La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) comenzó a aplicar toda su artillería en contra del gobierno por las resoluciones que los afectan.
Ayer presentó un recurso administrativo con más de 3.000 firmas contra el decreto que los obliga a trabajar un mínimo de seis horas y modifica el sistema de sanciones.
La defensa de los funcionarios apunta al régimen disciplinario que determina que ante una sucesión de sanciones se aplique hasta 180 días de suspensión.
El texto del recurso, al que accedió El País, señala que el decreto lesiona las garantías "al derecho del debido proceso legal, consagrado en el artículo 66 de la Constitución".
La semana próxima presentarán una acción de amparo ante el Poder Judicial. En ese caso dirán que la obligación de trabajar seis horas desconoce una serie de acuerdos previos de reducción horaria. Por tal motivo reclamarán que se les compense económicamente por la ampliación de la jornada laboral.
En tanto, ayer al mediodía la asamblea nacional de los estatales confirmó la realización de un paro el 1° de diciembre. En el interior será de 24 horas y en Montevideo durará media jornada laboral.
También aprobaron una batería de medidas de "impacto" que resolvieron mantener en reserva para que no pierdan su efecto.