Agilitarán solución para baldíos

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ALEJANDRO MENDIETA

Reducir plazos legales para obtener autorización e ingresar a un baldío privado con basura, presencia de ratas o ambos, es una prioridad para la Intendencia Municipal de Montevideo, que afina los detalles de una normativa que se lo permita.

La IMM detectó que es demasiado largo el tiempo que transcurre entre que se detecta una situación de irregularidad en un terreno, hasta que la Justicia les habilita el ingreso y la posterior limpieza.

"El trámite puede demorar hasta seis meses. El Departamento de Jurídica está buscando un mecanismo que permita actuar con más agilidad en un predio que es privado y está causando una problemática con los vecinos", explicó a El País el director del Departamento de Limpieza y Desarrollo Ambiental, Néstor Campal.

Todo ingreso a un predio privado debe ser con autorización judicial. Pero el mecanismo que se estudia apunta a reducir notoriamente los pasos y plazos legales para la intervención. En particular, en aquellos terrenos que son peligrosamente insalubres.

"Ese es un problema que nos viene aquejando desde hace tiempo y sobre el cual los vecinos reclaman. Y con razón", agregó Campal. La Intendencia no tiene las herramientas para revertir la situación con rapidez. Y es eso lo que las autoridades están buscando.

INSALUBRIDAD. Un caso urgente es cuando el terreno, por sus condiciones, amenaza la salud de la sociedad; tanto por la existencia de un basural como por la presencia de ratas.

En este caso es donde la IMM actúa con mayor rapidez, ya que el riesgo para la salud está por encima de cualquier otro interés público.

El procedimiento es elaborar un acta y sacar fotos para presentar la información ante un juez. "Siempre se consulta con la Justicia, y la declaración de insalubridad es suficiente para que podamos actuar", informó.

El mérito, según Campal, de poder reducir aún más los plazos legales en casos de urgencia (más rápidos que los trámites normales, pero no lo suficiente) es de la División de Salud, que debe enfrentar los casos más complejos.

Y no son sólo las ratas y la basura, los vectores que representan problemas. Cuando el predio tiene maleza alta es otro motivo de conflicto.

El jerarca municipal dijo que muchos vecinos levantan quejas porque en esos lugares -y particularmente en horas de la noche- ingresan personas para utilizarlos como albergues transitorios. "Y también hay problemas respecto a la seguridad", afirmó Campal.

Así que los problemas no son exclusivamente sanitarios sino que implican carencias en la seguridad y calidad de vida de los vecinos. Lo primero que la IMM hace cuando un terreno está violando la norma es identificar al propietario y darle un plazo de 10 días para que solucione la situación.

Pero ya en esta etapa el municipio enfrenta una gran dificultad: definir quién es el propietario del predio. "Esto ocurre porque son terrenos abandonados, están en largas sucesiones o tienen dificultades legales respecto a la inscripción".

Cuando el dueño sí está identificado debe cumplir dos obligaciones. Una es limpiarlo, porque está afectando la calidad de vida de sus vecinos.

Lo segundo es dejarlo en condiciones para que la situación no se repita. Para eso debe colocar vallas o un muro adecuado. "Cada persona es responsable de algo de su propiedad", puntualizó Campal.

Si el dueño no cumple la orden, la IMM entra al terreno y lo deja en condiciones.

COSTOS. Los gastos que la administración tiene por limpiar un terreno son elevados. El operativo implica usar máquinas que no fueron compradas para esa tarea, sino para limpiar terrenos públicos, además de combustible y personal.

El valor final puede oscilar entre US$ 2.000 y US$ 20.000 dependiendo del tamaño del predio, afirmó Campal.

Claro que todo este dinero no es derivado a la ciudadanía en sus impuestos, sino que se le incluye al propietario en su Contribución Inmobiliaria.

El director municipal contó que han tenido que limpiar terrenos de donde sacaron entre 50 y 60 camiones cargados de basura, con dos máquinas trabajando durante varios días en turnos de ocho horas. "Significa un gasto muy grande para el municipio", expresó.

Campal explicó que todos estos procedimientos se aplican ya por parte de la comuna. "La reglamentación siempre estuvo, pero no es lo ágil que requiere la acción. Ese es el punto central del problema".

La alternativa que busca la comuna son caminos que permitan continuar por la vía legal, pero con una eficacia que hasta ahora no existe. Y con un marco legal bien definido por el cual los funcionarios municipales puedan ingresar al predio.

Las tareas no se coordinan con otros entes estatales como el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud Pública. Y según Campal esto no es necesario.

