Blancos investigan licitaciones de Amaral

Treinta y Tres | Marcos Rivero

La falta de respuesta del intendente Gerardo Amaral (Frente Amplio) a una serie de denuncias sobre tres licitaciones que presentaron ediles del Partido Nacional en un llamado a sala el jueves 20 de agosto, motivó que la bancada blanca solicitará a la Junta Departamental de Treinta y Tres la conformación de una comisión investigadora.

Los blancos entienden que hay elementos que dan lugar a que se siga por este camino. En aquella sesión la Junta había resuelto pedir la intervención del Tribunal de Cuentas para despejar dudas sobre las denuncias que se pusieron de manifiesto y que el intendente no contestó en ese momento.

Entienden los ediles blancos que -transcurridos más de tres meses- el jefe comunal ha incumplido el compromiso de hacerles llegar la información oficial y documentación al respecto.

La bancada convocó ayer por la mañana a una conferencia de prensa, dado que si bien el tema ingresó en el orden del día, las últimas sesiones del cuerpo han quedado sin número y los temas pendientes de consideración se han ido acumulando.

En la sesión del 20 de agosto el edil Pablo Chalar trajo a colación tres licitaciones objetadas por el Tribunal de Cuentas, aunque el pedido de integrar una investigadora apunta particularmente a dos de ellas.

Se trata de las obras de remodelación de la Casa de la Cultura, por Licitación 22/08, en la que -afirma Chalar- se han incurrido en incumplimientos hacia la empresa adjudicataria y se ha dilatado en más de un año una obra prevista inicialmente para un plazo de 65 días.

Chalar también señaló en su momento que la empresa ganadora de la licitación de la obra en el Teatro Municipal (Licitación 32/08) es representada por el marido de la directora de Urbanismo y Obras, Susana Martínez, que presentó su oferta por un precio llamativamente similar al estimado por la Intendencia. A estas situaciones se ha sumado un reclamo de parte de una empresa que trabajó en la obra de Casa de la Cultura, que alega incumplimientos de parte de la Intendencia, por los que reclama alrededor de $ 1 millón.