Analizan cambios a la nueva ley de juicios laborales

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La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados inició un proceso que permita "corregir" las inconstitucionalidades existentes en la Ley de Abreviación de los juicios laborales.

Legisladores, abogados, jueces, empresarios y trabajadores comenzaron una serie de encuentros con el objetivo subsanar los cuestionamientos realizados a la normativa por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que la declaró inconstitucional en dos de sus aspectos.

Si bien la ley ya había sido objeto de diversas críticas de parte de abogados especialistas en Derecho Procesal, los cuestionamientos surgieron con mayor fuerza cuando, a fines de junio, la Corporación estableció que la normativa es inconstitucional en cuanto a la obligatoriedad de depositar el 50% de la condena en casos en los que el reclamo supere los $ 80 mil.

El nuevo sistema procesal estableció un esquema de plazos mucho más acotados en el marco de un régimen excepcional para la Justicia Laboral, que antes se regía por el Código General del Proceso.

Propuestas. El criterio adoptado por la Corporación hizo que la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados decidiera iniciar una ronda de consultas con miras a modificar los aspectos considerados inconstitucionales por la SCJ.

En ese contexto, ayer el grupo legislativo recibió a representantes de la SCJ, del Colegio de Abogados, del Instituto de Derecho Procesal, del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de las asociaciones de Magistrados y de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Todos hicieron sus comentarios respecto a qué se debe cambiar en el cuestionado modelo procesal.

"Hay consideraciones distintas de parte de las delegaciones que recibimos hoy (por ayer), pero lo importante es escuchar la visión de todos los actores", dijo a El País el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Luis Puig (PVP).

El presidente de la SCJ, Jorge Chediak, y el ministro Leslie Van Rompaey plantearon que la mejor alternativa sería reflotar un proyecto presentado en 2009 por la Corporación y que establecía un proyecto autónomo para la Justicia Laboral.

Sin embargo, el Parlamento aprobó otra iniciativa impulsada por un grupo de técnicos y el Ministerio de Trabajo que tiene varias diferencias con el que propuso el máximo órgano del Poder Judicial.

En líneas generales, el Colegio de Abogados y el Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República entienden que sería adecuado volver a analizar la propuesta realizada en su momento por la SCJ, dijo el abogado Santiago Pereira Campos, especialista en Derecho Procesal, quien concurrió a la reunión de ayer en representación del Colegio de Abogados.