Auditoría en el Estado detectó ilegalidades y abusos

Al cabo de meses de investigación en las dependencias estatales, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) encontró abusos, falta de transparencia en procedimientos administrativos, incumplimiento de normas legales y del Tocaf, evasión de aportes a la seguridad social, tratamiento desigual de funcionarios e irregularidades varias, conformando un panorama desalentador en el funcionamiento de la estructura del Estado. En el informe que la AIN preparó en dos etapas sucesivas, una al cierre del ejercicio de la anterior administración y la otra al comienzo de la actual, sin embargo, no se halló ninguna situación que diera lugar a su envío a la Justicia.

En lo que respecta a la Presidencia, el informe indica que sobre la telefonía celular se constaron "consumos elevados", autorizaciones "indebidas" para su uso e inexistencia de procedimientos adecuados de solicitud y autorización del uso de los teléfonos. También, del estudio del sistema de compras se concluyó que la demora en la adjudicación de las licitaciones públicas y abreviadas, "trae aparejado que se deba recurrir al procedimiento de contratación directa".

En el capítulo referido al ministerio del Interior, se pidió "evitar el pago de viáticos internos como compensación por horas extras de labor" porque mediante ese sistema no se hacen los aportes a la seguridad social y tampoco se hace un "tratamiento equitativo con todos los funcionarios ante igualdad de situaciones", dijo el informe.

Al Ministerio del Interior también se le observó el sistema de compras en ferretería, sanitaria, pinturería y materiales de construcción, porque "se realiza siempre a las mismas tres firmas, cursando pedidos de precios únicamente a las mencionadas empresas". Por ello, la AIN recomendó ampliar el espectro a "otras firmas de plaza" para tener nuevas opciones para "eventualmente mejorar los precios y dotar al procedimiento de mayor transparencia".

Acerca del Ministerio de Turismo y Deporte, se comprobó que "la mayoría" de las garantías de operadores turísticos con que se cuenta "están vencidas". Se recomendó la realización de arqueos periódicos y sorpresivos a la Tesorería.

También se informó que no hay "coordinación alguna" con la Dirección General Impositiva (DGI) que permita cruzar datos para verificar la información presentada por empresas transportistas fluviales ante la cartera.

A su vez, la actividad de la Dirección Nacional de Deporte mereció una serie de objeciones por parte de la Auditoría. Por ejemplo, se constató que se expiden gratis certificados de aptitud médica deportiva a personas que no están comprendidas en las exoneraciones establecidas por ley, recomendándose que se cumpla "estrictamente" con la reglamentación vigente. En relación al porcentaje retenido por la venta de entradas a veladas de boxeo, la AIN dijo que no se le proporcionó la normativa legal que sustenta dicha recaudación.

Tampoco se ha hecho rendición de partidas entregadas a distintas instituciones por concepto de contribuciones, como es el caso de U$S 25.000 otorgados en el año 2000 a la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte. Se objetan los criterios con los cuales se hicieron estas contribuciones.

En el Ministerio de Educación y Cultura, la AIN encontró que por ejemplo, a la Biblioteca Nacional se le recomienda poner al día las rendiciones de fondos otorgados por la cartera, dado que desde 2002 no se hace. También se habla de vigilancia inadecuada, la que redundó en libros desaparecidos, mutilados y sustituidos por otros, y obras muy valiosas como robo de fichas de catálogos de consulta. Se descubrió que desde las décadas de 1980 y 1990 se han prestado obras a 42 funcionarios que ya no pertenecen a la institución.