Cambios a ley de asociación buscan mayor apoyo político

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DANIEL ISGLEAS

El gobierno presentó al Partido Nacional los cambios al proyecto de ley de asociaciones público privadas buscando el mayor consenso político posible. La ley permitirá construir cárceles, escuelas o rutas.

Luego de escuchar al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, entre los miembros de la Agrupación Parlamentaria nacionalista quedó una sensación general de conformidad con las modificaciones que el gobierno propone a la iniciativa que permite la asociación de capitales privados con el Estado para distintos emprendimientos.

El ministro aclaró que el proyecto está "abierto" y que el oficialismo y la oposición podrán negociar más modificaciones a las ya propuestas con el objetivo de que esta ley cuente con el mayor respaldo político posible, dado que sus efectos casi seguramente trascenderán esta administración.

Lorenzo se reunió por más de una hora con el presidente de la bancada nacionalista, Jorge Larrañaga, el senador Luis A. Heber y los diputados José Carlos Cardoso, Pablo Abdala y Jorge Gandini para analizar los cambios planteados ahora por el Poder Ejecutivo en virtud de la discrepancia general que había despertado esta iniciativa, incluso dentro del oficialismo.

En el caso de los nacionalistas, concuerdan con el concepto que plantea la ley, pero hasta ahora discrepaban con la mayoría de sus disposiciones. La situación comenzó a variar a partir del informe de Lorenzo, en el que anunció seis cambios.

Uno es la definición del objeto de la ley, es decir qué se puede hacer y qué no; otro es la existencia de controles parlamentarios; un control específico del Tribunal de Cuentas; el cambio del mecanismo del diálogo competitivo; la mejor definición del papel de la Corporación Nacional para el Desarrollo y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y la introducción de garantías para el financiador del proyecto de asociación.

DOBLE CONTROL. Lorenzo explicó a los nacionalistas que en el caso de las asociaciones para cárceles, escuelas y otras obras de infraestructura social la ley aclarará que no se pueden transferir otras actividades a los privados, como por ejemplo que la sociedad que construya un establecimiento penitenciario gestione otros servicios como la alimentación o la rehabilitación de los presos con talleres educativos.

Respecto al Tribunal de Cuentas, intervendrá previamente a cualquier asociación. Acerca de las disposiciones sobre diálogo competitivo, la propuesta del ministro establece un mecanismo que no excluirá a ningún oferente, y donde todos participen en la licitación.

En el caso de las garantías para el financiador, ahora se incluirá una figura pedida en su momento por las AFAP, que es la prenda de la concesión.

Uno de los aspectos más positivos para los blancos es el doble contralor parlamentario a esta norma: por un lado, la ley fijará un tope de recursos públicos para emplear, que es el equivalente a 7% del PIB para todas las asociaciones, y por otro se establece que anualmente en la Rendición de Cuentas deberá presentarse a la Asamblea General un informe detallado con las asociaciones.

Los legisladores nacionalistas escucharon al ministro Fernando Lorenzo explicar el espíritu del proyecto de ley. Para Pablo Abdala la mayoría de los cambios respecto al original llegado desde el Ejecutivo son positivos, aunque sostuvo que habrá que estudiarlos en detalle. Jorge Gandini estimó que el artículo 1° es más restrictivo que el original en cuanto a las posibilidades de usar las asociaciones para algunos casos. Gandini señaló dificultades para controlar las asociaciones que se hagan con un ente. José Carlos Cardoso adelantó que el Partido Nacional presentará sus propuestas. "Deben mejorarse la transparencia y las garantías", dijo.