Blanco y Bordaberry ante la Justicia

Esta semana declararán el ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco, que serán interrogados por el asesinato en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Williams Whitelaw, ocurrido en 1976. La fiscal Mirtha Guianze pidió que ambos sean procesados como coautores responsables de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado.

El juez penal Roberto Timbal los citó personalmente por teléfono para evitar que la noticia trascienda, y ni siquiera comunicó el día y la hora a los funcionarios de la oficina.

Los abogados Carlos Curbelo Tammaro y Gastón Cháves, abogados de Blanco y Bordaberry, respectivamente, deberán hacer la defensa tras haber estudiado los argumentos por los cuales la fiscal pidió el procesamiento.

Luego el juez estudiará los argumentos de los defensores y resolverá si hace lugar o no al pedido de procesamiento.

En el dictamen fiscal, Guianze mencionó que el reporte de Harry Shlaudeman al Departamento de Estado, del 3 de agosto de 1976, afirma que "los régimenes militares de América Latina coordinan sus actividades de inteligencia muy cercanamente, operan en el territorio de los países de sus vecinos persiguiendo subversivos y han establecido la Operación Cóndor para encontrar y matar a todos los terroristas del Comité de Coordinación Revolucionaria. Brasil está cooperando excepto en las operaciones de asesinato".

También citó la fiscal un fragmento del documento en el que se afirma que el ministro del Exterior uruguayo Blanco "fue el primero es describir la campaña en contra del terrorismo como una tercera guerra mundial".

La fiscal afirmó que se ordenó la cancelación de los pasaportes de Michelini, Guitérrez Ruiz y Ferreira y el Ministerio de Relaciones Exteriores pide que esa información sea transmitida a la Policía Federal, a la Dirección de Migración y a los distintos Consulados de Argentina. Agregó que se encontró en ese Ministerio documentación que da cuenta de la vigilancia que se ejercía sobre Michelini.

Guianze consideró que por los cargos que ocupaban, "no pudieron desconocer lo que estaba sucediendo en el país, qué tipo de violaciones a los derechos humanos se estaban perpetrando, y por supuesto el alcance y envergadura del Plan Cóndor".