Aporte para el sistema de salud sería entre 6% y 8%

En el nuevo sistema de salud planeado por el gobierno, los usuarios podrán afiliarse a las instituciones sin las actuales trabas de edad o estado de salud, cambiar de mutualista pasados tres años y acceder a los balances.

Estos puntos aparecen en el borrador del proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) que está siendo confeccionado por representantes del gobierno y la bancada de senadores del Frente Amplio.

En un texto fechado al 6 de noviembre, al que accedió El País, también se revelan datos sobre el financiamiento del futuro seguro asistencial. Así, se establece que los uruguayos que no tengan cobertura de seguridad social (es decir, no sean trabajadores públicos o privados, familiares de los mismos o jubilados), deberán aportar mediante el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

Se trata de unos 300 mil uruguayos que -según el borrador- deberán aportar entre un 6% a un 8% de sus ingresos. Aquellos que ganen menos de $ 44.460 pagarán un 6%, y los que superen esa cifra, abonarán un 8%. Con ese aporte, que sustituirá el actual pago de las cuotas mutuales, los contribuyentes cubrirían sin costo la atención de los hijos menores de 18 años del núcleo familiar.

Sería una alicuota al del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas. En el proyecto también se confirma la voluntad del Ejecutivo de ampliar la cobertura de la ex Disse a familiares de los empleados públicos y privados (con un aporte obrero que subiría al 6% y uno empresarial que se mantendría en el 5%).

Todos estos aportes conformarán el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la gran "bolsa" financiadora del seguro nacional, que concentrará todo el dinero público y privado destinado a la asistencia. Se estima que el Fonasa, que estará en la órbita del Banco de Previsión Social (BPS), administrará unos U$S 1.000 millones.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, aseguró que el proyecto entrará al Parlamento antes de fin de año. Frente a una delegación del Pit-Cnt el jueves, admitió que el tratamiento de la legislación clave para la reforma de la salud venía demorado, por lo cual no descartó reunirse con la bancada oficialista.

REQUISITOS. En la propuesta, de 58 artículos, se crea una Junta Nacional de Salud que controlará el nuevo sistema y que estará integrada por representantes de distintos ministerios, las mutualistas, los trabajadores y los usuarios.

Para integrarse al SNIS, las instituciones públicas y privadas deberán contar con "órganos representativos de sus trabajadores y usuarios", y estarán obligadas a proporcionar detalles sobre usuarios, personal, funcionamiento, estado financiero y tecnología. En caso de que las instituciones incumplan estas obligaciones, la Junta estará en condiciones de "suspender total o parcialmente el reembolso de las cuotas de salud que les pudieren corresponder".

OBLIGACIONES. En la propuesta se fijan una serie de deberes para las instituciones prestadoras de servicios de salud.

Por ejemplo, tendrán "prohibido" realizar afiliaciones vitalicias y se les limitará la "publicidad" que puedan realizar a la difusión de "mensajes de promoción de salud". También se fijan incompatibilidades: los gerentes y directores de los servicios no podrán ser además proveedores de las mismas. Para poder "contratar entre sí", las instituciones no podrán contar con "deudas atrasadas", las cuales deberán ser refinanciadas.

DERECHOS. La propuesta redactada por el oficialismo determina una serie de derechos para los beneficiarios del SNIS. Las prestadoras de servicios "no podrán rechazar ni limitar prestaciones a ningún beneficiario", algo que actualmente se puede hacer por edad o estado de salud de las personas.

También determina que la inamovilidad a la que está sometido el usuario de una institución será por tres años, algo que por ahora no tiene fecha fija. Los beneficiarios podrán reclamar conocer los "resultados asistenciales y económico financieros de la institución".

La Junta Nacional de Salud será la encargada de recibir "quejas y denuncias" de los usuarios, y deberá promover mecanismos de "conciliación".

El gobierno pretende asegurar el acceso de todos los habitantes a la asistencia integral, mediante un Sistema Nacional Integrado de Salud, que articule a los prestadores públicos y privados.

Para financiarlo se promueve un aporte de acuerdo a un porcentaje de los ingresos. La gran mayoría de la población tendría cobertura a través de la seguridad social (trabajadores, sus familiares y jubilados) o el Estado (indigentes).

El resto de los uruguayos pasaría a aportar entre un 6% y un 8% de los ingresos declarados para el cálculo del IRPF.