Año de amanazas, censura y agresiones a periodistas

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) difundió ayer su informe del año 2003 sobre el estado de la libertad de prensa en Uruguay y sostuvo que la situación actual determina "el peor escenario" para las elecciones nacionales de este año.

Manuel Méndez, presidente de la asociación, aseguró que "ha habido amenazas de muerte, presiones, agresiones, censura y también autocensura", por lo que el panorama "no es el mejor para el ejercicio de la profesión".

De hecho, Méndez anunció que APU gestionará reuniones con los principales líderes políticos para los meses de marzo o abril, con el objetivo de "ponerlos al tanto de esta situación y exigir las condiciones necesarias para que los colegas puedan realizar las tareas, incluso en la propia campaña electoral".

La asociación reconoce, sin embargo, que el año pasado fue más positivo que el 2002 en cuanto a la pérdida de fuentes laborales. "El año 2002 fue el de mayor crisis, mientras que en el 2003 hubo hechos puntuales", declaró Méndez. Advirtió, igualmente, que se mantuvieron las prácticas de rebaja salarial.

El informe asegura que la prensa se mantiene "en estado de emergencia nacional". Además, destaca el atentado al periodista deportivo Ricardo Gabito, "con fines intimidatorios".

En cuanto a la represión sindical, Méndez afirmó que el hecho más "notorio" fue el conflicto del diario La República, donde fueran despedidos ocho trabajadores, seis de los cuales son dirigentes sindicales. Además, APU mantiene su oposición a la distribución monopólica de publicaciones por considerar que afecta a la libertad de prensa.

RECLAMOS. APU le pide al gobierno que impulse la derogación de la figura penal de "desacato", por entender que privilegia el honor de los funcionarios públicos sobre el derecho a informar y opinar sobre las actividades de gobierno.

También solicita la destitución del fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez "por cursar a los fiscales un instructivo con elementos claramente restrictivos de la libertad de información".

APU dice que la facultad de otorgar frecuencias de radio y televisión debe pasar a la Unidad Reguladora de los Servicios de las Comunicaciones (Ursec).

Reclama al Parlamento la modificación del capítulo que regula los delitos de comunicación en la Ley de Prensa y en el Código Penal.

POLICIA. Un capítulo "muy especial", según Méndez, se refiere al Ministerio del Interior, "que ha tenido responsabilidad en varios hechos denunciados por APU".

El presidente de la asociación comentó que "aún no se esclareció el atentado a la vida de Gabito, en un hecho que debe ser aclarado por el bien de la sociedad y de los periodistas".

APU denuncia, además, la utilización de coraceros en el diario La República durante el conflicto y cuando éste se levantó. También denuncia la agresión al corresponsal de El País en Salto, Luis Pérez, que fue atacado por tres policías mientras desempeñaba su labor profesional.