Batlle: "Caso Gelman está comprendido en la Ley de Caducidad"

El presidente Jorge Batlle manifestó hoy que el caso de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman y asesinada en 1976, entra en las contemplaciones de la Ley de Caducidad y así lo remitirá a la Justicia.

De cualquier manera, el presidente sustuvo que el Poder Ejecutivo seguirá investigando las circunstancias del asesinato para poder dar con el destino de los restos de la desaparecida y así cumplir con el compromiso asumido ante el gobierno argentino, que ha declarado el "caso Gelman" como asunto de Estado.

A mediados de octubre, el juez penal Gustavo Mirabal transfirió al Poder Ejecutivo la decisión de investigar las circunstancias del asesinato y además, para que resuelva si ese hecho estaba o no comprendido en la ley de caducidad.

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos estimó en su momento que el caso estaba por fuera de la Ley de Caducidad puesto que María Claudia García fue secuestrada "no por razones políticas, sino para quitarle su hijo" y en que su secuestro "se trató de una acción ni siquiera reconocida por las autoridades militares", dijo el integrante de la Asociación, Luz Ibarburu.

Hace unos días, el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, visitó Uruguay y a propósito del caso dijo que confiaba en la ayuda del gobierno uruguayo.

María Claudia García fue secuestrada embarazada en Buenos Aires en 1976 y trasladada ese mismo día a Montevideo, donde dio a luz y luego fue asesinada, según las investigaciones de la Comisión Para la Paz. Su hija fue dada a una familia uruguaya y ya se conoce su verdadera identidad aunque su nombre permanece en el anonimato.

Sobre los restos de María Claudia se manejan dos hipótesis. Algunos sostienen que sus restos mortales fueron enterrados en Uruguay y otros que el cuerpo fue trasladado a Argentina.

Duhalde, en su visita a Montevideo, dijo que el caso es "complejo y atípico". Atípico porque la joven, por entonces de 19 años, "no tenía militancia política" y complejo porque "no forma parte de los cánones operativos de los gobiernos militares de la época, y obliga a transitar caminos no trillados", agregó.

La Ley de Caducidad, aprobada a mediados de los ´80, exonera de penas a los responsables de delitos políticos durante la dictadura y su guerrilla previa. La norma establace que será el Poder Ejecutivo el órgano encargado de investigar el destino de los restos de los desaparecidos, protegiendo a la vez la identidad de los ejecutores de los delitos.