ASSE prohibió a médicos brindar datos sobre abortos

1/2:  20130114 316x185 ()

2/2:  20130114 800x525 ()

Los jerarcas del MSP no harán más declaraciones sobre el aborto para cortar la polémica con los ginecólogos. Además, por decreto ASSE prohibió a médicos del Pereira Rossell informar sobre consultas.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvieron ayer no brindar más entrevistas acerca de la implementación de la ley de aborto para poner punto final a la controversia con los ginecólogos, informaron a El País fuentes de la cartera. Jerarcas vinculadas al tema consultadas ayer por El País indicaron que ya no podían hacer declaraciones públicas por orden del MSP.

En tanto, la dirección del Hospital Pereira Rossell informó a su cuerpo médico que recibió un decreto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el que se prohíbe a los ginecólogos informar sobre el número de consultas y la cantidad de abortos realizados en el hospital.

El decreto indica que "los números oficiales de ASSE solo los puede brindar ASSE", contaron a El País fuentes médicas. La directora técnica del organismo, Alicia Ferreira, había señalado el viernes 11 a El País que el único autorizado a brindar la información era el Ministerio de Salud Pública.

"La cifra oficial es la que tiene el Ministerio de Salud y son ellos los que lo divulgan. La información oficial está protocolizada por el MSP y son ellos los que la manejan; no las instituciones prestadoras", explicó la directora técnica.

Por otra parte, la dirección del Pereira Rossell analizará junto a la clínica C, que encabeza el catedrático Justo Alonso, la forma por la cual se atenderán a las pacientes del servicio debido a que casi el 80% de los médicos presentó objeción de conciencia para no practicar abortos.

La clínica A, de la cual es titular el subsecretario de Salud Leonel Briozzo, tiene un porcentaje mucho menor de objeciones de conciencia. Por lo tanto se podría ver recargado de trabajo por el alto número de ginecólogos que se niegan a practicar abortos dentro de la clínica C, dijeron las fuentes.

Para evitar inconvenientes a pacientes que estén próximas a las 12 semanas de gestación (fecha límite que marca la ley para interrumpir el embarazo) la dirección del Pereira resolvió que cada clínica se haga responsables por sus pacientes. La idea es hacer un seguimiento del proceso y evitar demoras en las consultas de mujeres con edad gestacional cercana a las 12 semanas. Estas precauciones se tomaron luego de que una paciente de Las Piedras anunciara el inicio de una demanda penal contra el MSP por mala praxis, debido a que el misoprostol le falló en dos oportunidades y no pudo realizarse el aborto por estar fuera de plazo.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo a El País que "en el caso de que exista un procedimiento en curso, iniciado dentro del plazo legal, se debe completar aunque trascienda las 12 semanas, porque como cualquier procedimiento puede haber una reticencia a fármacos". "Hay que completarlo, así exceda las 12 semanas, porque la edad gestacional no es tan precisa", remarcó.

Para la presidenta del FA, las respuestas del sistema deben ser "inmediatas" para asegurar el derecho de las mujeres. Xavier pidió "firmeza" al MSP para aplicar la ley y señaló que algunos profesionales exceden la objeción de conciencia, por lo que apoya la justificación por escrito de las objeciones.

El diputado Álvaro Vega (MPP) dijo a El País que a las pacientes "no se las puede someter al escarnio de meterlas en un ómnibus y mandarlas para Paysandú", en referencia al 100% de objeciones de conciencia que presentaron los ginecólogos en Salto y a la decisión del Ministerio de Salud Pública de trasladarlas a departamentos vecinos para atenderlas.

El diputado dijo que los médicos "tienen que tener la audacia suficiente" para atender a las mujeres antes del plazo de 12 semanas que permite la ley para realizar abortos.

"Hay veces en las que se deben saltear los cinco días de reflexión. Cuando hay una ley que despenaliza el aborto, aunque no se cumplan todos los requisitos, difícilmente haya un juez dispuesto a mandarte preso si no se respetan los cinco días", explicó Vega.

El plazo de cinco días fue introducido al proyecto de ley que despenaliza el aborto por el diputado Iván Posada (Partido Independiente) y fue propuesto con el fin de que la mujer recibiera otras alternativas al aborto.

El Frente Amplio acordó este planteo para aprobar la ley, pero el Movimiento de Participación Popular (MPP) ya resolvió volver al texto original de la iniciativa.