CNR: guardia y educadora mintieron en el juzgado

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La Justicia probó que una educadora y un guardia del Centro Nacional de Rehabilitación (CNR) mintieron al declarar como testigos en el marco de una causa que indaga el homicidio de un recluso ocurrido en agosto de 2010.

Por ese hecho, en noviembre dºel año pasado la jueza Fanny Canessa procesó sin prisión a la directora del CNR, Diana Noy, al concluir que la jerarca, aun sabiendo que el interno fallecido había sido duramente agredido, no tomó medidas para preservar su vida.

La investigación siguió su curso, cotejando los testimonios de varios guardias y un interno con el objetivo de establecer quiénes fueron los autores materiales del hecho.

Mauro Bozzatta, de 26 años de edad, cumplía condena por rapiña. En la noche del 30 de agosto de 2010 fue hallado colgando del techo de su celda. El caso se presentó, inicialmente, como un suicidio.

Sin embargo, con los elementos reunidos durante la indagatoria judicial se determinó que Bozzatta no se quitó la vida sino que fue asesinado.

Así, un guardia y una educadora del CNR que declararon ante la jueza Canessa y la fiscal adjunta Beatriz Scapusio dijeron que esa noche vieron que un interno que días antes le había dado una golpiza a Bozzatta estaba dormido en su celda.

Pero, al ser sometidos a un careo, admitieron que ni siquiera se habían acercado a esa celda, según dijeron a El País fuentes de la investigación. Como declararon como testigos, ese hecho los pone al borde de ser procesados por el delito de "falso testimonio".

Además, los funcionarios que dieron esa declaración falsa fueron quienes el año pasado presentaron una denuncia administrativa contra la jueza Canessa y la fiscal Scapusio, acusándolas de presuntas irregularidades en el proceso, cosa que fue desestimada.

En los últimos días, el expediente pasó a estudio de la Fiscalía que deberá evaluar si pide o no nuevos procesamientos de guardias o internos del CNR por la muerte de Bozzatta.

La madre de Mauro Bozzatta tiene en trámite una demanda civil contra el Ministerio del Interior, al que reclama una indemnización de US$ 50.000 por el daño moral causado por la muerte de su hijo mientras estaba recluido en el Centro Nacional de Rehabilitación. En breve, el juez de lo contencioso administrativo Adolfo Fernández de la Vega celebrará la audiencia preliminar entre las partes, donde intentará lograr un acuerdo que ponga fin al proceso. Al contestar la demanda, el Ministerio del Interior señaló que "no se le puede atribuir responsabilidad" porque no hay pruebas de que haya sido un homicidio, como se sostiene a nivel penal.