Canelones: 70 acreedores negocian deudas

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EDUARDO BARRENECHE

Jayland fue el grupo inversor que compró la deuda de US$ 30 millones que mantenía Canelones con una decena de constructoras. El contador Sergio Lamorte fue el negociador por el grupo. Otros 70 acreedores pueden plegarse al fideicomiso.

A principios de este año, el grupo Jayland -integrado por capitales uruguayos, argentinos e italianos- adquirió los créditos de los principales acreedores de la Intendencia de Canelones. Se trata de una decena de firmas que realizaron obras viales de envergadura para la intendencia canaria entre el 2000 y 2005 -gestión del colorado Tabaré Hackenbruch. En algunos casos, el consorcio pagó la totalidad del capital a las empresas constructoras acreedoras y en otros un poco menos.

"La Intendencia de Canelones siempre dijo que pagaba el capital pero que no tenía el dinero y necesitaba plazo. Así armamos el negocio financiero a largo plazo", explicó Lamorte, quien integra el estudio jurídico del abogado Jorge Barrera.

La deuda original fue estimada en US$ 158 millones por el intendente de Canelones, Marcos Carámbula: US$ 30 millones de capital y el resto de intereses. Además, sobre la Intendencia de Canelones pesaba varias sentencias civiles obligando al pago, y algunos fallos dictaminados en sedes penales.

Tras obtener los derechos de las empresas acreedores, Lamorte presentó una nota a la administración Carámbula, donde señalaba que tenía intención de negociar el pago del capital adeudado por el municipio.

La Intendencia respondió que estaba dispuesta a pagar el capital en un plazo de 10 años. Durante las negociaciones, el grupo Jayland accedió a un plazo de 15 años con un año de gracia. La tasa que pactó la Intendencia de Canelones es alta: 7.25% anual en unidades indexadas. El gobierno nacional paga 4% por año en unidades indexadas a un plazo de 10 años.

Para Lamorte, la tasa acordada con la Intendencia de Canelones "es buena para ambas partes. Está un poco arriba de lo que paga un bono del Tesoro uruguayo. Pero esto no es un bono uruguayo; es un bono de Canelones". Es decir, el riesgo que asume el grupo inversor es más elevado.

El lunes 22, el intendente Carámbula afirmó en una rueda de prensa que este acuerdo permitirá un ahorro al municipio del orden de US$ 128 millones. Es decir, la comuna acordó una quita del 80% total de la deuda. "Este ahorro significa un año y medio de recaudación departamental", añadió.

El miércoles 24, la Junta Departamental aprobó por unanimidad el acuerdo logrado entre la IMC y el grupo Jayland.

El negocio prevé la constitución de un fideicomiso que emitirá "títulos de deuda" transables en la Bolsa de Valores. De su recaudación, la Intendencia le cederá al administrador del fideicomiso un monto equivalente a la cuota mensual pactada -$ 4 millones- y este le pagará al grupo inversor.

PROBLEMAS. Uno de los temas que generó mayores complicaciones durante las negociaciones fue pactar las garantías de un negocio a un plazo de 15 años, reconoció Lamorte.

La Intendencia de Canelones padece una difícil situación financiera que obligó a Carámbula a pedir préstamos sucesivos desde el 2008 hasta la fecha al Banco República. En el 2008, 2009 y 2010, la Intendencia de Canelones solicitó préstamos por $ 134 millones.

Ahora tramita uno nuevo por $ 194 millones, pese a que adeuda el 50% del solicitado el año pasado. Dentro de esta línea existe una modalidad denominada "crédito cuenta" por $ 50 millones, que la comuna utilizará para pagar los sueldos de 4.385 trabajadores y a proveedores. Al llegar a fin de mes, el municipio deberá dejar en cero esa cuenta o firmar un vale.

Según Lamorte, en un principio ambas partes analizaron la posibilidad de que garantías inmobiliarias aseguren al grupo inversor el pago de una deuda durante 15 años.

Al final, la garantía será la cesión de la cobranza centralizada (la cuota mensual que abonará la IMC será de $ 4 millones que equivale a casi dos días de recaudación).

En caso de que la intendencia no pague la cuota, el gobierno central se transformará en garantía subsidiaria. Es decir, los aportes que el Poder Ejecutivo suministra a la Intendencia de Canelones por el cobro de impuestos en ese departamento y por desarrollo del interior, cubrirán la cuota.

Según datos de la Junta Departamental canaria, la intendencia percibe anualmente del gobierno central $ 734 millones (US$ 36 millones al tipo de cambio promedio de 2010).

Lamorte explicó que Canelones se beneficiará de una cuota baja porque el negocio se acordó a largo plazo (15 años).

Señaló que, en una primera etapa, la negociación abarcó títulos de deudas que pertenecían a una decena de empresas. "En una segunda etapa está previsto una ampliación del fideicomiso para abarcar a todos los acreedores de la Intendencia de Canelones que deseen incorporarse. Ahí serán unas 60 o 70 empresas más", dijo.

Durante la presentación del acuerdo, Carámbula señaló que era consciente "de la gran deuda" que tiene su administración con los canarios en vialidad y gestión ambiental. De esta forma, el jefe comunal hacía referencia al mal estado de las calles de la Ciudad de la Costa y pueblos del interior del departamento.

A mediados de julio del 2002, la crisis arreciaba. El Hotel Palladium -era administrado por el contador Sergio Lamorte- se llenó de ahorristas del ex Banco Comercial que buscaban desesperadamente una salida acordada para salvar sus capitales, ante la crisis de la institución financiera. La proliferación de asambleas de ahorristas iniciadas en el Palladium, a instancias de Lamorte, apuntaló la ley del 5 de agosto del 2002 que contempló los intereses de los clientes del Banco Comercial. Cuando se abrió el nuevo Banco Comercial, Lamorte fue elegido síndico en representación de los ahorristas. Fue nombrado en ese puesto por el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry. Lamorte continuó ocupando ese puesto durante las gestiones de los posteriores ministros de Economía, Isaac Alfie (Partido Colorado), Danilo Astori (Frente Amplio) y cuando el grupo Advent compró el banco en el año 2006.