Berríos: uruguayo habría participado en el homicidio

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Un militar chileno aseguró ante la Justicia de ese país que uno de los disparos que terminó con la vida de Eugenio Berríos, fue efectuado por un oficial uruguayo, pero no lo identificó. La familia Berríos afirma que las "sospechas" apuntan a los oficiales uruguayos extraditados.

El testimonio prestado por el coronel (r) Mario Cisternas ante el juez chileno Alejandro Madrid, reaviva la incógnita sobre la participación de oficiales uruguayos en el asesinato de Berríos, registrado a fines de 1992, aunque su cadáver fue hallado recién a principios de 1995, en una playa de El Pinar.

Berríos había sido trasladado a Uruguay por orden de Augusto Pinochet, para evitar que declarara en su país en el marco de la causa que indagaba la muerte del ex canciller Orlando Letelier, ocurrida en Estados Unidos en 1976. El químico integraba la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y se estima que fue el creador del letal gas sarín.

Si bien la responsabilidad de uruguayos en la muerte del químico se indagó con insistencia, en Uruguay nunca se pudo comprobar, por lo que el caso fue archivado en forma definitiva en 2004.

Cisternas, al declarar recientemente ante el juez Madrid, afirmó que los responsables del asesinato de Berríos fueron dos personas: el militar chileno Arturo Silva y un oficial uruguayo, aunque no aportó ningún nombre. Hasta ahora, el único acusado por la muerte es Silva, quien ya estuvo en prisión por ese hecho, y actualmente se encuentra en libertad provisional.

"Los últimos días de noviembre de 1992, arrodillado y atado por los brazos, al químico lo obligaron a bajar la cabeza. Arturo Silva le dio el primer tiro. El otro lo disparó uno de los tres militares uruguayos bajo arraigo en Chile", señaló un informe del periodista Jorge Escalante, publicado ayer en el diario chileno La Nación, elaborado en base a la declaración de Cisternas.

El abogado de la familia Berríos, Tomás Ehrenfeld, dijo ayer a El País que la declaración de Cisternas es relevante porque confirma la responsabilidad de Silva. Destacó que de ese testimonio "la novedad" es que el militar chileno "se encontraba acompañado" por oficiales uruguayos al momento de ejecutar al químico.

SIN NOMBRES. Según La Nación, el militar uruguayo que se encontraba con Silva era uno de los tres oficiales extraditados a Chile en abril de 2006. Tanto Tomás Casella, Eduardo Radaelli como Wellington Sarli, se encuentran en Santiago donde están siendo juzgados, aunque no por el homicidio sino por su participación durante el secuestro de Berríos en Uruguay.

"No está identificados. (Cisternas) solamente habló de militares uruguayos pero no dio nombres", dijo Ehrenfeld. De todos modos, señaló que "obviamente las sospechas apuntan a los militares uruguayos que custodiaban a Berríos en Uruguay", afirmó el abogado, quien se mostró confiado en que el juez Madrid emita en el corto plazo la sentencia de primera instancia en relación al caso del agente de la DINA.

Por su parte, el abogado José Hinzpeter, defensor de los militares uruguayos extraditados a Chile, expresó que a lo largo de todo el expediente "ninguno de ellos es mencionado como que hayan efectuado ningún tipo de disparo. Ellos no están encausados por la muerte de Berríos, sino por asociación ilícita y secuestro".

Hizpeter dijo que en su declaración ante la Justicia Cisternas "no dio nombres" de militares uruguayos. "En el expedientes no figuran nombres, salvo en términos generales en que se habla de la participación de un uruguayo", insistió Hinzpeter al ser consultado ayer telefónicamente por El País.

CONDENAS. En octubre de 2008, la Fiscalía pidió al magistrado Madrid que Casella, Radaelli y Sarli sean condenados a 25 años de prisión por el delito de "asociación ilícita", el único ilícito por el que la Justicia uruguaya habilitó su extradición a Chile para que sean juzgados en ese país.

El juez Madrid también deberá resolver sobre la solicitud de sentencia de varios ex militares chilenos, entre ellos los ex jefes de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Hernán Ramírez y Eugenio Covarrubias, para quienes se reclamó 40 años de prisión.

Sin embargo, cuando el juez Madrid emita su sentencia, se tratará de la resolución de primera instancia, que podrá ser apelada tanto por los inculpados como por los denunciantes ante un Tribunal de Apelaciones y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Chile, por lo que el proceso puede demandar otros tres años hasta tanto la sentencia sea considerada definitiva, explicó Ehrenfeld

El abogado José Hinzpeter, defensor de Casella, Radaelli y Sarli, dijo que en los próximos días evaluará con sus clientes la posibilidad de volver a pedir autorización para que puedan cumplir la eventual condena en Uruguay. Esa opción les fue denegada en dos ocasiones por el juez Alejandro Madrid. Sin embargo, Hinzpeter destacó que recientemente Uruguay firmó un convenio regional de la OEA que permite que personas penadas en el exterior puedan cumplir la sanción en su país de origen. La carencia de un acuerdo de ese tipo había sido alegado en su momento por el juez.