El Partido Nacional volvió a cargar con fuerza contra el gobierno del Frente Amplio por el tema seguridad pública. El precandidato de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, sugirió a la ministra del Interior, Daisy Tourné, que abandone la cartera responsabilizándola por la situación de "vergüenza nacional" en que se ha convertido el sistema carcelario y consideró que ella "no ha estado a la altura de las circunstancias del cargo".
Del lado de Unidad Nacional (UNA), el precandidato Luis Alberto Lacalle recordó que en marzo de 2005 junto, al diputado Jaime Trobo, le presentaron al ex ministro José Díaz un plan de construcción de cárceles por concesión de obra pública sobre el cual el gobierno nunca respondió. Por eso, Lacalle afirma ahora que "la responsabilidad total y absoluta de la situación de las cárceles es de este gobierno".
Sin embargo, difirió con Larrañaga en cuanto a pedir la renuncia de Tourné. "¿Para qué? ¿Para que digan que no? La gran crisis de seguridad que vive el país no empezó en marzo de 2005, sino que se agravó entonces, cuando se nombró a José Díaz y luego a Tourné, porque no han sido idóneos para ejercer el cargo. Tuvieron temor de ejercer la autoridad", afirmó el ex presidente (1990-1995).
"La gente pide que alguien ejerza la autoridad y yo estoy dispuesto a ejercerla", enfatizó.
TARDE. La ofensiva se amplió al ámbito legislativo cuando el senador Carlos Moreira (Alianza Nacional) recibió ayer el apoyo de su bancada para promover la convocatoria a Tourné a la comisión bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario, hecho que ocurrirá en las próximas horas.
Según Larrañaga, el gobierno tuvo "respuestas tardías" para el problema.
En marzo de 2008, Larrañaga propuso trasladar a unidades militares, como el Instituto Militar de las Armas y las Especialidades (IMAE) del Ejército, ubicado en Punta de Rieles, a presos primarios y de buena conducta, para descomprimir la situación carcelaria.
La Rendición de Cuentas aprobada en octubre pasado facultó al Ministerio de Defensa a transferir en carácter de comodato al Ministerio del Interior inmuebles para ser destinados a la Dirección Nacional de Cárceles. Pero esta norma nunca se puso en práctica.