El fiscal civil Enrique Viana pedirá que se indague a las autoridades del INAU por el delito de "desacato", debido al incumplimiento de parte del organismo en cuanto a mejorar las condiciones de reclusión en dos hogares de la Colonia Berro.
En abril de 2008, tras una acción de amparo presentada por Viana, la jueza de familia María Luz Vila ordenó reducir las horas de encierro y establecer controles sobre la entrega de psicofármacos a jóvenes infractores internados en los hogares Ser y Piedras.
Sin embargo, a más de tres años y medio del dictado de esa resolución judicial, el INAU no la ha cumplido, según lo que concluyó un veedor designado por la magistrada.
Viana, quien el pasado 25 de noviembre presentó una nueva intimación para que el INAU cumpla con el fallo de 2008, dijo a El País que una vez vencido el plazo de diez días que planteó en su solicitud pedirá a la jueza Vila que dé cuenta del hecho a un juez penal ante un posible delito de "desacato".
El fiscal lamentó que el INAU "alargó el proceso todo lo posible para no cumplir con la sentencia". Así, por ejemplo, recordó que al momento de nombrar el veedor, se había propuesto al sacerdote Mateo Méndez, pero el organismo se opuso a ese nombramiento.
El defensor de oficio de menores infractores Guillermo Payseé, quien ofició como veedor judicial, informó a la jueza que "no se han producido los cambios deseados en las condiciones de vida de los adolescentes privados de libertad en ambos centros y que, por lo tanto, no se ha dado cumplimiento" a la sentencia.
El veedor también recalcó que "se debe poner la mayor voluntad y energías institucionales" para mejorar las condiciones de reclusión de los adolescentes, que están alojados en "lugares inapropiados, que violan los derechos humanos de los privados de libertad".