Cejil rechaza sentencia de la SCJ sobre ley de caducidad

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) calificó como un "obstáculo para la consecución de justicia" y "constituye un cabal incumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de DD.HH." la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declara inconstitucional la ley interpretativa de la ley de caducidad.

"La decisión de la SCJ constituye un nuevo obstáculo en la búsqueda de la justicia y la verdad respecto de los crímenes cometidos en la dictadura uruguaya. La conducta del Poder Judicial va a contravía de lo establecido en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gelman, y de esta manera, expone nuevamente a Uruguay a ser denunciado ante los organismos internacionales", dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil.

En un comunicado con fecha de hoy, el Cejil establece que "de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 2 el Estado está obligado a adecuar sus normas y sus prácticas a la Convención reformando, derogando o anulando aquellas que desconozcan derechos reconocidos u obstaculicen su ejercicio".

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional manifiesta que "esta obligación alcanza a todos los poderes del Estado, incluyendo al Poder Judicial que tiene el deber de hacer un control de convencionalidad de sus propias actuaciones; asimismo impide a los Estados invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".

En este sentido, "Uruguay está obligado a cumplir con la sentencia de la Corte Americana. El propio texto de la Convención Americana así lo establece al expresar que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes (art.68.1)".

Cejil considera "necesario y urgente" que los poderes de Estado en Uruguay "actúen de conformidad con las obligaciones que han asumido garantizando, por todos los medios disponibles, el acceso a la justicia de las víctimas y familiares y el derecho a la verdad de toda la sociedad impidiendo la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura".