Compromiso para elaborar en 30 días leyes contra la delincuencia juvenil

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DANIEL ISGLEAS

Una comisión de senadores y diputados elaborará en un plazo no mayor a 30 días diversos proyectos para reforzar la legislación contra la delincuencia juvil. Otras leyes se negociarán en los próximos días, según resolvió ayer la Asamblea General.

El acuerdo para impulsar estas medidas comenzó a gestarse 24 horas antes, cuando sobre el mediodía del martes 23 el presidente José Mujica levantó el teléfono de su despacho de la Torre Ejecutiva y marcó el número del celular del senador Jorge Larrañaga.

"¿Qué tenés que hacer a las 3 de la tarde…?", le preguntó Mujica al nacionalista. "Venite para acá", invitó.

Puntualmente, Larrañaga llegó al despacho presidencial donde ambos conversaron sobre la forma de canalizar las iniciativas de varios sectores políticos acerca de la minoridad delictiva. Hicieron coincidir sus inquietudes y Larrañaga retornó al Parlamento, donde sesionaba la comisión de Presupuesto. Allí le informó a sus colegas nacionalistas Francisco Gallinal y Luis A. Heber, y a los colorados José Amorín, de Proba, y Ope Pasquet, de Vamos Uruguay. De todos consiguió el respaldo para tratar de conformar una comisión legislativa que en un breve plazo aprobara leyes para mejorar el combate a la minoridad infractora.

Fuentes políticas destacaron a El País que, interesado en dar solución a un tema que preocupa a la sociedad, el presidente volvió a recurrir a su aliado extrapartidario, seguro de que dentro de filas oficialistas nadie iba a poder articular mejor que él un entendimiento con todos los sectores políticos.

Por eso, no extrañó que la Asamblea General aprobara por unanimidad, casi sin discusión, la propuesta del Partido Nacional para conformar una comisión especial bicameral que en un máximo de 30 días proponga al Poder Legislativo mejoras para la legislación actual en la lucha contra la minoridad infractora.

INSUMOS. Para su trabajo, la comisión contará con varios insumos. Hay una propuesta para suspender la aplicación del artículo 222 del Código de la Niñez que refiere a la destrucción de los antecedentes delictivos de los menores infractores al llegar a la mayoría de edad. Otra idea es la creación de un instituto de rehabilitación para esos menores.

En ambos casos, el acuerdo de Mujica con Larrañaga fue total, por lo que es probable que las dos iniciativas sean de las primeras en arribar a consideración de las Cámaras.

Otro elemento con que se contará es la idea de facultar a los jueces de menores para poder duplicar la pena de prisión para los delitos gravísimos, pasando del límite actual de cinco años a diez. Una cuarta iniciativa refiere a penar algunas figuras delictivas como la coautoría y la complicidad.

La comisión que acordó formar la Asamblea General deberá estar integrada antes de mañana y tendrá plazo para presentar sus conclusiones hasta el día posterior a la Navidad.

EDUCACIÓN. Pese a que todos los partidos coincidieron en la necesidad de integrar esta comisión para dar soluciones concretas, el Partido Colorado propuso formar una comisión similar para elaborar propuestas en materia de educación para los menores infractores.

La iniciativa, sin embargo, no fue aceptada por el Frente Amplio ya que sus respectivos sectores recién tomaron conocimiento de la misma en la sesión de la Asamblea General, y quedó por el camino.

La sesión del máximo cuerpo legislativo se realizó a pedido del diputado nacionalista Luis Lacalle Pou.

La situación derivada de la minoridad infractora fue materia de análisis en la reunión del Consejo de Ministros, el lunes 22. En esa reunión, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, anunció que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley estableciendo una "suspensión" (sin fecha de finalización) del artículo 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que obliga a destruir los antecedentes de los menores infractores al cumplir la mayoría de edad, lo cual constituye un cambio radical en la postura asumida desde hace varios años.

Luego del encuentro, el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, hizo pública la decisión del Poder Ejecutivo.

Ese mismo día, el Partido Colorado divulgó el texto de la propuesta de enmienda constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal 18 a 16 años, y para mantener los antecedentes penales a partir de esa nueva edad, de acuerdo con una resolución que al mediodía del lunes 22 tomó el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) partidario.

La nueva postura del Poder Ejecutivo fue bien vista por la oposición, aunque no se dejó de recordar que el Partido Nacional presentó la idea de mantener los antecedentes de los menores infractores en 2006 y que desde entonces el pasado gobierno y el actual, ambos del Frente Amplio se opusieron.

En pocas ocasiones todos los partidos políticos han logrado un consenso en torno a algún tema, según quedó expuesto ayer en la reunión de la Asamblea General.

El diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) consideró que la reforma constitucional propuesta por los colorados no es lo más adecuado para bajar la edad de imputabilidad, aunque dijo compartir esa idea del sector Vamos Uruguay.

Su colega Felipe Michelini (Frente Amplio) anunció que el documento de consenso político derivado de la multipartidaria sobre seguridad pública es "una buena base" para trabajar. Dio su apoyo al instituto de rehabilitación.

El colorado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) recordó que su sector había aportado en 2007 al gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez 50 medidas contra la delincuencia, entre las cuales estaban las de mantener los antecedentes de menores cuando pasan a delinquir como mayores de edad, bajar la edad de imputabilidad a 16 años y penalizar su participación en delitos como la tentativa de hurto.

El senador José Amorín, de Propuesta Batllista, anunció el compromiso partidario para buscar soluciones en la comisión formada. Pero apuntó que había que crear otra comisión para estudiar porqué los menores delinquen al grado que lo hacen y tratar de educarlos.

La reapertura en varios países de América Latina del debate sobre el endurecimiento de las penas a menores de 18 años preocupa al Movimiento Mundial por la Infancia (MMI), que advirtió ayer miércoles que esta medida atenta contra la Convención de los Derechos del Niño. El debate se ha instalado en Centroamérica, México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, indicó Roland Angerer, director regional de la ONG Plan y vocero del Movimiento, que celebró esta semana su encuentro anual regional en Montevideo. Por su parte, Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, dijo que se observa que "a lo largo y ancho de la región se están contagiando medidas populistas represivas, de retroceso de los derechos humanos".