"Sí trabajamos en gran coordinación con los Centros Comunales Zonales, que a veces tienen vías indirectas y más rápidas de identificar el dueño del predio. Nosotros tenemos que recurrir a la Dirección de Catastro y no siempre tienen actualizada la información", indicó el director municipal.

20.000 Es el máximo que puede costar, en dólares, la limpieza de un terreno en condiciones insalubres, dependiendo de su tamaño.

60 Camiones de basura ha llegado a sacar la Intendencia de Montevideo tras la limpieza de un predio que no cumple con las normas.

En la calle Juan Antonio Rodríguez, entre los números 1420 y 1430 hay un terreno baldío que, desde hace muchos años, genera problemas y preocupaciones a varios vecinos.

El terreno está ocupado por cuatro personas, lideradas por un hombre al que llaman "El Brasilero", según comentaron a El País varios vecinos de la cuadra. Además de la ocupación se generó un basural y es común ver ratas corriendo entre la basura o encontrarse con roedores cuando uno deja los residuos en el contenedor frente al predio, situación que pudo ser experimentada por este periodista.

En al menos dos ocasiones aparecieron ratas muertas en la calle. Además, los ocupantes pasan gran parte del día en estado de ebriedad y los fines de semana son "particularmente complicados por los líos que generan", dijo el vecino Julio Pereyra, quien presentó una denuncia ante el Centro Comunal Zonal.

También hay denuncias en la seccional 5ª por disturbios nocturnos. Aunque la Policía ha actuado frente a estos reclamos, no pueden sacar a los ocupantes sin una orden judicial.

Pereyra afirmó que ha visto a los ocupantes hacer sus necesidades en la calle, lo cual fue confirmado por otros vecinos que pidieron no revelar sus nombres por miedo a represalias de los indigentes. "Ellos tienen todo el tiempo del mundo pero nosotros tenemos que vivir aquí", dijo uno de ellos. Los vecinos también denuncian que por esa cuadra (entre las calles Guayabo y Rodó) no pasan cuadrillas de limpieza "porque dicen que los pichis enseguida ensucian todo".

Pero lo que más indigna a quienes viven en esa cuadra es que el terreno queda a una cuadra del Ministerio de Salud Pública y que muchas de las personas que trabajan allí estacionan sus autos en ese lugar, por lo cual, aseguran "conocen del tema".

El año pasado, estos indigentes se quedaban en un descanso cercano al edificio estatal, pero se colocó una reja que les impidió el paso. No se fueron, sólo se mudaron media cuadra.

Cuando el dueño del terreno está identificado, los miles de dólares que cuesta el arreglo del predio saldrán de su bolsillo.

Pero si brilla por su ausencia, serán todos los vecinos quienes, con sus impuestos, tendrán que abonar la limpieza de algo que no es de su propiedad y tampoco del Estado. "No hay a quién pasarle la factura. Y eso es porque a veces el dueño existe pero abandonó el predio desde el punto de vista legal", dijo el director municipal Néstor Campal.

Con el tiempo se genera una deuda que supera el valor original del terreno. Rematarlo no sirve. Quien lo compre asume la deuda y "¿quién va a comprar un terreno cuyo valor es menor que la deuda?", se preguntó Campal.

El jerarca municipal aseguró que es una situación que se repite en varios puntos de la ciudad y es una de las más complicadas.

Para poder expropiarlo se debe generar un trámite que demora años, no siempre es redituable y a través de una Justicia que "tarda, pero llega, pero tarda", según la descripción de Campal.

Un terreno ocupado por personas en forma ilegal pasa a ser un "hogar", según explicó una fuente de la IMM. Y esa definición no distingue la precariedad de la instalación: puede ser una carpa, una casa en ruinas, o cuatro chapas y algunas maderas. Sólo pueden ser removidos bajo orden judicial de allanamiento.

El procedimiento para estos casos cambia y es complicado. Se repiten algunas dificultades, por ejemplo, algunas veces da trabajo identificar al propietario del terreno.

Además es necesario establecer si el predio es público con ocupación ilegal, privado con ocupación ilegal o privado con ocupación legal. Para cada uno de estos casos se debe hacer un estudio específico.

Además, el ocupante genera derechos por el simple hecho de ocupar.

"Yo no le puedo decir a un funcionario que entre a ese terreno, porque la reacción de la persona que está adentro, aunque represente un riesgo para su salud o la de ambos, está justificada", dijo Campal.

Sin embargo, afirmó que no son estos casos los que generan mayores dolores de cabeza a la Intendencia, sino los que están vacíos.