamientos, concentrados en la capital y en Canelones.

Las actuales autoridades del PIAI solicitaron una prórroga del acuer- do al BID. En junio de 2005 pidieron un año más para gastar los U$S 55 millones que faltaba ejecutar, sumado a un año más de plazo para ejecutar las obras. Esta vez se intentará hacer las inversiones como estaban previstas. "A lo largo de 2007 y 2008 estas obras se van a superponer y complementar con las del Programa de Mejoramiento Integral de los Barrios", explicó Muttoni.

Desde su origen, el objetivo del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) era atender en forma directa a 10.000 hogares hasta diciembre del 2008.

A la fecha, alcanzaron 13.942 hogares, registrando un desvío positivo de cobertura poblacional de un 39.4% y aún faltando 2 años de ejecución para concretar el uso del monto total de dinero asignado al programa.

Entre enero y diciembre de 2006, se incorporaron 7.967 hogares al programa.

De este total, se terminaron las obras en 8 barrios (1.924 hogares) y se realojaron 103 viviendas.

También hay obras en curso en ocho barrios (1.486 hogares) y 126 viviendas que están en etapa de realojo.

Ya se han hecho licitaciones para obras en nueve barrios (1.869 hogares) y hay un total de 20 que están a estudio para proyectos en Montevideo, Paysandú, Rivera, Canelones, Colonia y Maldonado.

En el 2006, se logró la aprobación del BID para mejorar las viviendas en aquellos casos que presentaban un alto nivel de precariedad. Se están desarrollando en los barrios Maldonado Nuevo (Maldonado), San Antonio III (Maldonado), Curupí (Paysandú), Barrio Anglo (Río Negro), Salto Nuevo (Salto), Aeroparque (Canelones) y Sonia del Sacrificio Norte (Rivera).

Entre otros proyectos, se identificó y localizó la totalidad de asentamientos en Uruguay en un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística.