Caducidad: Frente forzará una resolución de inconstitucional

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Al otro día del feriado de Carnaval, el miércoles 25, la Asamblea General se enfrascará en un debate que terminará revolviendo viejas heridas del pasado. La ley de Caducidad, refrendada hace 20 años, está en el banquillo de los acusados.

La bancada del Frente Amplio resolvió ayer llevar el tema a la Asamblea General, luego de conocer un informe de la división jurídica del Poder Legislativo, que en los hechos no va en línea con la posición del Poder Ejecutivo de declarar "inconstitucional" la ley de Caducidad, en el marco de una acción presentada por la fiscal Mirtha Guianze.

Los legisladores de gobierno resolvieron encomendar a un grupo de compañeros la redacción de una declaración, en respuesta a la consulta de la Suprema Corte de Justicia: esa declaración dirá que el Poder Legislativo se inclina por "allanar la pretensión de la fiscal Mirtha Guianze", dijeron a El País fuentes del Frente Amplio (FA).

Para llevar el tema a la Asamblea General, fue necesario que la bancada del FA presionara al vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, que hasta el miércoles se había manifestado reticente a abrir un debate.

Ayer, durante la reunión que mantuvo con senadores y diputados oficialista, Nin Novoa señaló que luego de haber realizado distintas "consultas", era partidario de convocar a la Asamblea General el miércoles para darle una respuesta a la Suprema Corte de Justicia respecto a la ley de Caducidad.

Participantes del encuentro que se realizó en la Presidencia del Senado, indicaron que el vicepresidente propuso conformar un grupo integrado por él, el secretario del Senado, Hugo Rodríguez Filipini, y los legisladores Diego Cánepa (Nuevo Espacio), Juan Andrés Roballo (Alianza Progresista), Javier Salsamendi (Espacio 609) y Eduardo Ríos (Alianza Progresista), todos abogados, a fin de redactar la respuesta.

Según las fuentes, el texto que se pondrá a consideración de la Asamblea General girará en línea con la respuesta que el martes dio el Poder Ejecutivo a la Suprema Corte, aunque se añadirá que no es competencia del Poder Legislativo determinar la constitucionalidad o no de las leyes, sino que ello le compete al Poder Judicial.

En la reunión se dijo, además, que era necesario asegurar el quórum de la Asamblea General, por lo que ambas cámaras serán convocadas a la hora 9 para solucionar el tema de las licencias, para luego, a la hora 10.30, iniciar el debate.

Nin Novoa dijo ayer en rueda de prensa que la respuesta sostendrá que "siga su curso el planteo de la fiscal".

"En realidad quien va a dirimir es la Suprema Corte de Justicia, no el Poder Legislativo. Esto no sienta precedente, el precedente se va sentar cuando la Suprema Corte de Justicia se expida", afirmó.

Nin admitió que la idea de llevar la discusión al ámbito parlamentario "es una decisión eminentemente política. Esta fuerza política siempre cuestionó la constitucionalidad de la ley y lo hizo desde la propia campaña de recolección de firmas para que la ley fuera derogada", expresó.

INFORME. Nin Novoa pidió a la división jurídica del Poder Legislativo un informe respecto a la comunicación de la Asamblea General. Esta dependencia le adelantó una minuta a cuenta del informe final.

Fuentes legislativas dijeron a El País que el adelanto que recibió Nin Novoa sostiene: "El Poder Legislativo se encuentra en condiciones de interponer una excepción por falta de legitimación pasiva. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia muestra que en casos similares la Corporación ha fallado por unanimidad a favor de la constitucionalidad de la ley (caso Gelman)".

"La minuta hace alusión a los antecedentes del caso, y no fija una posición definitiva", explicó a El País el secretario del Senado, Rodríguez Filippini.

Fuentes parlamentarias indicaron que Nin Novoa planteó a Jurídica del Parlamento que su informe sostuviera que la ley de Caducidad es "inconstitucional" y que fuera en línea con la posición del Poder Ejecutivo, que se allanó al pedido de la fiscal Guianze.

El planteo fue visto como una presión en Jurídica, la que respondió que para cumplir con eso Nin tiene que ordenarlo por escrito y firmarlo como presidente de la Asamblea General, lo que éste rechazó hacer, añadieron las fuentes.

El antecedente más fuerte y reciente sobre este tema que maneja Jurídica es la solicitud de inconstitucionalidad del artículo 3° de la ley de Caducidad presentada por el escritor y ex montonero argentino Juan Gelman, durante el gobierno de Jorge Batlle.

En esa ocasión, dos abogados de Jurídica del Poder Legislativo emitieron un informe que consideró constitucional la ley de Caducidad, al igual de lo que sostuvo el Poder Ejecutivo de la época, y recordó en el escrito que la norma fue ratificada por referéndum, lo que generó jurisprudencia.

En ese expediente, la Suprema Corte emitió una sentencia dando razón a la posición de Jurídica del Parlamento y rechazando la acción de Gelman.

Otro punto que puede ser objeto de análisis de Jurídica en este expediente es si la fiscal Guianze tiene legitimación activa para pedir la inconstitucionalidad, para lo que la ley prevé se debe tener un interés legítimo, directo y personal.

Las fuentes consultadas indicaron que la única forma en que Jurídica del Parlamento sustente la inconstitucionalidad de la ley es si la Asamblea General se pronuncia en ese sentido previamente, lo que se definirá el miércoles.

BLANCOS. El Partido Nacional acordó reunir a su bancada el miércoles a primera hora, para analizar la situación y fijar una posición política respecto al tema, adelantó a El País el senador herrerista Gustavo Penadés. La posición de Alianza Nacional es ingresar a sala y discutir políticamente en base a varios aspectos, entre ellos el informe que elaboró jurídica y por qué no se derogó la ley con la mayoría que tiene la izquierda. "No la derogan porque esta ley es la consecuencia del pacto del Club Naval", apuntó el diputado de Alianza Nacional, Pablo Iturralde.

La acción de inconstitucionalidad que la fiscal penal Mirtha Guianze presentó ante la Suprema Corte de Justicia se enmarca dentro de la causa que indaga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, el 29 de junio de 1974 estando detenida en una unidad militar.

Sabalsagaray, que entonces tenía 24 años de edad, fue detenida dos días antes, y derivada al Batallón de Ingenieros N° 5 del Ejército.

Según el médico José Mautone, Sabalsagaray se ahorcó en su celda utilizando un pañuelo. Sin embargo, el cuerpo fue entregado en un ataúd cerrado. El médico y hoy intendente de Canelones, Marcos Carámbula, amigo del novio de la militante, constató que había fallecido por los golpes sufridos.

Si la Suprema Corte de Justicia acepta los argumentos de Guianze y declara la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad, esa decisión habilitará al juez penal Rolando Vomero a indagar a militares por la muerte de Sabalsagaray.

El año pasado, dos ex presos que compartieron la reclusión con la militante del PCU, señalaron ante el juez y la fiscal al actual general y entonces alférez Miguel Dalmao como uno de los principales responsables de la muerte.

Además, si la Corte acepta la acción contra la ley, es factible que se presenten otras acciones similares por otros casos.

La necesidad de apoyar la posición que asumió el Poder Ejecutivo respecto a la Ley de Caducidad y la oportunidad de pasarle facturas a la oposición, fueron algunos de los argumentos expuestos ayer por los senadores y diputados del Frente Amplio, para promover la convocatoria a la Asamblea General.

También se entendió que el debate parlamentario y un eventual pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia a favor de la inconstitucionalidad de la ley, facilitaría el camino a la izquierda en el futuro si la mayoría de la ciudadanía se inclina por votar afirmativamente el plebiscito que apunta a anular la ley de Caducidad.

"Debemos darle el apoyo al presidente Tabaré Váz-quez", dijo el diputado Doreen Ibarra, lista 1010, en la reunión que se realizó ayer en la Presidencia del Senado.

El legislador consideró además que el Frente Amplio lleva adelante una campaña de recolección de firmas para convocar a una consulta que permita anular la ley y que el pronunciamiento del Parlamento tendría "connotaciones" positivas para la izquierda.

El senador comunista Eduardo Lorier opinó que el debate contribuiría a que la ciudadanía obtuviera un mayor conocimiento sobre el tema, más allá de señalar que las firmas para el plebiscito se obtendrán.

Mientras otros representantes de la coalición afirmaron que con la discusión en la Asamblea General se destaparía "la tapa de la olla", otros como el diputado Eduardo Brenta de la Vertiente Artiguista, dijo que será "una responsabilidad histórica del Partido Nacional y del Partido Colorado sentarse en la Asamblea General a dar opinión, luego de los sucesos que ocurrieron desde la aprobación de la ley" en 1986. Brenta subrayó que le gustaría conocer cuál será la posición del Partido Nacional, teniendo en cuenta que "el presidente del Directorio de esa colectividad", Carlos Julio Pereyra, apoyó la campaña por el "voto verde" en el referéndum de 1989, que terminó ratificando la ley de Caducidad.

El diputado del Nuevo Espacio, Diego Cánepa, sostuvo que si el Poder Legislativo fue consultado por la Suprema Corte de Justicia "debe responder".

"Acá hay una realidad jurídica y una realidad política. Esta será una respuesta política", expresó el legislador del Nuevo Espacio.

Gustavo Penadés

Partido Nacional

"Es una situación compleja en lo político y en lo jurídico. El gobierno manejó con relativismo el estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución y la ley. No le compete al Poder Legislativo emitir juicio sobre la constitucionalidad de las leyes".

José Amorín

Partido Colorado

"La constitucionalidad de las leyes compete a la Suprema Corte y no al Parlamento. Esta ley tiene más de veinte años y nunca se planteó el tema. Se hace ahora en plena campaña electoral. Es un artilugio para meter un tema que no tiene nada que ver".

Eduardo Ríos

Frente Amplio

"No cabe duda que el Poder Legislativo nunca resuelve la constitucionalidad o no de las leyes, esa es la labor del Poder Judicial; excepto en la Ley de Caducidad. Se hizo una consulta al Poder Ejecutivo y respondió y lo mismo hará el Poder Legislativo".