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La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal da a conocer a la opinión pública una síntesis de una nota realizada por un grupo de Asociados del Departamento de Montevideo

Como es de público conocimiento, hace diez meses se implementó por parte de nuestra Jerarquía el nuevo Código del Proceso Penal. Reforma que revirtió completamente el régimen que hasta el momento en la materia imperaba, colocando a cargo de los Fiscales la investigación penal. Si bien se ha recepcionado por parte de la jerarquía ajustes a solicitudes de la Asociación, los mismos fueron paliativos y coyunturales, más no estructurales.

A partir del 1 de noviembre de 2017, el incremento de tareas que recayó en los Fiscales se multiplicó exponencialmente, debiendo sumarle a ello el aumento de trabajo por lo que es de público conocimiento: el incremento de delitos reflejados en las estadísticas oficiales y que ahora llega el 100% de las denuncias por hechos con apariencia delictiva, a las bandejas de las fiscalías de todo el país.

Por lo tanto, el referido cambio en los cimientos del sistema penal, debió y debe, haberse acompañado con:

• Aumento suficiente del número de Fiscales y de Fiscalías;

• La creación de varios cargos de fiscales suplentes,

• La capacidad edilicia se ha visto desbordada, hay insuficiencia de espacio locativo en los boxes para tomar declaraciones a testigos, denunciantes, e indagados.

• Enormes dificultades para que se cumpla con el traslado en tiempo de los imputados hacia la opec , lo que acarrea demora en comienzo de audiencias, realizar continuas llamadas advirtiendo que aún no fue trasladada la persona, advertencia de los jueces que comenzarán a dejar dicha constancia en la propia acta de la audiencia;

• La rotación de los equipos fiscales, debe ser una medida extrema y que no amerite otra solución, ya que ello conlleva inestabilidad en el ambiente de trabajo.

Si bien se ha apostado al diálogo que la Fiscalía General públicamente dijo que habría, sin embargo, el mismo no ha dado los resultados esperados y necesarios para la excelencia del servicio.

Porque sabemos que detrás de cada denuncia, de cada expediente hay un ciudadano al que le debemos atención y repuesta es que hemos seguido trabajando en silencio y siendo proactivos, aunque como trabajadores también tenemos el derecho constitucional a plantear nuestras reivindicaciones.

* Comunicado de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal